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Opinión

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La Nueva Mayoría y el ciudadano Burgos

por 7 abril 2014

Existe una insospechada arrogancia de parte de nuestra la elite política en sugerir que el orden social es patrimonio de quienes ostentan las llaves de la administración del Estado, de quienes de cuando en vez sentencian la inmadurez de ciertas reivindicaciones del movimiento social.

En el prólogo a La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado (FLACSO, 1984), Norbert Lechner dialogaba con Moulian sobre la necesidad de “…valorar los procedimientos de la democracia”. Este trabajo de modo muy especial representará posteriormente el faro de la renovación socialista. De aquí en más la “interacción” entre consensos y disensos, o bien, la pluralidad irreductible de las posiciones políticas, serán concebidas dentro de la revalorización de la institucionalidad democrática. Todo ello tiene sus letras de nobleza a comienzos de la década del 80. Por aquellos días aciagos Lechner subrayaba el “complejo” tránsito de la revolución a la democracia. A la sazón y a través de este mismo expediente, la renovación socialista –iniciada por Arrate y el propio Carlos Altamirano– quedaba consumada dando lugar a un inédito entrecruzamiento entre campo académico y esfera política. Nombres de la talla de Ricardo Núñez, Manuel Antonio Garretón, Ricardo Lagos, Sergio Bitar y a último minuto el Almeydismo, confluían en un pacto por la convergencia que ulteriormente daría lugar a la coalición del arcoíris.

Sin perjuicio de la necesaria restauración de un horizonte democrático, también se hacía presente una inquebrantable valoración de la estabilidad social. De este modo, un conjunto de “transitólogos” trazaban el itinerario político que articulaba democracia y socialismo bajo una nueva era de gobernabilidad. Inclusive la propia noción de consenso quedaba ingresada en el lenguaje de la transición chilena. Aquí presenciamos la revisión o lisa y llanamente el abandono de una serie de premisas que articulaban el proyecto de la Unidad Popular. La derogación de toda concepción maximalista de los procesos de transformación social fue una cuestión esencial –y también formaría parte de la biblioteca de la renovación socialista–. La ulterior transición chilena, la década de los 90 como un largo bostezo, el drástico reflujo del movimiento social y la tarea de la estabilidad institucional, eran una prueba de las irreductibles gramáticas del orden. Se podría obrar de buena fe y establecer una larga reflexión teórica respecto de cuánto nos cuesta mantener las rutinas del orden social –y de su conversión en ideología sin perjuicio de los llamados enclaves autoritarios–. El problema es que tras esta validación del establishment las terapias de gobernabilidad se tornaron una máxima irrevocable y hemos sido testigos fúnebres de una connivencia entre democracia formal y neoliberalismo avanzado que el año 2011 se puso en evidencia. Y así, tras esta gradiente, tuvo lugar en Chile la revaloración de una democracia procedimental –a ratos casi homologable al orden binominal– que se podría mimetizar sin mayores problemas con el itinerario institucional trazado por Jaime Guzmán. Inclusive esa mentada procesión en torno a la centro-izquierda redundó en una insospechada vocación de mayorías en la coalición del arcoíris, evitando toda regresión al periodo de los tres tercios (1938-1973).

A pesar de lo último, el problema estriba en que bajo estas interacciones entre política y academia se fue orquestando una sociabilidad institucional; un sentido común donde la clase política comenzó a cultivar una apreciación superlativa por el orden, al precio de limitar la extensión del ‘polo deliberativo’ que ha tenido lugar en los últimos años. El lenguaje de nuestra pálida transición ésta plagado de significantes como gobernabilidad, consenso, paz social, reconciliación, etc. De este modo, la elite política soslayaba los antagonismos sociales mediante tecnologías de estabilidad institucional tendientes a erradicar el disenso.

Existe una insospechada arrogancia de parte de nuestra elite política en sugerir que el orden social es patrimonio de quienes ostentan las llaves de la administración del Estado, de quienes de cuando en vez sentencian la inmadurez de ciertas reivindicaciones del movimiento social.

En el fondo del problema estaría el espectro de la Unidad Popular, que prontamente se cierne peligrosamente sobre nuestro paisaje político –al menos ello fue evidenciado en los 40 años de conmemoración del golpe de Estado–. La cuestión del orden es parte de la racionalidad de la clase política y al final del día despotencia gravemente el ciclo de la protesta social. Se trata de los censores que han modulado la democracia chilena, pero que al mismo tiempo han instruido los límites normativos del espacio político como quien decide cuáles serán los espacios del juego político. Tras la hegemonía se levanta la fisonomía moral de una cohorte de conservadores ilustrados que administra las tramas íntimas de la gobernabilidad neoliberal. Todo indica que se trata de una generación de censores cuya sobriedad parece estar del lado del sentido común, del realismo, de la cordura, que cautelan el desenfreno de pasiones en la política. Se trata de un discurso que señala cuáles son los ‘limites fácticos’ en que se puede dialogar con la protesta social. Una cultura que habla desde la dureza de una hegemonía cultural, donde la movilización en un momento deviene dionisiaca y deber ser derogada.

Existe una insospechada arrogancia de parte de nuestra la elite política en sugerir que el orden social es patrimonio de quienes ostentan las llaves de la administración del Estado, de quienes de cuando en vez sentencian la inmadurez de ciertas reivindicaciones del movimiento social. Hago alusión a esa oratoria de la Democracia Cristiana, de tono grave, paternal, solemne, higiénica, eventualmente republicana, basada en un principio de autoridad, que sanciona la calidad ética de la protesta social. Es decir, que funciona como un rasero de responsabilidad para medir la cordura o la embriaguez de la movilización social. Es parte del desafío creativo de la izquierda superar esta hegemonía conservadora toda vez que –gracias a la modernización autoritaria– encuentra eco en el “sensorium” de una ciudadanía igualmente conservadora. Esto tiene expresiones muy coyunturales en los últimos días. Me refiero puntualmente –entre otras cosas– a ese artilugio jurídico del actual ministro para defender a la malograda subsecretaria de Defensa por imputársele injustamente causas de un tercero, a saber, su padre. Allí se cambiaba impúdicamente el foco de la discusión, pues la idea de fondo era exhortar un pronunciamiento crítico contra la barbarie de los años 70. Matices más, matices menos, esas dinastías están encarnadas en la cognición de los sujetos Burgos y operan como diques de contención para acceder a una democracia radical.

Pero hay más de un problema en ese ethos del ciudadano Burgos. Este se relaciona con un excesivo ánimo de institucionalización, de preservar el plano judicativo y las figuras procesuales del establishment, como si aquellas no formaran parte de una construcción política. Todo indica que aquí la política sólo existe cuando se encuentra domiciliada en los partidos, en el Parlamento y no se propone desafiar la capacidad inclusiva del sistema de partidos. Se trata de una vocación institucionalizante que rehúye la conflictividad y pone “cuotas de mesura” a las demandas del ‘polo deliberativo’ –en su loco afán por democratizar la democracia–. Hay un axioma en los ciudadanos que recrean el mundo de los Burgos, a saber: una democracia que extiende la conflictividad puede friccionar imprudentemente el orden y llevarnos –peligrosamente– a una democracia amenazada. El rasero para determinar cuándo, dónde y cómo es posible la profundización del campo político estaría en manos de una “intelección privilegiada” que conoce el arte de gobernar y delimita los alcances fácticos y la consistencia programática de la protesta social. Esta hegemonía del sentido común se expresa en bregar por institucionalizar la demanda, por un cese de reivindicaciones, donde subrepticiamente se nos sugiere que la movilización termina siendo un exceso que pone en riesgo (potencial) el régimen político.

Sin duda alguna, el discurso de los Burgos impone premisas y supuestos doctrinales acerca de cómo se organiza idóneamente el sentido común, cuáles son los ritos saludables de la ciudadanía, como estar del lado de la cordura, como si acaso esa misma organización de ideas no estuviera sostenida en una articulación política que oculta sus fronteras. El simulacro consiste en penalizar los mecanismos ideológicos de su discurso y estigmatizar la disidencia como una práctica patológica, que arrastra una estrechez cognitiva que no dimensiona las lecciones del consenso y el valor de las instituciones. De otro modo, se trataría de evitar la excesiva politización del tejido social y reivindicar una república del centro-centro que se autoproclama inmune a los ciclos políticos. En buenas cuentas, entender la sociedad a partir de una sobredosis de consenso, lejos de proveer el horizonte necesario para una perspectiva democrática, termina poniendo a ésta en peligro –esa debe ser la lección del año 2011–. Enfrentar este peligro implicaría que, cada vez que nos relacionamos con alguna forma de consenso, no podemos perder de vista que es el resultado de una articulación hegemónica (política).

Un discurso ortopédico, higiénico, que nos habla desde un Olimpo desdeñoso y ostenta –subrepticiamente– un vínculo naturalizado con la experiencia, una relación de privilegio con el campo de la vida cotidiana. Aspectos que explotan sibilinamente los clivajes conservadores de la sociedad chilena. Quizás el ciudadano Burgos parte de la siguiente inducción, a saber: la premisa de que el mundo comunista goza de una incidencia en las bases sociales. Ello lo hace concluir a regañadientes que la “testimonialidad” de esos “sujetos del trauma”, que padecieron los crueles vejámenes de la dictadura, puede contribuir a menguar la conflictividad en una especie de desarticulación –sibilina pero concreta– del “grito de la calle” –a la manera de quienes se proponen desactivar la presión social y fortalecen el cauce institucional–. De paso, el partido de Gladys vendría a validar una mayor penetración en el mundo popular en favor del nuevo conglomerado. Razones de gobernabilidad, razones de Estado. No hay motivaciones alternativas al orden de la pragmatología. De otro modo, no cabe la posibilidad de acuerdos programáticos con un Partido (DC) que hizo silencio en el mes de septiembre, que reivindica los beneficios del realismo y tiende a homologar desenfadadamente experiencias que no son estrictamente homogéneas, como Corea, Venezuela y Cuba –sin perjuicio de admitir el debate que aquí está en juego–.

Por fin, la Nueva Mayoría se tropezará con ese conservadurismo ilustrado, una especie de “facheletismo” del orden qua orden, que hereda el legado de los consensos y el realismo impuesto por la Concertación. Todo indica que la victoria pírrica de la “nueva coalición” consistirá en bregar por un neoliberalismo corregido. He aquí algunos obstáculos para avanzar hacia una democracia radical. Por fin, es una operación retórica sostener que marchar por el programa de Bachelet es la tarea del presente. Otra cosa es levantar un vínculo estratégico con el programa. En principio habría que marchar por una sociedad que erosione las relaciones de dominación, por trascender el orden neoliberal, por dimensiones que nos devuelvan una perspectiva emancipatoria. Pero esa tarea difícilmente se puede lograr cuando buena parte del sentido común hace mimesis con el mundo de los Burgos.

 

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