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Acerca de cambios imprescindibles y caprichos desechables

por 2 junio 2014

Con la excepción de la UDI, de algunos sectores más extremos de RN y de la derecha y de los grandes empresarios ―que juran en posición supina que vivimos en el mundo de Bilz y Pap, y que la mayoría de los chilenos, flojos redomados, nos quejamos de llenos― para todo el resto de los ciudadanos de este largo contrafuerte cordillerano con vista al mar, resulta evidente que vivimos en una sociedad extremadamente inequitativa, injusta y segregadora. Así lo demuestran, por lo demás, TODOS los indicadores disponibles (casi todos, en realidad; los que elaboran LyD y el Instituto Libertad muestran otra realidad).

En semejante escenario, si queremos avanzar hacia una sociedad más equitativa, justa e inclusiva, los sistemas que hoy tenemos NO nos sirven. Todos han sido probados ya durante muchos años ―sistema tributario, 30; sistemas educacional, de salud y de vivienda, 40; modelo de desarrollo, 40; sistema de pensiones, 34; regalo de recursos mineros, pesqueros y bosque nativo a unos pocos privilegiados, otros tantos―, con los deplorables resultados que conocemos: una extrema concentración de los ingresos, la riqueza, la tierra, los recursos naturales y el poder en muy pocas manos; y una desigualdad socioeconómica brutal, escandalosa, demoledora y galopante, que nos sitúa entre los peores países del mundo en la materia (ojo, entre los peores; no es menor), sea cual fuere el indicador que usemos para medirla. Realmente, sólo alguien que vive dentro de una burbuja, sin contacto con el mundo real, puede atreverse a plantear que lo que existe es exitoso y debe mantenerse como está, sin sufrir drásticas modificaciones.

¿Cómo oponerse, entonces, a las iniciativas que ha presentado al Congreso Michelle Bachelet? ¿Con qué argumentos? Una reforma tributaria, por ejemplo, es indispensable para modificar de raíz el aberrante sistema tributario vigente ―haciéndolo más equitativo, justo y redistributivo―, y para generar, de paso, recursos adicionales para la caja fiscal. Una reforma política es un paso obligado, ineludible, para solucionar los horribles vicios de que adolece el sistema binominal. ¿Cómo objetarlas, por consiguiente? ¿En base a qué?

Muy simple: en base a su contenido.

Porque es cierto que hay que reformar, pero también lo es que no cualquier reforma sirve. No sólo son importantes los objetivos (es básico definirlos bien, desde luego), sino también los medios que se usarán para alcanzarlos. Si usted pretende viajar a Arica, no puede tomar un bus que lo lleve a Valdivia. Si quiere pintar una casa, no puede usar para ello un pincel. Los medios que se utilicen deben permitir alcanzar los objetivos que se pretenden, pero a la vez deben solucionar las evidentes falencias que se observan en los sistemas vigentes. No basta con reformar. Hay que hacerlo bien.

Ése es, exactamente, el problema que existe con dos de las reformas que, hasta la fecha, ha presentado Michelle Bachelet (respecto de la educacional, me guardo mi opinión hasta no digerirla por completo). Sus objetivos son plausibles, pero las propuestas en sí, los medios, son un completo desastre.

La de reforma tributaria, por ejemplo, no corrige ni por asomo los gravísimos problemas de inequidad de que adolece el sistema vigente. De verdad, parece que hubiese sido hecha con el codo: persiste en el error conceptual de no hacer pagar a las empresas por los servicios públicos que reciben ―ningún país que se precie de desarrollado perpetra semejante aberración; sólo en un país subdesarrollado podría darse (sólo allí se tragan la falacia de la “doble tributación”), así que es una muestra de cuán lejos estamos del desarrollo―; perpetúa, para un elevado número de empresas, el registro FUT (pese a que se señala explícitamente que éste se termina); posterga, para numerosos contribuyentes de primera categoría, el pago de impuestos mediante el expediente de la “depreciación instantánea” (¿habrán tomado clases de contabilidad los autores de semejante medida?); recarga la caja de las grandes organizaciones ―pagarán un 35%, después que terminen de consumir el FUT, por cierto, y de que pasen los efectos de la depreciación instantánea; y siempre y cuando no se usen subterfugios para esconder a las personas naturales que están detrás de las empresas (¿usted cree realmente que ese Registro de Utilidades Atribuidas, RUA, va a funcionar adecuadamente?)―; e incorpora un componente de complejidad que, junto con obligar a las empresas a recurrir a expertos para que lo diluciden, invita a la evasión y a la elusión.

Parece ser, por suerte, que la cordura está comenzando a entrar, en pequeñas dosis aún, en las molleras de algunos personeros. Ya se comienza a hablar de la que siempre debió haber sido la solución más equitativa, simple y eficiente: desintegrar el sistema tributario. Algunos connotados personeros ya la mencionan en serio como una alternativa (qué bueno, porque así ya no predico en el desierto), e incluso las organizaciones empresariales comienzan a mirarlo con buenos ojos. La mejor solución, señores, es un impuesto de primera categoría de beneficio estatal, y que los empresarios tributen sobre los retiros y dividendos efectivos; en ningún caso el “mamotreto” de la Nueva Mayoría.

¿Y qué decir de la reforma al sistema binominal? Es una reforma carente de sentido, que no representa NINGÚN beneficio para el país; que sólo favorece a los partidos políticos y a sus sufridos miembros; una vergüenza; una verdadera burla a la ciudadanía. ¿De verdad se atreverán estos señores políticos a aprobar un mamarracho semejante? Tendrían que ser muy caraduras.

Pretender que estos proyectos, que más que iniciativas bien pensadas y elaboradas, parecen meros caprichos de la coalición gobernante, sean aprobados en las condiciones que han sido presentados, sin siquiera mostrar los estudios que los respaldan y sin someterlos al más mínimo debate, es una falta de respeto. Por muy elevada que haya sido la votación que la respalda (que tampoco lo fue tanto), Michelle Bachelet no tiene ningún derecho para tratarnos, a los ciudadanos que la hemos mandatado, como si fuésemos menores de edad o interdictos. Pretender obviar, con la complicidad de parlamentarios irresponsables, el debate y los argumentos, no es propio de una estadista. Más bien lo es de alguien caprichoso e inseguro, que no se siente capaz de sostener con buenos argumentos sus proposiciones.

Hay que implementar cambios, desde luego. No podemos seguir con el aberrante modelo de desarrollo que tenemos. Pero, Presidenta, no cualquier cambio sirve, y menos aún los que pretenden imponerse por la fuerza. Para eso, ya tuvimos 17 años de experiencias. Cambios, sí; caprichos, no, de ninguna manera. Por favor, recapacite.

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