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Las preguntas que plantea la ley de Carrera Docente del Gobierno

Rodrigo Cornejo y Miguel Caro
Por : Rodrigo Cornejo y Miguel Caro Rodrigo Cornejo, Doctor en Psicología, académico Universidad de Chile, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas OPECH y de la Red de Estudios del Trabajo Docente. Miembro de la campaña “Por una nueva educación: dignificar la carrera docente”. Miguel Caro, Profesor, Magíster en Educación, académico Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación UMCE, investigador en currículum y didáctica. Miembro de la campaña “Por una nueva educación: dignificar la carrera docente”
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Las evaluaciones individuales de desempeño nunca logran medir aquello que efectivamente nos hace ser mejores o peores trabajadores, que no mejora los aprendizajes de los estudiantes y que nos obliga a una competencia que quiebra los ambientes laborales y sólo acarrea más incertidumbre, agobio y, finalmente, sufrimiento y enfermedades laborales.


El día lunes 20 de abril la Presidenta Bachelet presentó el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, conocido coloquialmente como proyecto de carrera docente. Las reacciones no se hicieron esperar. Un día después, el diario El Mercurio en su influyente editorial central lo alabó como una gran oportunidad para la educación del país. Luego llegó el turno de La Tercera: el día 25 de abril lo calificó como “un paso valioso”. Intelectuales de la derecha calificaron el proyecto como “buenas noticias para la educación” (Silvia Eyzaguirre, del Centro de Estudios Públicos, CEP) y lo celebraron por el cambio en el mecanismo para determinar la remuneración docente (María Paz Arzola, de Libertad y Desarrollo). El ex ministro de Educación del Gobierno de Piñera, Harald Beyer, asistió a la presentación del proyecto y se sacó una foto que circula en las redes sociales con el lema “yo estuve en un día histórico para la educación”.

¿Por qué el pensamiento conservador celebra este proyecto? Primero, por el establecimiento de 5 niveles en los cuales serán encasillados, de manera progresiva, todos los docentes del país: inicial, temprano, avanzado, superior y experto. Celebran también la idea de que los profesores accedan a esos tramos compitiendo de manera individual, a través de una prueba de conocimiento y una evaluación de “habilidades pedagógicas”. El conservadurismo y los think tanks neoliberales celebran que el salario del docente dependa de esta evaluación de desempeño individual. Mal que mal, esto es parte del “decálogo” del pensamiento neoliberal.

[cita]Las evaluaciones individuales de desempeño nunca logran medir aquello que efectivamente nos hace ser mejores o peores trabajadores, que no mejora los aprendizajes de los estudiantes y que nos obliga a una competencia que quiebra los ambientes laborales y sólo acarrea más incertidumbre, agobio y, finalmente, sufrimiento y enfermedades laborales.[/cita]

Uno de los gurúes del neoliberalismo chileno, Milton Friedman, escribió hace casi cincuenta años, en su libro Capitalismo y Libertad, que el problema de los docentes es que sus salarios “son demasiado uniformes y rígidos”, debiendo estos estar asociados al mérito individual, lo que “permitiría que hubiera competencia”. Sin duda, muchos chilenos estarán de acuerdo con este criterio, pero la porfiada realidad se ha encargado de mostrarnos (por la experiencia diaria, y por la investigación científica) que las evaluaciones individuales de desempeño nunca logran medir aquello que efectivamente nos hace ser mejores o peores trabajadores, que no mejora los aprendizajes de los estudiantes y que nos obliga a una competencia que quiebra los ambientes laborales y sólo acarrea más incertidumbre, agobio y, finalmente, sufrimiento y enfermedades laborales.

Si esto es así para cualquier trabajo, en el caso de la docencia, un trabajo eminentemente afectivo, colectivo y sustentado en lo que los investigadores han denominado “propósitos morales” trascendentes, la competencia individual por el salario resulta claramente un despropósito. La educación es un acto social y dinámico, que se sustenta en comunidades educativas, en la construcción de adecuados contextos vinculares para el intercambio de significados. Eso es lo que casi un siglo de avances en las ciencias de la educación nos ha enseñado: aprender de manera significativa sólo es posible cuando existen condiciones colectivas y relacionales para que se realicen intercambios de significado. La colaboración entre pares a nivel docente es la única posibilidad de aprender desde la experiencia y entender la profesión docente como espacio de desarrollo permanente al servicio de un proyecto educativo. La competencia entre docentes destruye la comunidad. Aumentará el conocido agobio laboral sometiendo a los profesores y profesoras a un proceso permanente de evaluación externa. La competencia entre docentes sólo les sirve a quienes no quieren que en las escuelas se den procesos de aprendizajes significativos y transformativos.

Ese es el gran cambio que pretende introducir esta Ley de Carrera Docente en la cotidianidad del trabajo de los profesores y de las comunidades educativas. En el resto sigue todo igual: se mantiene el Código del Trabajo para el 46% de los docentes que se desempeñan en el sector particular subvencionado, que permite a los sostenedores ejercer amenazas y despidos arbitrarios (aunque legales), los que muchas veces afectan a los docentes que se sindicalizan, que apoyan las movilizaciones estudiantiles o que simplemente sacan más la voz. Casi no se modifica la proporción de horas no lectivas, se mantiene e incluso aumenta la carga de horas de trabajo administrativo burocrático, se mantiene la cantidad de alumnos por curso, se mantienen las 1800 horas anuales de clases (más del doble de las 800 horas de los países de la OCDE) y la usual rigidez del currículo. No existe ningún aporte a la reflexión sobre la pedagogía que hoy se requiere y no se valora en lo absoluto la formación continua, al no considerarla como un factor de la carrera. En definitiva, sólo se aumenta el agobio laboral y la competencia, lo que redundará en una escasa posibilidad de mejorar la formación de los y las estudiantes.

Las preguntas que nos hacemos son: ¿qué impide reconocer el salario digno como un derecho y no a condición de un resultado? ¿No existe otra forma de pensar la política educativa si no es desde los principios del neoliberalismo? ¿Seguiremos aprobando leyes educativas basadas en las ideas del mercado y la competencia? Pareciera ser que la explicación está, una vez más, en que las autoridades han excluido a las y los profesores del debate.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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