El 11 de marzo de 2009, Alejandra Sepúlveda, junto a cinco diputados más, votamos en contra del cambio a voto voluntario, oponiéndonos fuertemente a la reforma constitucional que dispuso en el artículo 15: “En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario”; hubo además tres abstenciones y 94 votos a favor. Se cerraba así un ciclo para la institucionalidad y organización política del país y se iniciaba una nueva etapa, que según los defensores de esta modificación constitucional abriría el camino a la profundización democrática y a las nuevas generaciones.
Los grandes impulsores del voto voluntario al poco tiempo de promoverlo cambiaron de opinión a la luz de los resultados de las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales que se han sucedido; un aumento constante de la abstención electoral que, al igual que en la década del 20 del siglo XX, pone en cuestionamiento la legitimidad y la firmeza del sistema político chileno, si bien no su legalidad.
Con el fin al voto obligatorio en Chile se cerró un ciclo político marcado por la centralidad de dos instituciones: 1) los partidos políticos cuya funcionalidad estaba dada por mediar las relaciones entre ciudadanía y estado; y 2) el voto que definía la ciudadanía y circunscribía el rol de esta. Desde el punto de vista ideológico, filosófico y académico, los defensores del voto voluntario prometían desde mejoras en la representatividad, exigencias normativas, inclusión política, hasta aspectos de administración de la democracia. Nunca vieron que la centralidad del problema en Chile es como asegurar, una mejor forma de repartir el poder entre los distintos actores de una comunidad política, económica y socialmente tan desigual.
Esta mejor distribución del poder supone la existencia de una herramienta segura, que disminuya la incertidumbre y que asegure la representación adecuada de la voluntad de las personas en el sistema político, para que éste funcione y se transforme en un elemento integrador y en una herramienta de la democracia. En este contexto, uno de los temas principales de la democratización política de Chile, históricamente ha pasado por la participación de la ciudadanía en un acto que había definido la legitimidad del sistema: el sufragio, cuyos efectos son centrales e incomparables en un sistema democrático; porque el voto obligatorio fue siempre una conquista de la centro izquierda chilena, la herramienta que permitió ampliar la masa electoral y acercar al pueblo al poder. De hecho, en el convencimiento que a mayor cantidad de votantes aumentaba la representación de los sectores populares, se movilizaron los partidos de centro y de izquierda para tratar de conseguir adherentes y votantes.
Desde 1964, (primera elección presidencial con voto femenino y obligatorio) hasta 1971, cuando se les da derecho a voto a los analfabetos, dicha base se amplió sistemáticamente incorporando a la vida política hasta el 44,1 % de la población chilena, cifra impresionante si se compara con 1925, bien entrado el siglo XX, donde votaba el 7.7% de la población nacional y el voto era voluntario.
A partir del quiebre institucional de 1973, borrado cualquier espacio de participación ciudadana, la dictadura reorientó el esquema de poder para defender los intereses del sistema neoliberal que adoptó en los 80 con la adscripción al Consenso de Washington. El objetivo de control sobre la participación política y el tutelaje sobre la naciente democracia queda en evidencia con el doble carácter del voto, si bien se mantiene la obligatoriedad del sufragio, la inscripción es voluntaria por lo que no están todos invitados a reconstruir el país, solo aquellos que manejan los códigos del mundo político tradicional. El resultado de este esquema es que se hace predecible el comportamiento electoral de los chilenos y de la mano con el sistema binominal, perfilan un esquema de poder funcional al régimen político-económico que se observa imbricado y colonizado en ambas direcciones.
En esta vuelta al voto voluntario, paradojalmente encabezada por gobiernos socialistas con Lagos y Bachelet, e implementada “ágilmente” por un gobierno de la derecha, se ha tensionado de tal forma la institucionalidad política que su puesta en marcha significó, en los hechos, el cierre de la etapa conocida como la transición. La transición democrática terminó entonces con la desestructuración y el debilitamiento de la orgánica pública y el hito que cierra este proceso es la promulgación de la ley voto voluntario. Los presidentes impulsores al poco tiempo mostraron su arrepentimiento, el presidente que la implementó, por supuesto que no, al contrario, espera seguir beneficiándose.
Actualmente la participación de los chilenos y las chilenas se ha vuelto más compleja. La ciudadanía se ha resignificado y el voto es una institución incompleta que además de hacer operar el sistema casi como censitario (en el sentido que concurren a las urnas aquellos que sienten que tienen algo que defender) se comporta como clientelar.
[cita tipo=»destaque»]El tiempo nos dio la razón. La reforma fue un gran error. Chile, al recuperar la democracia recuperó también la “mesa de los ciudadanos”, donde todos debían concurrir a votar, y donde si no gustaba ningún candidato u opción, igual se participaba, por último anulando el voto o depositándolo en blanco, pero participando y se era parte de la ciudadanía activa.[/cita]
El voto obligatorio implicaba una unidad, un cuerpo social diferenciado por un derecho y un deber, una identidad que daba pertenencia y sentido a un sistema político que originaba poder legítimo, donde todos eran iguales en impacto e influencia. El voto voluntario en Chile, rompe ese sentido y expulsa del sistema político a aquellos que no están dispuestos a reproducir el sistema de poder por las razones que sea.
El problema es que no da salida a esta nueva ciudadanía incompleta donde los canales de participación nuevos son movimientos sociales como movimientos estudiantiles, movimientos por los derechos de las minorías sexuales, por la ley de aborto, en contra de las AFP, por causas ambientales etc, que surgen al alero de activistas y líderes contextuales, que se han caracterizado por convocar grandes masas de manifestantes pero que han buscado principalmente influir en el poder y en la opinión pública a través de la denuncia y el discurso reivindicativo. Algunos han logrado pasar de un discurso por reivindicaciones específicas a uno global de carácter político. Hay que esperar entonces el resultado en las urnas para evaluar su desempeño, y considerar que en un esquema donde la relación mediatizada por los partidos políticos está quebrada tal vez no resulten ser más que otro mecanismo de reproducción de este esquema de poder.
El tiempo nos dio la razón. La reforma fue un gran error. Chile, al recuperar la democracia recuperó también la “mesa de los ciudadanos”, donde todos debían concurrir a votar, y donde si no gustaba ningún candidato u opción, igual se participaba, por último anulando el voto o depositándolo en blanco, pero participando y se era parte de la ciudadanía activa. Hoy, el voto voluntario y la no participación, además de la expresión politica propiamente tal de no sufragar, implica la separación de la política (y los políticos) que votan, del resto de los ciudadanos que no lo hacen y que son mayoría, profundizando la crisis. “Allá están ellos, los que votan con sus políticos, al lado de los poderosos, todos juntos donde no se distingue color político, se ven todos iguales; y acá nosotros, los que no votamos, para qué, si nada cambia, el pueblo abusado”, podría ser la síntesis.
Es tiempo de un nuevo pacto social, una nueva constitución y una inclusión real de todos los miembros de esta comunidad. Los regionalistas estamos abriendo un camino. Esperamos confluir con muchas otras voluntades y miradas políticas para construir un frente real por la diversidad, la inclusión y respeto por los derechos humanos en su sentido más amplio; y por un futuro verde y sustentable, donde todos seamos protagonistas de nuestros sueños y esperanzas.
