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Música para quienes no quieren escuchar

por 16 julio, 2014

El proyecto actual no es más que un saludo a la bandera, entre tantos, efectuados desde nuestro Congreso. Uno que, a pesar de los pataleos de ARCHI y la vehemencia de la SCD, no parece llegar al fondo y que casualmente justo deja bien parados a los gremios (radiales y artísticos), pero no a los artistas.

La reciente aprobación en el Senado del proyecto de ley que obliga a las radios nacionales a programar un 20% de música chilena en sus parrillas es un mal proyecto de ley. Es malo porque, de convertirse en ley, será una ley que maquilla patrioteramente el problema de estabilidad laboral, de acceso a recursos y de garantías laborales básicas que todos los músicos deben enfrentar a diario, y que a través de ello no resuelve ni en el corto ni en el mediano plazo el problema de fondo: la promoción y protección efectiva de la música nacional y sus artistas.

En términos simples, la ley obliga a las radios nacionales a programar un 20% de música nacional –toda música compuesta, creada o interpretada por chilenos– dentro de las parrillas musicales de las radios. A primera vista esto puede parecer positivo, no obstante, si consideramos factores como la forma en la que se articula el mercado radiofónico nacional (dominado por consorcios radiales extranjeros), las facilidades tecnológicas al alcance de todo músico para grabar o “maquetear” sus ideas y proyectos musicales, la fuerte simbiosis entre sellos musicales multinacionales y los consorcios radiales, y la cada vez más fuerte presencia de radios online que tarde o temprano desbancarán la importancia de la radio tradicional, lleva a pensar que de aprobarse finalmente el proyecto este sólo beneficiará a artistas consagrados, con respaldo de sellos internacionales, y que ya cuentan con presencia en las radios nacionales.

El proyecto actual no es más que un saludo a la bandera, entre tantos, efectuados desde nuestro Congreso. Uno que, a pesar de los pataleos de ARCHI y la vehemencia de la SCD, no parece llegar al fondo y que casualmente justo deja bien parados a los gremios (radiales y artísticos), pero no a los artistas.

Así también, dada la fuerte segmentación con que las diferentes radios articulan en la actualidad sus parrillas, y los formatos de programación en donde se benefician canciones de entre 3 a 5 minutos, es un proyecto que no contribuye a la innovación artística en el medio musical nacional. Sumado a esto, si consideramos el pago de derechos por rotación en medios y el escaso aporte que este significa para músicos emergentes que son tocados una o dos veces al mes (y que es un pago que se realiza de forma anual a partir de una complicada estructura de porcentajes regulada desde la SCD), es una ley que más parece beneficiar a los grandes sellos musicales que pueden hacer presión para imponer a sus artistas antes que a sellos o músicos independientes que autogestionan sus propias creaciones.

En la actualidad, la mayoría de las bandas y músicos nacionales generan la mayor parte de sus ingresos a través de la venta directa de sus discos y de los cortes de tickets de los asistentes a sus conciertos. Es decir, lo que gana un músico por tener un tema con alta rotación radial es menor a lo que consigue por tocar en vivo. Es cierto, para generar un público todo músico necesita una plataforma de difusión, y además de la prensa musical y una que otra escena musical que cuenta con un público cautivo, la rotación radial representa la plataforma por excelencia para conseguir tal difusión. Sin embargo, el conseguir entrar en las radios siempre se encuentra mediado por la calidad del producto que ofrecen. Más allá de que una canción sea lo suficientemente atractiva para que el director musical de tal o cual radio la considere apropiada para su parrilla, esta debe contar con un estándar de calidad sonora mínimo que le permita ser tocada. En general, durante la última década la posibilidad de grabar canciones o hacer discos se ha facilitado considerablemente a partir del abaratamiento y digitalización de una serie de elementos de grabación a los que durante todo el siglo XX sólo era posible acceder a través de un estudio profesional de grabación y la presencia de ingenieros en sonido que pudieran aportar el conocimiento técnico necesario para hacer sonar bien una grabación. Si bien en la actualidad existen músicos independientes o semiindependientes (tanto en términos artísticos como económicos) que cuentan con estos recursos técnicos y de conocimientos para autogestionarse, esta no es la regla para la mayoría de los casos. Basta oír algunos discos de buenas bandas en vivo que ya sea por falta de recursos económicos, independencia artística o carencia de recursos técnicos, no logró reflejar grandes canciones en un formato adecuado –Fother Muckers, hoy Ases Falsos, y canciones como “Buscando Oro” o “Decirlo o no decirlo” podrían ser la mejor muestra de ello, joyas pop que uno se pregunta por qué no pudieron sonar mejor–.

Volviendo a los problemas que deja abiertos el proyecto de ley, es también necesario entonces preguntarse quiénes serán los verdaderos favorecidos y perjudicados por éste. En primer lugar, es probable que la rotación de artistas nacionales dentro de este 20% se estabilice en torno a músicos nacionales consolidados y con un fuerte respaldo corporativo. Si bien el proyecto busca asegurar la presencia de artistas o bandas emergentes dentro de este grupo, cabe preguntarse cómo entenderemos el concepto de “banda emergente”: ¿cuándo es emergente un artista, cuando alcanza cierta inercia que lo vuelve conocido a nivel mainstream o cuando tiene, digamos, 5 o 6 años tocando dentro de un circuito? Por decirlo de otra forma, ¿cuándo emergió Gepe? ¿Cuando tocaba un folclore algo rockero y experimental –por ponerlo fácil– en Taller Dejao? ¿Cuándo publicó discos como Hungría y su Ep Las piedras? O cuando comenzó a sonar como base de fondo para los partidos de la selección nacional en una radio, a la vez que quizás los padres de quienes lo seguían desde Taller Dejao pusieron atención en él al verlo en Viña? Difícil saberlo. ¿Cuánto de esta presencia no estará mediada por amistades y maridajes propios del medio, o cómo podrían ponerse barreras y hasta qué punto son éstas válidas cuando hablamos de gusto musical, proyección artística y sonora de un medio y el target de una radio? Otro problema abierto.

En segundo lugar, este es un proyecto que no garantiza elementos aún más básicos para un país perteneciente a la OCDE. ¿O acaso se asegura el pago de imposiciones a los músicos nacionales para que cuenten con una pensión en su vejez? ¿O también provee de directrices claras a partir de las cuales los artistas pueden negociar los porcentajes de ganancias de sus presentaciones en diferentes escenarios, o la provisión de los elementos técnicos y de comodidad mínimos para sus presentaciones?

Finalmente, en qué medida es un proyecto que efectivamente contribuye a proteger y promover el patrimonio nacional (no obstante, y paradójicamente, sólo lo hace a nivel nacional). ¿Hará acaso que buenas canciones u obras cuenten con un respaldo técnico necesario para que suenen y se preserven en el tiempo como debiera ser? Parecen ser demasiados problemas que si bien en la intención inicial del proyecto parecían estar considerados, con el resultado casi final de éste quedan absolutamente al azar.

Algunas recomendaciones que se podrían incorporar para efectivamente llegar al fondo del problema: el Estado de chile podría (re)fundar un sello nacional (DICAP fue creado durante los gobiernos radicales y existió hasta 1973, a su alero se desarrolló el Canto Nuevo) el cual provea los recursos técnicos necesarios en ausencia de una dirección artística perturbadora como la que exigen los sellos grandes hoy en día, a partir del cual los artistas nacionales puedan plasmar sus trabajos con calidad. Este se podría financiar con una especie de impuesto (¿un 5%?) sobre el total de las ganancias que generan las productoras nacionales cuando traen a artistas de fama mundial, o incluso podríamos destinar parte del famoso royalty al cobre para tal fin. Se podría promover desde el Ministerio del Trabajo una política laboral para los músicos (y artistas nacionales en general), a partir de la cual se asegure un pago de imposiciones y un estándar de condiciones laborales mínimos para sus presentaciones. Por último, se podría asegurar la obligatoriedad de uno o dos teloneros nacionales en todo concierto de artista internacional en Chile, con el consiguiente pago por la cantidad de asistentes al concierto.

En definitiva, el proyecto actual no es más que un saludo a la bandera, entre tantos, efectuados desde nuestro Congreso. Uno que, a pesar de los pataleos de ARCHI y la vehemencia de la SCD, no parece llegar al fondo y que casualmente justo deja bien parados a los gremios (radiales y artísticos), pero no a los artistas. Más aún, es un proyecto que pareciera que sólo conseguirá seguir acrecentando la desigualdad estructural que padece nuestro país: aquellos artistas bien posicionados seguirán asegurando sus posiciones hegemónicas, así como los gremios, las radios, y nuestros legisladores, mientras que quienes detentan posiciones de acceso precario a los recursos tendrán que bregar más y más fuerte para llegar a sonar. Oído así, pareciera ser que son demasiados los instrumentos afinados a alturas distintas sonando al mismo tiempo.

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