A un siglo de ser reconocidos legalmente como “cirujanos dentistas” –por la ley 3.301–, los odontólogos poco tenemos que celebrar: si bien nuestra historia institucional en Chile comienza con la proeza loable del Dr. Germán Valenzuela Basterrica, a quien se le adjudica la creación de la primera facultad de odontología del país, lo cierto es que la historia de nuestra profesión como la conocemos actualmente no comienza en 1917 como nos han dicho, sino que en marzo de 1981; fecha en que entra en vigencia la Constitución Política de la República de Chile.
El antedicho documento consagra en su tercer capítulo el rol subsidiario del Estado chileno en materias de salud y educación, garantizando acceso más no cobertura ni financiamiento de dos pilares fundamentales para la reducción de inequidades en nuestro país, estableciendo de esta manera una falsa “libertad de elección”, y favoreciendo así la instalación de “nichos” empresariales en estos sectores. Lo anterior se traduce en la proliferación desproporcionada de instituciones privadas educativas y de salud en nuestro país, con la consiguiente apertura de numerosas sedes universitarias de carácter privado que imparten la carrera de odontología, y de múltiples megaprestadores de salud que contratan odontólogos para cubrir las necesidades de su cartera de convenios.
Al año 2017 son 32 las escuelas de odontología vigentes a nivel nacional, con aranceles que fluctúan “inexplicablemente” entre los $3.5 y los $7.5 millones de pesos al año –sin considerar gastos en materiales o el pago de tratamientos a pacientes para poder aprobar el año académico–, y con 2.326 matrículas anuales en un rango de 20 a 155 cupos por sede universitaria, contando inclusive algunas universidades con hasta 4 sedes que imparten la carrera a lo largo de todo Chile. Es por esto, que se ha gatillado una sobre oferta profesional de un dentista por cada 827 habitantes, cifra muy por sobre la recomendación de la OMS de 1 por cada 2.000 habitantes, y que a raíz de la baja implementación de boxs dentales en el sistema público, se traduce en una sobreoferta del 807,83% en el sistema privado; es decir, un dentista cada 247 habitantes.
[cita tipo=»destaque»]Los dentistas recién egresados, en medio de un panorama en el que se ven desfavorecidos, están forzados en su mayoría a comenzar a trabajar en megaprestadores privados de salud donde muchas veces son tratados como mano de obra desechable debiendo soportar, entre otras cosas, cambios de contrato de manera unilateral, el pago de hasta de un 15% del total de actividades que realizan, no tener derecho a vacaciones ni a licencia médica, y el amedrentamiento constante de sus empleadores, quienes en conocimiento de la situación actual, deslizan de cuando en vez la posibilidad inminente de ser reemplazados.[/cita]
Es ante este escenario de sobre oferta odontológica en el sector privado por un lado, y al déficit de un 38,37% en el sector público por el otro, en donde nuestro sistema económico toma ventaja de los profesionales jóvenes en el campo laboral: los dentistas recién egresados, en medio de un panorama en el que se ven desfavorecidos, están forzados en su mayoría a comenzar a trabajar en megaprestadores privados de salud donde muchas veces son tratados como mano de obra desechable debiendo soportar, entre otras cosas, cambios de contrato de manera unilateral, el pago de hasta de un 15% del total de actividades que realizan, no tener derecho a vacaciones ni a licencia médica, y el amedrentamiento constante de sus empleadores, quienes en conocimiento de la situación actual, deslizan de cuando en vez la posibilidad inminente de ser reemplazados.
Actualmente, el empresariado no sólo contribuye a la precarización laboral de los odontólogos, sino que además ha colaborado de manera importante al desprestigio de la profesión en pos de la vulneración de los derechos de los pacientes: la utilización de promotoras que ofrecen diagnósticos gratuitos y falsas ofertas, la priorización del volumen de atenciones entregadas por sobre la calidad de las mismas, la reducción de costos en materiales para aumentar las ganancias y los falsos diagnósticos para engrosar la cartera de pacientes, son sólo algunas de las estrategias utilizadas para maximizar las utilidades; algunas de ellas denunciadas habitualmente en el SERNAC o en programas de televisión como “Dentistas a Prueba”.
Aunque en amplio conocimiento de esta situación, el gremio odontológico sólo ha sido capaz de movilizarse –únicamente y de manera inaudita– en marzo de 2016 para evitar su exclusión de la Ley Médica, mientras que en materia del control de la sustantiva cantidad de egresados, el Colegio de Dentistas ha fomentado el proyecto de ley que pugna por una acreditación de calidad obligatoria de la carrera; legislación que no considera el control de matrículas por año. Si bien no me es posible desconocer estas pequeñas victorias, es en el entendido de una profesión que cumple su primer centenario arraigada en nuestro país, que se hace necesario reflexionar sobre cómo los aspectos estructurales de una constitución ilegítima permean no sólo en las condiciones laborales de nuestra profesión, sino que además en la vida de nuestros pacientes y en la contribución de nuevos cesantes ilustrados producto de una relación ininterrumpida entre el empresariado, la educación y la salud.
