La ausencia en Chile de un genuino interés por los asuntos ambientales fue una de las causas que provocó una agudización del desequilibrio existente entre logros económicos y carencias sociales. Para la mayoría de las personas, la calidad ambiental no formaba parte de sus prioridades, por ello los diversos gobiernos, los inversionistas, los empresarios y los políticos se pudieron dar el lujo de ignorarla.
A la inmensa mayoría de los ciudadanos no les molestaba convivir con problemas tales como el ruido, desertificación, vertederos, desaparición de áreas verdes, contaminación del aire y de las aguas, ruido, depredación del bosque nativo, incendios forestales, entre otros. Con una mirada superficial, ajena a toda ética, buena parte de la gente aceptaba la degradación del medioambiente, convencidos que era el precio a pagar por acelerar nuestro crecimiento económico. Felizmente, después de los Casos Til-Til y Dominga, todo esto ha comenzado a cambiar, una corrección de rumbo largamente esperada.
Se ha dado un remezón a las conciencias demostrando que es posible iniciar la eliminación de las causas de la mayoría de los problemas ambientales si es que los procesos conducentes a la adopción de decisiones se realizan de otra manera. La persistencia de la mayoría de nuestros problemas ambientales se debió hasta ahora, en gran parte, a que las decisiones respecto a grandes proyectos de inversión, infraestructuras y manejo de recursos naturales se adoptaron sin la consulta ni la participación de las comunidades locales y de otros actores sociales.
En el fondo, este era el gran obstáculo a vencer, que siempre constituyó el principal motivo del desprecio que prevalecía hasta ahora por la gestión ambiental. Motivo que hizo que muchos inescrupulosos se atrevieran a plantear que cualquier intento de tomar en serio la protección ambiental podría provocar un retraso al desarrollo social y crecimiento económico. Se han acumulado muchas malas experiencias al respecto y ya era hora que terminara.
Por ejemplo, la degradación del bosque nativo y la contaminación de los cursos de agua son resultados de procesos viciados que anteceden a la adopción de decisiones. La tala ilegal del bosque en la mayoría de los casos prevalece en las zonas donde se menoscaba a las comunidades que viven en y dependen de los bosques. Las decisiones que provocaron un aumento de la contaminación de las aguas por desechos industriales, a menudo fueron adoptadas a puertas cerradas, concediéndose escaso valor a la protección de los hábitats naturales, ó a la calidad y cantidad del suministro a los habitantes.
[cita tipo=»destaque»]Una meta deseable sería alcanzar un compromiso claro entre la ciudadanía, las empresas y el gobierno en el cual se reconozca que la gestión ambiental no está restringida a las decisiones sobre asuntos ecológicos sino que está ligada al desarrollo social y al crecimiento económico.[/cita]
Por lo general, las actividades pro-crecimiento concebidas sin la participación de las comunidades locales y de otros grupos afectados, beneficiaron a muy pocos, perjudicaron a la mayoría y destruyeron los ecosistemas. Las decisiones adoptadas sin transparencia y sin la participación de todos los grupos de interés son un tipo de insuficiencia que no se puede seguir aceptando.
Para continuar avanzando por terreno seguro será necesario realizar un diagnóstico rápido sobre los procesos vigentes para la adopción de decisiones. Hay que identificar las experiencia valiosas, reconocer los avances y los fracasos. No sólo habrá que evaluar al Ministerio del Medio Ambiente, sino a muchas otras instituciones ligadas a los asuntos ambientales, que desde distintos ángulos contribuyeron al fracaso de la gestión medioambiental.
Es preciso realizar este tipo de evaluaciones no sólo en el ámbito público sino también en el privado, y ojalá sean evaluaciones independientes. Disponer de esta información nos podría entregar un marco de referencia para identificar las virtudes y los defectos de los mecanismos e instituciones utilizados a la fecha.
Una meta deseable sería alcanzar un compromiso claro entre la ciudadanía, las empresas y el gobierno en el cual se reconozca que la gestión ambiental no está restringida a las decisiones sobre asuntos ecológicos sino que está ligada al desarrollo social y al crecimiento económico.
Tenemos que seguir insistiendo para que avancemos hasta que sean una práctica común tanto la armonización de los procesos productivos con el control de la contaminación, como la ordenación del territorio con la gestión de espacios naturales protegidos. Siempre respetando a las poblaciones locales y protegiendo la diversidad biológica en nuestros ecosistemas. Todo esto lo deberían saber nuestros gobernantes, legisladores y decisores o lo pueden aprender.
En las empresas públicas y privadas también saben o deberían saber que existen tecnologías ambientalmente sanas, disponibles en el mercado mundial, cuya adquisición es rentable en el mediano o largo plazo. Saben todas ellas que pueden disponer si se lo proponen de todo lo necesario para lograr máxima rentabilidad económica y ambiental en sus proyectos y actividades de desarrollo. ¿Por qué no lo hacen?
Por una parte, porque no auspiciamos una participación real que abra espacios para influir oportunamente en la preparación de las decisiones. Por otra, porque no tenemos una política nacional ambiental que asegure que cuando se adopten decisiones sobre proyectos de inversión no sólo se tengan presentes valores económicos e intereses políticos de corto plazo, sino que primen valores éticos, tanto hacia nuestra sociedad como a la naturaleza.
El desempeño ambiental de nuestro país, por el cual somos evaluados periódicamente por ser miembro de la OECD, tiene que transformarse en un pilar importante para potenciar nuestro crecimiento económico ya que los inversionistas desean estabilidad y transparencia. ¿Cuáles deberían ser los principales elementos que definan a nuestra gestión ambiental en los años venideros como una efectiva función del Estado Moderno Chileno?
En primer lugar, fortalecer al Ministerio de Medio Ambiente con mayor autoridad política como la demostrada en el Caso Dominga. Segundo, adoptar una política nacional ambiental claramente definida, asunto al cual todos los gobiernos desde el retorno a la democracia han tratado por todos los medios de esquivar. Tercero, en consonancia con todo lo anterior será inevitable actualizar y mejorar nuestra ley ambiental a la luz de la nueva política nacional ambiental que se adopte. Toda ley que no tiene como referencia y principio rector una clara política definida de antemano, es letra muerta, ineficaz e ineficiente como nuestra ley de medio ambiente. En el mes de la Patria podemos terminar exclamando: ¡Ahí ‘ta la madre del cordero!
