El senador oficialista Ricardo Lagos Weber ha dicho, con entusiasmo, que la reforma laboral fortalece a los trabajadores y sus derechos colectivos, haciendo referencia a que Chile es parte de la Organización Internacional del Trabajo.
Tan entusiastas palabras nos generan una duda: ¿habrán circulando varios proyectos y el que nos llegó al resto es uno distinto al del honorable?
Supongamos que solo hay uno. Entonces la cuestión es grave: más que entusiasmo, lo que hay aquí es algo de desesperación. La desesperación argumentativa de un proyecto que sólo entusiasma a los militantes.
¿Cómo defender un proyecto que amenaza con castigar a los dirigentes sindicales que “abusen de sus derechos sindicales”? ¿Cómo emocionar a algún sindicato despistado por ahí, si ahora tendrán que poner ellos mismos los reemplazantes para sus huelgas (servicios mínimos)? ¿Cómo entusiasmar a los “compañeros trabajadores” si el proyecto establece las más profundas reglas de flexibilidad laboral hasta ahora aprobadas en un Parlamento democrático en el continente: por la sola “decisión unilateral” del empleador (pactos de adaptabilidad)?
A falta de entusiasmo interno, buenos son los apoyos externos, parece haber pensado un ágil de algún ministerio. De ahí, una ocurrencia que mereció el aplauso de sus superiores: que nos preste ropa la OIT. Qué más buena onda y “progre” que eso, pensaron todos.
[cita] Que Lagos Weber y otros parlamentarios oficialistas –incluyendo los diputados comunistas que aprobaron esta reforma– quieran tranquilizar su conciencia política de izquierda, parece algo comprensible. Más si el proyecto de reforma laboral que les toca defender consolida en democracia el Plan Laboral de Pinochet y Piñera. [/cita]
Ahora, recurrir a un supuesto aval de la OIT –más allá del buenondismo de la idea– es algo tan sorprendente como impudoroso.
Sorprendente porque el encargado regional de la OIT para el Cono Sur –Fabio Bertranou– decía hace poco sobre el proyecto de reforma laboral del Gobierno que “los años de democracia han permitido muchas modificaciones a esa legislación y a las generadas en la misma democracia. La propuesta actual del Gobierno cambia algunos aspectos que vienen del Código del Gobierno Militar, pero no es una modificación integral”.
Más claro, echarle agua. Entonces: ¿a quién le creemos: al funcionario de la OIT o a Lagos Weber?
Pero, además –y más grave aún– hay aquí, en todo esto, una falta de pudor que deja helado a cualquiera que lea con detención los más de cien artículos que tiene la denominada agenda laboral. Y es que buena parte del texto del proyecto de ley presentado contraviene expresamente los estándares normativos internacionales fijados por la citada OIT.
Veámoslo.
Primero, el proyecto no contempla la ampliación vinculante de la negociación colectiva por rama o sector de actividad. Ello, porque –según nos enteramos por boca del ministro de Hacienda– “los trabajadores chilenos no están preparados”. Como tampoco se prevé en el proyecto la posibilidad de huelga para que los trabajadores intenten forzar ese nivel de negociación, existe un impedimento absoluto para que los trabajadores accedan a ella.
¿Y qué hacemos ahora entonces con el Convenio N° 98 de la OIT suscrito por Chile, que establece el derecho de los trabajadores para negociar en los diversos niveles que ellos elijan? ¿Y cómo ignoramos la incómoda “recomendación” de la propia OIT que señala «en caso necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para que la negociación colectiva pueda desarrollarse en cualquier nivel, y en particular a nivel del establecimiento, de la empresa, de la rama de actividad, de la industria y a nivel regional o nacional” (Recomendación N° 163 sobre Negociación Colectiva, OIT, 1985, pág. 1642, párrafo 4)?
Segundo, el proyecto –cual gato por liebre– elimina el reemplazo de los trabajadores y lo remplaza por “servicios mínimos” universales –cualquier empresa puede solicitar, llegado el caso, dichos servicios–. Los reemplazantes ahora los proveerán los propios trabajadores en huelga.
Más allá de lo impresentable de este engaño al movimiento sindical –¿se imaginan los profesores el destino de su paro si esta norma propuesta por el Gobierno estuviera vigente?–, el Ejecutivo ha querido blindar su proyecto en la materia con el respaldo de la OIT que acepta en sus estándares la idea de servicios mínimos. Impudorosa operación de blanqueo del proyecto de reforma: la OIT lo acepta en el contexto de sistemas legales que aceptan ampliamente la huelga –como el español– y no como el caso chileno, donde la huelga es considerada –por la propia autoridad de Gobierno– como ilegal en casi todo los casos, de partida todos aquellos casos fuera de la negociación colectiva reglada.
Ni mencionar que, a propósito de la huelga, el proyecto no elimina la exigencia de mayoría absoluta para su declaración – y no mayoría simple como exige la OIT–, ni que el proyecto no propone una reforma a la prohibición de huelga en empresas de servicios esenciales (artículo 384 CT) que la propia OIT ha calificado, para el caso chileno, como “demasiado amplio”, lo que “excede la noción de servicio esencial” exigida como parámetro internacional (CEAR, OIT, 2002).
Asimismo, el proyecto no deroga la norma que establece la huelga como delito en la Ley de Seguridad del Estado (artículo 11 de la Ley 12.957), como lo han pedido a coro la misma OIT y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CEACR,OIT, 2009).
Tercero, el proyecto propone una modalidad de negociación colectiva para los trabajadores por obra o faena transitoria (cuestión especialmente relevante para la construcción y el agro), sin derecho a huelga, ni fuero sindical.
Sí, leyó bien, sin fuero ni huelga. No es necesario ser laboralista experto para darse cuenta de que eso, obviamente, contraviene los tratados internacionales de la OIT suscritos por Chile (87 y 98 de la OIT). De ahí que la OIT le ha dicho reiteradamente a Chile que “la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar en la legislación y en la práctica que los trabajadores agrícolas pueden gozar el derecho a huelga” (Comisión de Expertos en Aplicación de Normas, OIT, 2010).
El Gobierno, claro que toma medidas, pero en sentido exactamente inverso al estándar internacional: priva a esos trabajadores de la huelga, y para no quedar corto con el favor al empresariado agrícola, los priva del fuero sindical.
Cuarto, el proyecto propone flexibilidad laboral de los derechos que hoy son mínimos e irrenunciables por los trabajadores. En efecto, cumplidas condiciones precarias –acuerdo con un sindicato minoritario– el empleador podrá imponer a todos los trabajadores, incluidos los no sindicalizados, condiciones de trabajo que hoy serian ilegales. De este modo, por la sola voluntad del empleador se podrá exigir a los trabajadores extensiones de jornadas de trabajo sobre las 45 horas semanales, horas extraordinarias por sobre el límite de 2 horas diarias e, incluso, podrá modificarse –sin la voluntad del trabajador– el régimen de descanso semanal.
¿Qué nos dirá el honorable senador Lagos Weber de que el proyecto que defiende con entusiasmo permite que el empleador pase por encima de derechos laborales mínimos –como la jornada ordinaria y el límite de jornada extraordinaria– sin la voluntad del trabajador?
Como se ve –y podría seguir engrosando fácilmente esta lista–, el proyecto de reforma laboral vulnera gravemente estándares internacionales sobre los derechos colectivos de los trabajadores.
La duda entonces es: ¿vale o no la opinión y el criterio de la OIT? ¿Nos enteramos de los estándares de la OIT solo cuando nos conviene y en el resto de los casos –dicho en buen lunfardo– “nos hacemos los giles”?
Que Lagos Weber y otros parlamentarios oficialistas –incluyendo los diputados comunistas que aprobaron esta reforma– quieran tranquilizar su conciencia política de izquierda, parece algo comprensible. Más si el proyecto de reforma laboral que les toca defender consolida en democracia el Plan Laboral de Pinochet y Piñera.
Que para eso, incluso, apelen al realismo político del que la Concertación ha hecho gala por tanto tiempo –desde el retorno a la democracia para ser más preciso–, también puede llegar a comprenderse. Ya sabemos el espíritu de la transición: “En la medida de los posible”.
Pero intentar convencernos de que su proyecto de reforma laboral fortalece los “derechos de los trabajadores” en conformidad con el estándar internacional de la OIT, cuando solo se utiliza a la OIT “a la carta”, es una muestra de oportunismo político que roza lo insoportable.
Algo de pudor no vendría mal en un tema tan delicado para tanta gente. Una pizca por lo menos.
