En Chile, dado el régimen extremadamente presidencialista, considero que someter la elección de Intendentes a un sistema de votación popular debilitaría al Estado, visto éste en cuanto tal como un órgano unitario y presidido por la figura uni-potenciaria del Presidente de la República, además de que se atentaría contra el principio establecido en el artículo 3° de la Constitución Política de la República, el cual señala que Chile es un Estado unitario. Señalo lo anterior, tomando como premisa al Estado como parte importante en la solución a los problemas nacionales. Se quiera o no, el Estado tiene una función central y esencial en los procesos de cambios y perfeccionamientos que requiere un país. Como dice Peter Evans (2011) la respuesta no está en el desmantelamiento del Estado sino en su reconstrucción. Es necesario rearmar, reconstruir, perfeccionar el rol estatal y sus varias formas de incursión en la vida nacional para lograr un desarrollo armónico social en todos sus ámbitos y que alcance todos los rincones del país. Pero cuidado, ya que algunas decisiones que sin lugar a dudas significa obtener mayor democracia, pudieran traer consecuencias negativas sin quererlo.
Para efectuar en forma responsable y correctamente institucionalizado este cambio en el mecanismo de designación de la autoridad regional, habría que partir por reformar la Constitución. En países como Brasil, y otros latinoamericanos en donde se eligen democráticamente a los líderes regionales, la elección directa ha funcionado y es signo de calidad de la democracia y efectividad de desarrollo del país en su conjunto, pero hay que estudiar qué sistema de gobierno tienen cada uno de esos países. Llevar la realidad al caso concreto. Nuestro país peca de presidencialismo, lo que permite concluir que no sería positivo para el Estado chileno este tipo de elecciones ya que lo debilitaría, por cuanto se producirían pugnas de poder entre los líderes regionales y la Presidencia de la República.
Señalado lo anterior y analizando el tema de la centralización presente en nuestra República, la cual ha traído como consecuencia el poco desarrollo regional en comparación con la capital, fuera de discusión está el hecho de que la elección de Intendentes en forma directa ayudaría sin lugar a dudas a obtener un país más justo, igualitario y desarrollado en sus regiones. Las autoridades electas serían directamente responsables de los servicios estatales ofrecidos a la población de su región, habría mayor autonomía en la toma de decisiones, lo que sería beneficioso para evitar la eterna burocracia administrativa centralista, existiría mayor probabilidad de consecución de objetivos regionales, como también le daría mayor legitimidad democrática al Intendente ante sus habitantes. Asimismo, se produciría una cohesión territorial interesante, toda vez que los habitantes de las respectivas regiones serían avalados por la posibilidad de votar a su líder regional y su voz sería escuchada en forma “oficial”.
Sin perjuicio de aquello, y sintonizando con la afirmación plasmada en el primer párrafo de esta columna, lo aquí planteado es si con la elección directa se fortalecería o no al Estado. Pueden haber dos hipótesis para responder esta interrogante: una va en relación con que al haber mayor descentralización y darle autonomía a la región, se daría una imagen democrática interesante, de mayor calidad de la misma, lo que traería en consecuencia un fortalecimiento institucional del Estado. La otra, es que, en vista y considerando la realidad del régimen ultra presidencialista del país, en donde el Presidente requiere para efectuar un trabajo cohesionado a nivel nacional, como también para poder demostrar mayor gobernabilidad al electorado, poder contar con funcionarios de su exclusiva confianza que garanticen fidelidad con el proyecto de gobierno impulsado desde La Moneda. Si optamos por elegir mediante votación al Intendente, la gobernabilidad y la imagen del Estado puede verse seriamente afectada, e incluso traer consecuencias insospechadas.
¿Qué hubiera pasado en el país, a propósito del Movimiento Social en Aysén del año 2012, si el Intendente hubiera sido elegido democráticamente? ¿O qué pasaría si la Presidencia de la República recae en el PS y el Intendente es UDI? Por un lado, se podrían haber obtenido resultados positivos para los habitantes de la región respectiva. Las soluciones habrían estado en las manos propias del Intendente al ser una autoridad autónoma y con capacidad de decisión rápida sobre cómo responder a las demandas de sus ciudadanos. Pero también podría haberse producido un grave enfrentamiento entre el Ejecutivo y la figura regional, ya que este último habría estado conminado producto de la votación en la cual fue ungido y respecto de la cual debe responder a sus electores, o producto del cierre de filas a favor del partido, lo que afectaría gravemente a la imagen de Estado en cuanto órgano unitario y que depende del Presidente de la República, además de que ante eventuales divergencias entre las dos figuras no podría ser removido por él.
Por lo tanto, y en consecuencia con los argumentos antes esgrimidos, si queremos como país ayudar a la descentralización mediante la elección de los Intendentes a través de votaciones populares, debiéramos preguntarnos por las externalidades negativas de dicha decisión considerando que estamos en un país que peca de presidencialista con el objeto de efectuar un debate informado. Y si existen dichas consecuencias negativas, lo que personalmente observo si existirá, intentar abarcar todas las aristas que vayan en dirección a evitarlas, como sería por ejemplo cambiar de régimen presidencialista a uno parlamentario o, más probable atendida la historia del país, quitar algunas atribuciones al Presidente de la República con el objeto de “igualar” un poco más la cancha. Lo que subyace a este planteamiento y que debiera ser objeto de análisis por parte de los políticos y expertos es si por obtener mayor democracia regional no vamos a estar disparándonos al pie en otros ámbitos de la vida pública dadas las especiales características del sistema presidencial del país.
[cita tipo=»destaque»]Si queremos como país ayudar a la descentralización mediante la elección de los Intendentes a través de votaciones populares, debiéramos preguntarnos por las externalidades negativas de dicha decisión considerando que estamos en un país que peca de presidencialista con el objeto de efectuar un debate informado[/cita]
Por último, considerando que un cambio de régimen es algo que en el corto o mediano plazo no se vislumbra, además de ser altamente poco probable considerando los 200 años de historia de Chile en donde la figura presidencial se unge por sobre la de todos los demás cargos y líderes políticos, debiera ser razonable que, en atención a mantener la unidad del Estado y no atentar contra su debilitamiento, se debiera optar por mantener un sistema de designación de Intendentes por parte de la autoridad presidencial. Sin perjuicio de ello, esta forma de designación podría ser sujeta, quizás, a variaciones, siendo designado por una comisión presidida por el Presidente e integrada por Parlamentarios, por ejemplo, pero dejarlo en manos de una votación popular puede ser signo de grandes problemas con que tendría que lidiar el Presidente de la República.
