Opinión
El senador Latorre recientemente lanzó la campaña “endeuda2” que tiene por objetivo difundir sus principales críticas al Nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) que propone el Ejecutivo para reemplazar al Crédito con Garantía Estatal (CAE). Los argumentos que ahí se exponen pueden ser agrupados en cuatro grandes temas: crédito v/s gratuidad, incentivos a las instituciones de educación superior (IES), problemas de endeudamiento excesivo y solidaridad del sistema. Sobre cada uno de éstos, es importante conocer algunos antecedentes adicionales que no forman parte de dicha propaganda.
Varios actores, como también algunos de los parlamentarios involucrados en esta discusión legislativa, han alegado que el SIFS compite con la gratuidad al entregar más recursos por alumno a las instituciones: mientras que esta última entrega el arancel regulado, el crédito le agrega un porcentaje de la diferencia entre arancel real y arancel regulado, el que va a depender de la acreditación y la vulnerabilidad de sus estudiantes. Esto constituiría un incentivo para las IES a salirse del esquema de financiamiento gratuito. Sin embargo, lo que no se menciona es que la implementación de la gratuidad ha implicado una disminución importante de recursos para el sistema de educación superior, el que, de acuerdo a nuestras estimaciones, superó los 17 mil millones solo en 2017. Lo anterior ha tenido un impacto negativo y significativo en la calidad de las instituciones adscritas. Por esto, el esfuerzo de nuestros senadores debiera estar en empujar una mejora de esta política, más que en empeorar este proyecto de ley.
[cita tipo»destaque»]La propaganda tampoco menciona que el nuevo sistema resuelve los problemas de diseño del CAE que llevaron a un sobreendeudamiento de los estudiantes. La universalización de los beneficios de la contingencia al ingreso permitirá que el monto del pago mensual no agobie a los futuros profesionales. La baja tasa de interés (2%) implica un subsidio potente por parte del Estado. Además, la iniciativa incluye la suspensión de pago por cesantía y por bajos ingresos, y la condonación de la deuda tras 180 cuotas pagadas o suspendidas. Por otra parte, el sistema de restitución para los trabajadores formales e independientes se prevé sumamente eficiente. Así, combinado con condiciones de contingencia al ingreso muy favorables, el SIFS hará tanto el sobreendeudamiento como la morosidad casos muy aislados.[/cita]
Por otra parte, en la campaña liderada por el Frente Amplio también se dice que la propuesta del gobierno implica incentivos para que las IES inflen artificialmente sus aranceles. Esto es discutible y simplista. La fijación de precios para los más vulnerables provocará que las instituciones se ajusten estratégicamente al máximo arancel que el Estado les permita cobrar, lo que en casos de instituciones de baja calidad, podría implicar una inflación artificial. Para las IES de mayor calidad, esto funciona al revés, pues deberán disminuir sus aranceles para ajustarse al precio estatal, dada la prohibición de cobrar. Para el caso de los menos vulnerables se fija un tope a financiar, lo que, en la medida que haya algo de competencia, puja hacia abajo los aranceles. Además, se hace responsable a la IES de la diferencia entre el arancel regulado y el real, transfiriéndole parte del riesgo de no pago mediante la garantía. Así, el contenido del proyecto de ley va justamente en la línea contraria a lo que se critica, dado que pone incentivos para no aumentar el precio que se le cobra a los estudiantes. Esto tiene un lado negativo para las instituciones: se limita fuertemente su capacidad de financiar su desarrollo y sus iniciativas de calidad, al restringir su financiamiento solo a lo que el Estado está dispuesto a pagar.
Adicionalmente, los datos muestran que los aranceles en términos reales han subido levemente en los últimos 10 años, periodo en el que existía menos regulación que la que se tiene post-gratuidad. Por lo que, si bien debería ser algo en lo que poner atención, esta preocupación hasta el momento no parece manifestarse en las cifras.
La propaganda tampoco menciona que el nuevo sistema resuelve los problemas de diseño del CAE que llevaron a un sobreendeudamiento de los estudiantes. La universalización de los beneficios de la contingencia al ingreso permitirá que el monto del pago mensual no agobie a los futuros profesionales. La baja tasa de interés (2%) implica un subsidio potente por parte del Estado. Además, la iniciativa incluye la suspensión de pago por cesantía y por bajos ingresos, y la condonación de la deuda tras 180 cuotas pagadas o suspendidas. Por otra parte, el sistema de restitución para los trabajadores formales e independientes se prevé sumamente eficiente. Así, combinado con condiciones de contingencia al ingreso muy favorables, el SIFS hará tanto el sobreendeudamiento como la morosidad casos muy aislados.
A lo anterior se suma que los recursos serán entregados y administrados por una sociedad anónima estatal, terminando con la participación de los bancos. El proyecto prohíbe el copago hasta el decil 6 y, desde el decil 7, los estudiantes tendrán que financiar la diferencia entre el arancel regulado y el real. Los mecanismos para esto pueden ser diversos y efectivamente existe la posibilidad de recurrir a la banca. La forma de eliminar dicha posibilidad es aumentar los recursos entregados para igualarlos con el arancel real, lo que es contradictorio con lo que el mismo senador expone entre sus argumentos. Tal como lo están empezando a hacer los países más desarrollados, para tener un sistema de calidad y competitivo es fundamental compartir el costo de la educación superior entre el Estado y los privados.
Por último, se señala que el sistema propuesto no es solidario, y, al menos en lo teórico, no se equivoca, ya que quienes tienen más no aportan en una mayor proporción. Sin duda aquí hay una ventana donde se puede seguir avanzando, por ejemplo, a través de tasas o cuotas diferenciadas por nivel socioeconómico. Sin embargo, es importante que quienes tienen la responsabilidad de legislar en estas materias entiendan y reconozcan que requerimos de créditos que sean complementarios a la gratuidad, pero que también permita que los estudiantes que eligen las instituciones que no adhieren a esta política tengan acceso a ayudas estudiantiles correctamente diseñadas. Esto está establecido en la Ley de Educación Superior publicada hace solo algunos meses, y, si bien se trata de una propuesta perfectible, esta iniciativa resuelve los problemas de diseño del CAE y avanza en la línea correcta.
