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Miércoles, 22 de noviembre de 2017 Actualizado a las 04:49

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La deuda del estado con la infancia mapuche

por 27 febrero, 2017

En políticas de infancia, tal como ha sido señalado por organismos internacionales como Unicef, Chile aún mantiene deudas importantes en temas de igualdad, buen trato y garantías de derechos sociales básicos.

La pobreza y la inequidad que afecta a gran porcentaje de niños en Chile sigue siendo una tarea pendiente, que si bien se ha tratado de atender con iniciativas específicas como  Chile Crece Contigo, no logran erradicar las secuelas de la segregación que se reproduce en todos los ámbitos y áreas de desarrollo de un niño. El problema de fondo es la existencia de  un sistema neoliberal que garantiza el bienestar de las familias con poder económico en desmedro de aquellas a quienes el mismo estado niega acceso a derechos básicos para su pleno desarrollo. Salud, educación y recreación son aspectos esenciales de la calidad de vida y de la estimulación del potencial de personas en desarrollo, que han sido históricamente descuidados en las políticas.

Pero un gran tema que urge abordar es el de la discriminación y segregación que, instalados como un discurso aceptado y naturalizado ha llevado a nuestro país y sus políticas a cometer graves errores en su trato hacia la infancia, manteniendo una deuda histórica particularmente con la infancia mapuche.

Como habitante de la región de la Araucanía he conocido de cerca el peso de la discriminación y prejuicio que pesa sobre los mapuche. Pero sobre todo la increíble invisibilización de que han sido objeto.

La situación de la infancia mapuche es un tema solo visibilizado a nivel del activismo que compromete su accionar en la denuncia de los atropellos que afectan a las comunidades en territorio mapuche. La negligencia del estado en garantizar los derechos fundamentales para esta infancia queda de manifiesto si se analiza desde el incumplimiento de la perspectiva de Derechos emanada de la ratificación de la Convención de Derechos del Niño, suscrita por Chile el año 1990. Muy por el contrario,  se ha contribuido a la violación de derechos humanos por parte del estado. La situación de abuso, hostigamiento, amedrentamiento, discriminación y violencia sistemática tanto de carácter física como psicológica ha sido objeto de reportes desde hace al menos 12 años. El Servicio de Salud Araucanía Norte el año 2004 ya alertaba sobre los efectos de los procedimientos policiales sobre niños y adolescentes.

Se ha documentado por parte de equipos profesionales de servicios de salud de las zonas afectadas el impacto traumático que los procedimientos policiales han significado para un sinnúmero de niños, desde lactantes hasta adolescentes. Estos mismos servicios de salud tanto de la provincia de Malleco como Cautín han debido atender urgencias de niños heridos con perdigones, con asfixia por bombas lacrimógenas, lesiones diversas en contexto de violentos allanamientos. Pero existen también lesiones más permanentes y complejas que son las secuelas psicológicas, que en términos psiquiátricos constituyen cuadros clínicos de complejidad diversa. Entre ellos se han documentado trastornos de ansiedad, cuadros depresivos y alteraciones del sueño y somáticas tales como enuresis y/o dolores y malestares físicos en respuesta al trauma que vive cotidianamente esta infancia que es, como ya he señalado, invisibilizada. Estos niños y adolescentes han visto alterado su normal desarrollo por la violencia institucionalizada y avalada por un estado indolente que ampara a los agresores con un manto de impunidad, lo que resulta grave. Las prácticas de seguimiento, simulacros de fusilamiento a los padres, allanamientos de madrugada, el uso de bombas lacrimógenas son todos métodos ensayados bajo el régimen de dictadura que vivió nuestro país y que aún nos mantiene sin poder acceder a la reparación del daño causado ni mucho menos a la reconciliación. Parece increíble que no hayamos sacado lecciones de nuestro doloroso pasado reciente. En el territorio mapuche se han visto reeditadas muchos de los métodos que se usaron bajo dictadura desde organismos como Carabineros y la PDI.

El último informe de Amnistía Internacional, recientemente dado a conocer, revela que precisamente la impunidad frente al abuso policial es motivo de preocupación en materia de Derechos Humanos en nuestro país, siendo especialmente relevante el territorio mapuche. En cuanto al daño a la infancia mapuche, Unicef ya había hecho mención previamente.

El maltrato y abuso que vive la infancia en general en nuestro país no es solo responsabilidad de familias o padres con la etiqueta “negligentes”. Hay también un estado “negligente” toda vez que la conceptualización alude a la conducta de no garantizar los cuidados necesarios por dejar de hacer lo que debe, por no actuar cuando se debe.

Al respecto es pertinente y necesario recordar lo ocurrido hace un par de meses a Brandon Hernández Huentecol, adolescente mapuche, de 17 años, quien recibió 100 perdigones por la espalda por parte de un funcionario de Carabineros cuando el joven intentaba proteger a su hermano menor, hecho simplemente irracional y aberrante. Tolerar que las fuerzas policiales en un estado que se dice democrático lleven adelante tal abuso de poder al atentar directa y alevosamente  contra la integridad de un menor de edad es inaceptable. No rechazar estas acciones involucra condonar y normalizar el atropello de niños y adolescentes por los mismos agentes de un estado que debiera proteger de cualquier daño.

Pero estas acciones no son nuevas, diferentes recursos judiciales han sido presentados por organismos defensores de derechos humanos. El año 2012,  acogiendo una presentación de INDH y la Defensoría Penal Pública frente a una actuación violenta de Carabineros en Temucuicui,  la Corte de Apelaciones de Temuco ordena a Carabineros abstenerse de medios disuasivos violentos en contra de menores de edad. La medida fue posteriormente ratificada por la Corte Suprema, que ordenó una investigación sobre el actuar policial en aquel entonces.

En lo especifico parte del fallo conminaba a que: “ Carabineros de la prefectura de Malleco debe ajustar estrictamente sus procedimientos a la ley vigente absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración en cuanto a los medios de disuasión que se utilicen para controlar a grupos de personas..., y en especial cuando dentro de dichos grupos de personas puedan haber niños y niñas".

Lo que ha ocurrido es un incumplimiento del fallo emanado de la autoridad judicial y una muestra más, entre muchas, que los funcionarios policiales actúan al margen de la Ley.

Brandon, que debió permanecer varias semanas internado en una clínica  es un menor de edad que bajo esta criminal acción estuvo en riesgo vital. No logro entender cómo la sociedad chilena puede permanecer tan pasiva frente a estos atropellos a la infancia que constituyen violación de derechos humanos gravísimas, al ser perpetradas con alevosía frente a un niño indefenso por agentes del estado.

Este hecho ha pasado mayormente desapercibido para la opinión pública y las autoridades no han hecho pronunciamiento al respecto, mientras Carabineros sostiene la tesis de un “accidente”. Tampoco ha habido desde el  Servicio Nacional de Menores ninguna acción o declaración al respecto, organismo cuya misión es precisamente garantizar la protección de los derechos de la infancia.

El maltrato y abuso que vive la infancia en general en nuestro país no es solo responsabilidad de familias o padres con la etiqueta “negligentes”. Hay también un estado “negligente” toda vez que la conceptualización alude a la conducta de no garantizar los cuidados necesarios por dejar de hacer lo que debe, por no actuar cuando se debe. Y la gran diferencia con el nivel privado de la negligencia que pueden ejercer las familias, es que estas últimas muchas veces llegan a incurrir en ella por ignorancia, producto de su marcada marginación o por falta de recursos de toda índole (personales, intelectuales, materiales). En cambio la negligencia del estado es con pleno conocimiento de causa, con claridad de aquello a lo que se comprometió a garantizar cuando se firmaron los  tratados como la Convención de los Derechos del Niño, con pleno conocimiento de la obligación que le asiste en proteger  a la infancia y garantizar el ejercicio de sus derechos, desde el derecho  a la vida y a desarrollarse en  un contexto libre de violencia. Pero falla el estado sistemáticamente,  no rectifica ni hace un mea culpa, porque mantiene la impunidad de los abusadores y no adopta las medidas que debe, es un estado negligente en la protección de su infancia, pero además es discriminador porque permite la vulneración de la infancia mapuche, que carga ya con el peso histórico del despojo, la marginación y las condiciones de pobreza que cuya responsabilidad también le compete al estado.

Sin duda, aún falta mucho por hacer para saldar de deuda con la Infancia en general, pero en particular con la infancia mapuche. Comprometerse con esa tarea debiera empezar a ser el deber pendiente en nuestra sociedad tan nublada por el clasismo y el racismo.

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