Comienza septiembre y, con ello, se acerca el plazo para que la Presidenta de la República envíe a tramitación al Congreso Nacional el mensaje que contiene el proyecto de ley de Presupuesto de la Nación para el año 2016.
En lo que a la reforma a la educación superior impulsada por el Ministerio de Educación se refiere, y en particular a su nuevo sistema de financiamiento, aún no está del todo claro cuál será la modalidad en la que operará dicho régimen. No obstante, en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), existen algunos miembros que, antes de reflexionar detenidamente cuál es la educación que quieren para los profesionales del futuro de nuestro país, o sobre la incorporación de nuevos mecanismos de aseguramiento de la calidad en el sector –que es mucho más que acreditaciones, sean institucionales o de programas–, ya se encuentran discutiendo la forma de distribuir los recursos que, dicho sea de paso, aún no se sabemos a cuánto ascenderán. Lo único que han solicitado a las autoridades de los ministerios de Educación y Hacienda, es que no sea inferior a lo que actualmente reciben por distintos conceptos.
Esta forma de actuar, comprensible si se considera que defienden intereses propios –la universidad que representan– y no el de los alumnos que en ellas estudian, dado que el financiamiento se dirige a las instituciones, no a sus estudiantes, también tiene otra explicación, que va mucho más allá de las lógicas de la oferta y la demanda. Se trata, en efecto, del origen mismo de la manera en que se organizan para obrar en bloque: el CRUCh. Esta entidad, nacida en agosto de 1954, surgió “como un organismo de coordinación de la labor universitaria de la nación”, según informa su propio sitio web. Sin embargo, debemos tener presente que por aquella época no existían las universidades privadas ni los institutos profesionales y centros de formación técnica, que es el lugar donde hoy estudia la amplia mayoría de los alumnos de la educación superior de nuestro país.
[cita] Dadas las notables diferencias de opinión entre los actores relevantes (instituciones de educación superior, académicos y expertos, y estudiantes; partidos políticos, en especial los oficialistas; entre otros) en este proceso de diseño de políticas públicas educativas, así como la multiplicidad de intereses en disputa, las carencias de gestión política que ha mostrado el Gobierno, sumadas al poco plazo que le resta para enviar el proyecto de ley de Presupuesto 2016, el CRUCh aún tiene algunas posibilidades de repensar su misión. Si no lo hiciere, puede quedar más o menos claro que está listo para su jubilación. [/cita]
De hecho, parece ser que ha sido tal el nivel de desesperación de algunos de sus rectores, que nos han querido hacer creer que solo las universidades del Estado pueden tener un rol público, desconociendo la contribución que han tenido las entidades privadas en el acceso de muchos jóvenes a la enseñanza terciaria, los que, de no haber existido estas universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica de estructura jurídica privada, simplemente no habrían podido acceder a la educación superior. Entonces, al parecer han procurado deliberadamente confundir a la opinión pública manifestando, en reiteradas ocasiones, que para cumplir un rol público, hay que pertenecer al Estado. En verdad, no hay nada más totalitario que ello, porque si educar no es cumplir con una función de interés público, entonces deberían explicarnos a su juicio cuáles son los requisitos para que una institución cumpla con el rol público que ellos dicen tener.
En estos 61 años de existencia, el Consejo de Rectores no ha tenido modificaciones sustantivas en las funciones esenciales que le entrega la ley que lo crea. Es tiempo suficiente como para que reflexionen sobre el nuevo rumbo que han de tomar una vez que se inicie la reforma. No es dable sostener una institución durante más de medio siglo sin adecuarse a los tiempos que vive la sociedad, marcada por enormes diferencias respecto del tiempo de su nacimiento.
Dadas las notables diferencias de opinión entre los actores relevantes (instituciones de educación superior, académicos y expertos, y estudiantes; partidos políticos, en especial los oficialistas; entre otros) en este proceso de diseño de políticas públicas educativas, así como la multiplicidad de intereses en disputa, las carencias de gestión política que ha mostrado el Gobierno, sumadas al poco plazo que le resta para enviar el proyecto de ley de Presupuesto 2016, el CRUCh aún tiene algunas posibilidades de repensar su misión. Si no lo hiciere, puede quedar más o menos claro que está listo para su jubilación.
