El último cambio de gabinete ha confirmado lo difícil que resulta para el actual Gobierno y en especial para la Presidenta Bachelet, tomar decisiones. En una conversación radial el dirigente democratacristiano Ricardo Hormazábal contó que se había entrevistado hace pocos días con la Mandataria y que ella le había manifestado que había bajado la cortina para nuevas iniciativas en su Gobierno.
No es de extrañar, entonces, que en lo que va corrido de su segundo mandato, todas las iniciativas le han sido impuestas por movimientos populares en manifestaciones masivas: No+AFP, NO+Femicidios y permanentemente: No+lucro en la educación. ¿Qué iniciativas han tenido los partidos políticos en la gestión de estos temas?: ¡ninguna!
En las décadas desde que se recuperó la democracia, se ha instalado una percepción clara de que tanto en los políticos de izquierda como de derecha existe un problema en la forma de decidir o, dicho en mejor forma, en la incapacidad para tomar decisiones. Eso ha afectado más gravemente a los gobiernos de la Concertación y a la actual Nueva Mayoría.
Un médico que conoce de cerca a la actual Presidenta Bachelet comentó que una costumbre arraigada entre los profesionales médicos que enfrentan a un enfermo grave y cuyo diagnóstico no es claro, es llamar a una “junta” o comisión para que examine el problema y ofrezca una solución. De ahí tal vez la tendencia en sus gobiernos de nombrar tantas comisiones.
Alguien contó con ironía que si el derrumbe de la mina San José hubiera ocurrido en su Gobierno, se habría nombrado una comisión en que al cabo de 15 días habría habido una votación dividida. ¡Adiós mineros!
En el Gobierno de seis años de Ricardo Lagos, se tomaron tres decisiones de gran significado. La primera, fue enfrentar el corte del gas natural desde Argentina, instalando un terminal para importar gas natural licuado en grandes barcos tanques, para que se pueda regasificar en tanques ubicados en tierra y de ahí distribuirlo. La solución ha sido un éxito e incluso el gaseoducto se está usando para reenviar el gas a Argentina, donde hay déficit. Hay que hacer notar que se trató de una decisión forzada, ante la eventualidad de dejar a medio Chile a oscuras.
[cita tipo= «destaque»]En los próximos meses deberá resolverse la renovación de los buses a petróleo del gran Santiago que están cumpliendo su ciclo de vida útil. La decisión afectará la calidad de vida de millones de santiaguinos. Hace diez años la adquisición apresurada de los buses orugas, malos en materia de contaminación, incómodos para los usuarios, con multiplicidad de puertas de bajada que impiden el control del pasaje y con falta de maniobrabilidad en calles estrechas, demostró la incapacidad de tomar decisiones en temas complejos.[/cita]
La segunda gran decisión fue aprobar el trazado de la llamada Costanera Norte, usando parcialmente el cauce del río Mapocho. Hubo gran oposición de diversos sectores, pero finalmente predominó la decisión del propio Lagos y ahora nadie imagina lo que sería el tránsito de vehículos sin esa carretera en el interior del Gran Santiago.
La tercera decisión fue un desastre. El llamado Transantiago, concebido como un cambio del transporte público en superficie hecho como un Big Bang, es decir, en algunas horas pasar del complejo sistema de las micros amarillas con multiplicidad de dueños, a un sistema concesionado a unas pocas empresas. El diseño fue heredado por el primer Gobierno de Bachelet, implementado por gente no especializada, provocando un gran trastorno ciudadano y un despilfarro de dinero, que, a casi 10 años de su estallido, aún no se repone.
Como ocurre muy a menudo en Chile, nunca se pudo ubicar y responsabilizar a quienes tomaron las malas decisiones. Incluso una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, con largo tiempo de discusión, no pudo ubicarlos. La maraña burocrática se especializa en que la responsabilidad se vaya diluyendo en decisiones parciales, que finalmente impiden ubicar los puntos claves en que se produjeron las equivocaciones.
En estos días ocurre algo similar con los errores cometidos en la elaboración de los padrones electorales. Nuevamente la responsabilidad se esconde en diversos organismos estatales, en que cada uno hizo presente a otro la situación y ninguno tomó la iniciativa para enmendarlo oportunamente. La amenaza del nuevo ministro de Justicia de que van a caer cabezas, se perderá en el horizonte, aunque algunas cabezas cambien, pero de color político.
Es claro que en los ejemplos señalados de buenas decisiones, se trató de decisiones relativamente simples, es decir, se trató de resolver una situación que casi no tenía alternativas.
Pero cuando se trata de resolver casos complejos en que intervienen varios factores que se afectan unos con otros, como, por ejemplo, el sistema de transporte público en el gran Santiago, la toma de decisiones falla completamente: el aparato estatal chileno es tan débil en expertos y en temas especializados, que ni la formación de comisiones multidisciplinarias está dando buenos resultados.
Un tema aparte es la intervención de factores externos en la toma de decisiones. El pago de comisiones o sobreprecios que influyen en adoptar malas decisiones, tanto en las decisiones civiles, como en las militares, se ha establecido como un factor presente en muchos casos de importancia nacional. El pago de las llamadas “coimas” no solo afecta el resultado de las decisiones, sino que también corrompe el sistema, captura a funcionarios públicos y los hace esclavos de factores incontrolables por el Estado.
En los próximos meses deberá resolverse la renovación de los buses a petróleo del gran Santiago que están cumpliendo su ciclo de vida útil. La decisión afectará la calidad de vida de millones de santiaguinos. Hace diez años la adquisición apresurada de los buses orugas, malos en materia de contaminación, incómodos para los usuarios, con multiplicidad de puertas de bajada que impiden el control del pasaje y con falta de maniobrabilidad en calles estrechas, demostró la incapacidad de tomar decisiones en temas complejos. En esta materia, que impacta en millones de personas, hay que solicitar al gobierno que la decisión de las nuevas adquisiciones sea tomada con criterios de absoluta transparencia y con participación ciudadana. ¿O se esperará un nuevo movimiento masivo que diga: No+Buses Orugas contaminantes?
Hay que impedir que sean los lobbies de las grandes marcas los que decidan lo que se va a comprar. Hay que exigir propuestas públicas transparentes y que impidan la corrupción Finalmente, pero factor determinante para resolver la calidad de vida en la ciudad: ¡exigir motores ecológicos en el transporte público, a gas natural o con gas metano!
