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Viernes, 17 de noviembre de 2017 Actualizado a las 22:32

Editorial

HidroAysén: una señal de cordura

por 13 junio, 2014

 HidroAysén: una señal de cordura
La decisión del Comité de Ministros de quitar la autorización ambiental al proyecto HidroAysén, viene a reparar no sólo los aspectos defectuosos del proyecto mismo, sino a alumbrar una rectificación en materia de transparencia y eficiencia administrativa, que debiera fortalecer el papel de los organismos técnicos del Estado.

La decisión del Comité de Ministros que rechazó la construcción de HidroAysén, constituye una señal de cordura del gobierno de Chile sobre un tema política, social y técnicamente controvertido. Ella fortalece tres principios esenciales de un Estado de derecho: la plena igualdad ante la ley, la obligatoriedad de cumplir fielmente las normas legales pertinentes, y la confianza en los procedimientos administrativos como algo no discrecional. Además, alinea al Ejecutivo con la doctrina de los tribunales de justicia de considerar los proyectos en su integridad, y resolver bajo ese criterio los litigios que emergen de ellos, cuyo ejemplo más cercano es lo ocurrido con el fallo de la Corte Suprema en el caso de la Central Castilla.

El proceso de calificación administrativa de HidroAysén tuvo demasiadas impugnaciones durante su trámite. Originadas no sólo por el tamaño e impactos ambientales insuficientemente atendidos del proyecto. También incidió el clima de movilización ciudadana que lo rodeó, originado en la percepción de que se estaba produciendo un maridaje ilegítimo entre política y negocios que fracturaba los derechos de la gente, al forzar o simplemente ignorar las obligaciones técnicas y procedimentales en la aprobación de los proyectos. Originada en casos concretos como la Central Termoeléctrica Campiche, las represas en Puangue y Ralco, la crisis del Río Cruces, la de Puchuncaví, y muchos otros, todos en diversos gobiernos y a veces a contramano de decisiones judiciales, incluida la Corte Suprema.

En HidroAysén más de 20 servicios públicos regionales, con razones fundadas, recomendaron en su oportunidad el rechazo del EIA. Sin embargo, presiones de diverso tipo lograron hacer avanzar el proyecto, como la ocurrida con el Ministerio del Interior, siendo ministro Edmundo Pérez Yoma, que obligó a la Intendencia de la región a no someter la aprobación del EIA a votación en la COREMA, según consta en actas de la Cámara de Diputados.

Muchas de las objeciones técnicas de los servicios públicos evidencian que la evaluación ambiental presentada por HidroAysén era defectuosa, al existir impactos ambientales relevantes de los cuales el titular no se hacía cargo. Entre ellos, no reconocer adecuadamente el área de influencia del proyecto, no considerar las sinergias entre los diversos impactos, tener una deficiente línea base y, algo muy importante, no reconocer tres de ellos muy relevantes: las fluctuaciones de caudales, los riesgos de fenómenos GLOF (inundación repentina de un lago formado por glaciares) y los efectos demográficos.

La percepción de que la judicialización de los temas ambientales es sólo producto de un activismo social que está contra el desarrollo, es una visión maniquea de un problema que afecta tanto a los empresarios fallidos como al país en su conjunto. El tema de fondo es la sustentabilidad real de los proyectos, sin pasivos ambientales ocultos, además de la ecología del buen gobierno y el cumplimiento estricto de lo que manda la ley. La señal sobre la cancelación de HidroAysén es positiva.

El área de ocupación, casi 6 mil ha, para la inundación y obras anexas, no era el total, pues el trazado de las líneas de transmisión quedó indeterminado y se evaluaría más tarde. Se inundaría la mitad de la extensión del río Pascua y más de un cuarto de la extensión del río Baker, y unas 3 mil ha, se ocuparían con 7 yacimientos de áridos, 2 puertos, franjas de tala, rellenos sanitarios, caminos, campamentos, y otros.

El impacto sobre los ciudadanos (expropiados y relocalizados) finalizó sin que los afectados se enteraran ni de los lugares ni de las condiciones en que se produciría la relocalización. La negociación no tuvo estándares colectivos como recomienda el Banco Mundial –que HidroAysén se había comprometido a cumplir–, sino que fue hecha caso a caso, lo que implicaba desintegración de las comunidades.

Los impactos demográficos en el EIA de HidroAysén no existieron. La empresa se comprometía a mantener campamentos con estrictas reglas de confinamiento, incentivos para que los trabajadores no salieran de ellos, y que volvieran a su lugar de origen al término de las faenas. Los servicios públicos solicitaron insistentemente evaluar la visitación a los centros poblados y la población flotante. Recién en la última Adenda la empresa accedió a presentar un estudio sobre visitación en que sostuvo que sólo 43 personas visitarían mensualmente Cochrane, y tan sólo 3 personas lo harían a Coyhaique. Los más de 2.200 trabajadores programados con 8 días libres al mes, entregaban un potencial de 18 mil días libres por mes para visitar los poblados cercanos, por lo que la postura de HidroAysén no era creíble.

Las represas generarían una barrera para la continuidad del río y, por lo tanto, del ecosistema, produciendo cambios químicos y físicos en el agua, debido al efecto de tapón y la consecuente disminución de su velocidad. Ello facilitaría el depósito de sedimentos y, luego de pasar por represas, su menor carga sedimentaria erosionaría río abajo, y además experimentaría cambios en la calidad del agua, como disminución de oxígeno disuelto o de la materia orgánica, liberación de mercurio por la descomposición orgánica, etc.

Tales impactos no fueron adecuadamente evaluados por la empresa ni contemplaban mitigación, pese a que afectarían la calidad de las aguas, producirían erosión y cambios en el lecho del río y posiblemente en todo el fiordo.

Durante el proceso de evaluación se solicitó reiteradamente a HidroAysén que considerara los posibles cambios en la morfología del río, ante lo cual la empresa se negó argumentando que ello no podía ser realizado dada la magnitud de los caudales, y ni siquiera accedió a modelarlos.

De los propios argumentos de HidroAysén quedó claro que, dada la magnitud de los ríos intervenidos, las represas se llenarían rápidamente. Ello permitiría juntar agua de manera permanente y turbinar en los horarios de mayor demanda. Esto implica que los caudales aguas abajo de la represa podrían variar hasta en un 400% su volumen en un solo día, una verdadera montaña rusa acuática, con un río que sube y baja en pocas horas lo mismo que fluctúa en condiciones naturales entre invierno y verano en un año.

Tal impacto es evitable si se turbinan caudales naturales del río, sin regularlos agresivamente, pero ello implicaría hacerlo en horarios menos convenientes desde un punto de vista económico. Un río que en la mañana trae 250 o 300 m3 y en media hora cambia a 900 o 1.000 m3 es peligroso para la navegación, hace imposible el turismo y se convierte en un río completamente distinto para la vida acuática, y es precisamente en especies de agua dulce donde está la mayor tasa de extinciones a nivel mundial. De ahí que la DGA del MOP pidiera cambiar las reglas de operación de la central, a lo que HidroAysén se negó ganándole el gallito, pues la DGA no lo exigió finalmente.

A estas y otras innumerables observaciones hechas por los organismos públicos, se sumaron las observaciones ciudadanas, las que argumentaron marginación en la evaluación del EIA. Particularmente porque la Ley sólo le permite a la ciudadanía opinar respecto del estudio pero no de las Adendas, que en este caso fueron sustanciales.

Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, con Marcelo Tokman al frente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), se ideó la fórmula de los fast trackers de energía, para agilizar la aprobación de proyectos energéticos. Un par de ingenieros comerciales recorrían el país reuniéndose con funcionarios de los servicios sectoriales y diversas autoridades para acelerarlos. Ellos, asegurando tener “carta blanca” y un fuerte respaldo de La Moneda, exigían dar el visto bueno a los proyectos. El modelo, altamente cuestionado, fue aceptado y perfeccionado por el gobierno siguiente.

Ello llevó a la percepción de que se estaban forzando los procedimientos e introduciendo riesgos de discrecionalidad en la evaluación técnica de los proyectos.

De alguna manera, la decisión del Comité de Ministros de quitar la autorización ambiental al proyecto HidroAysén, viene a reparar no sólo los aspectos defectuosos del proyecto mismo, sino a alumbrar una rectificación en materia de transparencia y eficiencia administrativa, que debiera fortalecer el papel de los organismos técnicos del Estado.

La percepción de que la judicialización de los temas ambientales es sólo producto de un activismo social que está contra el desarrollo, es una visión maniquea de un problema que afecta tanto a los empresarios fallidos como al país en su conjunto. El tema de fondo es la sustentabilidad real de los proyectos, sin pasivos ambientales ocultos, además de la ecología del buen gobierno y el cumplimiento estricto de lo que manda la ley. La señal sobre la cancelación de HidroAysén es positiva.

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