miércoles, 17 de octubre de 2018 Actualizado a las 20:48

Opinión

Autor Imagen

Abusos en colegios católicos financiados por el Estado

por 29 mayo, 2018

Abusos en colegios católicos financiados por el Estado
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

Se entiende por “Escuela Católica” aquella que dirige la autoridad eclesiástica competente o una persona jurídica eclesiástica pública, o que la autoridad eclesiástica reconoce como tal mediante un “documento escrito”. (Canon 803 nro. 1. Código de Derecho Canónico)

En cifras de 2012, conforme a estadísticas preparadas por el Hermano Marista Aldo Passalacqua, varias veces Presidente de Fide (asociación de directores de colegios católicos), prácticamente medio millón de menores de edad son atendidos por establecimientos confesionales dependientes de la iglesia Católica y de sus congregaciones, con financiamiento total o parcial de origen estatal.

Los Hermanos Maristas, la Congregación Salesiana, las Hijas de María Auxiliadora, los colegios de la Fundación de Magisterio de la Araucanía, la Fundación Belén Educa (dependiente del Arzobispado de Santiago), entre otros, son los megasostenedores de este subsector de la educación subvencionada.

Sabidos son los casos de abusos sexuales denunciados respecto de sacerdotes y religiosos que se desempeñaron en Los Hermanos Maristas y la Congregación Salesiana. Y de seguro, tras la reacción del Vaticano frente a la infatigable labor de denuncia de los agredidos por Karadima, serán muchos otros los casos que serán denunciados a partir de la muestra de pérdida de poder, o de la debilidad de la iglesia Católica, por su incapacidad para impedir las agresiones de los dominadores hacia los dominados con motivo de la educación recibida, de la asesoría espiritual, o derechamente del abandono, en el caso de hogares de menores administrados por instituciones católicas.

Bien es sabido por los psicólogos forenses que los pederastas buscan el ámbito o contexto en que pueden buscar y detectar a sus víctimas, ganar su confianza y la de sus familias, agredirlas y violentarlas sexualmente, minimizando la posibilidad de ser descubiertos, o más bien, que las víctimas se atrevan a denunciar.

Por otra parte, las entidades rentistas o propietarias de los inmuebles escolares católicos por las utilidades recibidas por arriendos (regulares o informales) gozan de decretos particulares de exención al impuesto de primera categoría (impuesto a la renta), principalmente otorgados en el siglo pasado, exenciones que el Servicio de Impuestos Internos no cuestiona, otorgando un trato discriminatorio respecto de otros contribuyentes que cumplen igual rol de arrendamiento de un inmueble escolar. También en el ámbito tributario está la nula fiscalización del IVA tratándose de colegios técnicos profesionales que venden su producción o prestan servicios gravados por este impuesto.

Los colegios, en este sentido, sirven de ámbito o contexto muy propicio para los pederastas, y con mayor razón para sacerdotes y religiosos que incurren en delitos sexuales contra menores, y que a un mismo tiempo se erigen como líderes espirituales de las comunidades escolares.

Pero esto no es lo único que propicia o favorece la impunidad de los abusos sexuales en los colegios católicos. Y el Estado a través de sus organismos tiene mucha responsabilidad en que esta lacra haya podido desarrollarse durante tanto tiempo en nuestro país.

Veamos, siempre desde la perspectiva de los colegios católicos que reciben financiamiento estatal.

En las nóminas de personal no docentes suelen incluirse como trabajadores de los establecimientos educacionales a religiosos y religiosas que ni siquiera cumplen alguna función concreta dentro de los colegios. A veces estos contratos ficticios sirven para financiar los cuidados de religiosos y religiosas de avanzada edad y que no cuentan con recursos propios para sufragar esos gastos en atención a sus votos de pobreza u obediencia y la vida en comunidad. Estos religiosos a veces interactúan con menores libremente al interior de los inmuebles escolares.

En ocasiones las entidades sostenedoras de estos colegios subvencionados son personas jurídicas, concedidas a sola firma por Obispos y Arzobispos, con absoluta prescindencia de las normas generales sobre constitución y supervisión de este tipo de entidades, y desde luego, sin observar las normas tributarias de abuso de forma. En el Ministerio de Educación mensualmente autorizan el pago de subvención a entidades que sólo sirven de fachada o de rut “cáscara” para traspasar el saldo de todos los recursos estatales recibidos, tras el pago de remuneraciones y gastos de consumos, a las congregaciones de las que dependen o a las diócesis o arquidiócesis.

Por otra parte, las entidades rentistas o propietarias de los inmuebles escolares católicos por las utilidades recibidas por arriendos (regulares o informales) gozan de decretos particulares de exención al impuesto de primera categoría (impuesto a la renta), principalmente otorgados en el siglo pasado, exenciones que el Servicio de Impuestos Internos no cuestiona, otorgando un trato discriminatorio respecto de otros contribuyentes que cumplen igual rol de arrendamiento de un inmueble escolar. También en el ámbito tributario está la nula fiscalización del IVA tratándose de colegios técnicos profesionales que venden su producción o prestan servicios gravados por este impuesto.

En cuanto a los privilegios procesales en el ámbito judicial, ya son de público conocimiento que los religiosos y religiosas pueden invocar su derecho a no comparecer personalmente a los tribunales y acogerse a la modalidad de declarar a través de un oficio.

Y suma y sigue. Mucho son los factores que en conjunto trasuntan un rol o posición de autoridad civil que pueden ocupar en los hechos religiosos y religiosas, y eso evidentemente que distorsiona cuál es su función propia, la de un ámbito propiamente espiritual, en el contexto de la libertad religiosa que todo ciudadano tiene libre derecho de ejercer. Es como si nuestra precaria institucionalidad potenciara la aparición de estos “Karadimas”, con apariencia de poder y posición de dominación frente sus víctimas.

La deuda está en la ausencia de Concordato, que regule las relaciones entre Iglesia y Estado, como ocurre en los países civilizados, qué decir en los mentados miembros de la OCDE. Como puede apreciarse no basta con pedir mil veces perdón y misericordia. Corresponde que nuestras autoridades civiles pongan coto a estos contextos de privilegios, y transparenten la labor de la Iglesia Católica y de sus congregaciones en todos los ámbitos en que supuestamente están colaborando con acciones de bien común en nuestro país.

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV