Uno de los principales problemas de la reforma a la educación superior consiste en la ausencia de un diagnóstico y un horizonte compartido para el desarrollo del sector. Insistentemente, se critica que ésta asume una idea de universidad que no se corresponde con la realidad, al proponer que todas las instituciones universitarias cumplan las mismas funciones – docencia, investigación, creación artística, innovación (Art. 4 del proyecto) – cuyo cumplimiento se asocia a los estándares de calidad que serán evaluados en el marco de la acreditación institucional (Art. 45) y a la nueva definición de la universidad estatal (Art. 141).
Aunque es llamativo que tal perspectiva adopte la lógica procedimental de la acreditación, la exigencia de producir investigación ha causado algún escozor entre quienes observan que la gran mayoría de las universidades chilenas están lejos de cumplir con ese imperativo, ya sea por opción o por las condiciones materiales en que desarrollan su labor.
Si bien es improbable que el proyecto se convierta en regulación, su discusión ha gatillado una reflexión incipiente sobre la institución universitaria y su diversidad. Desde distintos rincones del comentario político y sectorial, han ido dibujándose diversas alternativas que, en su gran mayoría, prestan poca atención a bases históricas de la universidad chilena, que le dan un carácter eminentemente local a las prácticas, valores e identidades que emergen de ella.
Así, se ha sugerido que las universidades no deben tener dueño y que, por eso, ellas sólo deben responder ante sí mismas en uso de su autonomía, proyectando la imagen de una torre de marfil que se disocia estructuralmente del contexto social en que se sitúa, aunque deba extraer de el los recursos que necesita para operar y proyectar su quehacer.
[cita tipo= «destaque»]La trayectoria que estas instituciones han seguido en Chile y en otros países sugiere que esta ecuación es improbable. Luego de algunas décadas de experimentos universitarios lucrativos, parece evidente a estas alturas que tal modelo de negocios se financia con ayudas estudiantiles estatales para atender personas que, por distintos motivos, poseen una preparación y motivación insuficientes para enfrentar estudios de pregrado.[/cita]
Tal proyecto parece chocar con la realidad. En una época en que la educación superior se ha masificado, ¿es razonable esperar que el Estado y la sociedad civil no tengan expectativas y demandas hacia las instituciones que financian y cuya función es fundamental para el desarrollo de la economía, la movilidad social y la democracia?
Se ha insinuado, a su vez, que una educación superior diversa justifica el reconocimiento de universidades con fin de lucro, en la medida que sean capaces de ofrecer una formación de calidad. La trayectoria que estas instituciones han seguido en Chile y en otros países sugiere que esta ecuación es improbable. Luego de algunas décadas de experimentos universitarios lucrativos, parece evidente a estas alturas que tal modelo de negocios se financia con ayudas estudiantiles estatales para atender personas que, por distintos motivos, poseen una preparación y motivación insuficientes para enfrentar estudios de pregrado.
La ausencia de modelos curriculares, estrategias de enseñanza, programas de apoyo y una dotación de recursos académicos y didácticos que sean capaces de asegurar niveles de logro compatibles con el desempeño que se espera de los graduados universitarios, contrasta con una gran inversión publicitaria e importantes recompensas económicas para reclutadores, gestores y controladores. Simplemente, no parece sostenible ni para el Estado ni para las familias.
La protección de la diversidad también informa la perspectiva de quienes piensan que el estado no debe hacer mayor diferencia en el trato económico que da a sus universidades y a aquellas que son privadas. Así, se persigue proyectar la neutralidad de la acción estatal frente a las universidades, principio que ha guiado las políticas públicas de financiamiento y calidad por más de una década.
Los resultados están a la vista: estas iniciativas han facilitado una significativa expansión de muchas universidades privadas mientras el sector estatal permanece relativamente estable.
Aunque eso era previsible – ambos sectores están sometidos a distintos regímenes de regulación y poseen niveles de prestigio diferentes – incide en que Chile tenga, a nivel agregado, uno de los sistemas de educación superior más privatizados del mundo, un caso extremo dentro de la OECD. En el plano micro, a su vez, las políticas de investigación han impulsado la consolidación de un nuevo estatuto del profesor universitario, uno que convierte a los académicos en empresarios de si mismos. Para maximizar su captura individual de recursos económicos y simbólicos, ellos deben concentrar buena parte de su energía en el desarrollo de proyectos que propendan a expandir su producción académica.
Es interesante constatar que ninguna de estas ideas sobre la universidad chilena se sitúa en la coyuntura que enfrenta un sector que ha crecido a tasas aceleradas en décadas recientes. El tránsito desde una educación para pocos a otra masiva fracturó el consenso sobre los fundamentos de la institución universitaria. Así, emergen divisiones divergentes acerca de la orientación de la docencia, la formación profesional y la investigación. Mientras grupos de académicos (y disciplinas completas) persisten en reproducir el pregrado tradicional y la investigación básica, otros han reconocido la necesidad de ajustar la formación tradicional a una nueva realidad en que la motivación y preparación de un grupo más grande y diverso de estudiantes ha cambiado radicalmente, además de concentrarse en la investigación aplicada.
Evidentemente, existen varias posiciones intermedias entre ambos polos. Con todo, tal dilema sitúa la pregunta acerca de cómo enfrentar la creciente diversidad del sector en dos direcciones opuestas. Hay quienes creen que debe ser la educación superior, como un todo, la que refleje la diversidad regional, cultural, racial y económica de la sociedad chilena. Otros piensan que cada universidad debe reflejar tal diversidad en su interior. La disyuntiva es importante y posee consecuencias que van más allá de la manera en que la universidad refleja, o no, las diferentes identidades y modos de relación que existe en el país.
Lo que también está en juego es la posibilidad que las universidades puedan desarrollar proyectos académicos de largo plazo. Instituciones más homogéneas – en que la comunidad posee un alto nivel de consenso acerca de sus métodos y objetivos – son mucho más sencillas de gobernar que otras donde tal comunión no existe. Así ocurriría con varias instituciones de orientación religiosa o empresarial.
Por el contrario, las universidades que presentan un permanente disenso sobre su dirección y en diferentes facciones se enfrentan cíclicamente por el poder se encuentran en una situación más precaria e incierta. Se observa con preocupación que ese sea el caso de varias universidades estatales.
Sin perjuicio de dejar abierta la pregunta acerca de si el país tuvo alguna vez un modelo de educación propiamente elitista, el problema sigue siendo cómo la educación superior es capaz de situar los valores, identidades y prácticas que definen la institución universitaria en este nuevo contexto.
A lo menos, ello implica la primacía de la razón; la aplicación rigurosa de métodos para la producción e interpretación de nueva evidencia; el desarrollo y evaluación de nuevos conceptos, metáforas y marcos teóricos; la construcción de un clima de colegialidad y respeto que facilite el diálogo permanente dentro y entre disciplinas y la valoración de mérito como el principal principio de promoción de los académicos.
En la solución de ese dilema se juega una parte importante del futuro del proyecto de la universidad chilena y su vínculo con el Estado nacional y la sociedad.
La idea que sea el sector, como un todo, el que refleje la diversidad del país implica la convivencia de varios proyectos que poseen internamente un alto grado de homogeneidad. Al contrario, proyectos universitarios que se hagan cargo de la diversidad del cuerpo social hace que su gobierno y las posibilidades de concreción de sus objetivos sean frágiles.
Chile parece haber optado simultáneamente por ambas opciones. Mientras la idea misma de universidad privada asume la selección de objetivos y la construcción de una comunidad con limitados niveles de disenso, la noción de universidad estatal asume precisamente el polo opuesto. Es interesante, sin embargo, notar que ambos ideales se justifican en la idea de autonomía universitaria, cuya esencia aún no hemos terminado de capturar.
¿Es posible (y deseable) una universidad homogénea? Ejemplos de universidades privadas de elite en Estados Unidos parecen indicar que no es una buena idea. Exponer a los estudiantes a contextos de amplia diversidad no sólo mejora su compresión de fenómenos naturales o sociales sino también su capacidad para operar e interactuar efectivamente en distintos contextos.
Al mismo tiempo, permite proyectar mayores niveles de empatía dentro del cuerpo social que son importantes para que los graduados puedan ejercer en el mundo real con altos niveles de efectividad. La creciente presencia en las universidades de programas de investigación inter y multidisciplinarios también parece sugerir un desarrollo análogo para la producción científica.
Estas transformaciones demandan poner atención a nuevas modalidades de gobierno universitario, cuestión que aún no hemos comenzado a prefigurar. Cabe preguntarse, sin embargo, ¿cuál será la posición tomará el Estado y la política pública en esta disyuntiva en una perspectiva de largo plazo?
