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Acuerdo debe surgir antes del

El gobierno se juega "el todo o nada" en conflicto de Ralco

por 19 febrero, 2003

La necesidad de encontrar una salida a las demandas de las cuatro familias pehuenches que se han negado a permutar sus tierras, es cada vez más apremiante. De no hacerlo, nadie gana y la imagen del gobierno corre un serio riesgo de perder credibilidad para resolver un conflicto que se arrastra ya por largo tiempo.
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Una solución al conflicto que generó la Endesa al elegir el Alto Bío Bío para construir la nueva central hidroeléctrica Ralco, podría ser la respuesta no sólo para las cuatro familias que negocian con el gobierno, sino para la etnia pehuenche en su conjunto. El desenlace surgiría a partir de que la autoridad esta dispuesta a buscar mecanismos para atender los planteamientos de otras organizaciones, distintas de los grupos familiares con quienes conversa actualmente.



La disposición queda abierta atendiendo, siempre, a dos restricciones. Por un lado, que existen distintos organismos de gobierno, como Conadi, que están atendiendo muchas de las demandas planteadas por las diferentes organizaciones pehuenche. De allí que no corresponda que sean abordadas paralelamente.



Por otra parte, de tiempo y actores determinados para consensuar una salida, en base a que las negociaciones se están efectuando en virtud de la "solución amistosa" que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes de continuar con los siguientes pasos del proceso, instancia ante la cual las familias que negocian hicieron una presentación en contra del Estado de Chile, en diciembre pasado.



Atendiendo a esas limitaciones, la apertura del gobierno se debe a que asume que detrás de la lucha emprendida por estas cuatro familias con que negocian, están involucradas también cuestiones directamente relacionadas con la causa mapuche-pehuenche.



Ralco: Una nueva comuna



En la reunión pasada, las familias formularon algunas de las peticiones generales, tanto de orden político como de desarrollo. Entre éstas destaca la creación de la comuna de Ralco, solicitud que el gobierno estaría estudiando, a través de la Subsecretaria de Desarrollo Regional aún antes de que se creara la mesa de negociaciones con las familias que negocian las permutas.



Sin embargo, aún cuando la autoridad acepte, el proceso para materializar la petición de una nueva comuna no es corto, ya que de ser aprobada la solicitud, el Presidente de la República deberá firmar un proyecto que, posteriormente, tendría que seguir su curso en el Congreso, pues es materia de ley.



En este contexto la autoridad esta evaluando su viabilidad. Aunque existe conciencia a nivel gubernamental que ésta podría ser una de las reivindicaciones políticas más preciadas por el pueblo pehuenche. Por una parte, porque en la comuna de Santa Bárbara -que contiene a Ralco- se ha ido generando un poco de tensión entre sus habitantes indígenas y "huincas".



Pero también porque a esta demanda se asocia el tema de las tierras y la posibilidad que la etnia logre dotarse de una organización comunal en la que tengan influencia sobre los temas que les son propios, entre otros el desarrollo de la zona.



Además, se le pidió al gobierno que se aclaren los litigios pendientes sobre tierras indígenas y que se ratifique el convenio 169 de la OIT, que tiene relación con la participación de las organizaciones indígenas en el desarrollo de las comunidades, el cual no ha sido ratificado por Chile.



A lo anterior se suma que se ponga particular atención en el manejo ambiental de Ralco, a las demandas sobre la reserva forestal del Alto Bío Bío, la revisión del estado de avance de los compromisos asumidos con anterioridad, tanto por el gobierno como por Endesa. Entre estos últimos se mencionan por ejemplo un plan de vivienda, avances educacionales y proyectos turísticos y de desarrollo.



Sobre este punto, el representante del gobierno en las negociaciones, el subsecretario de Mideplan, Jaime Andrade, precisó que algunos de los temas mencionados no dependen absolutamente de la autoridad, pues algunos están en el Congreso y se rigen por el ritmo del trabajo parlamentario, aunque aclaró que la autoridad puede insistir en ellos, pero no comprometerse a que se resuelvan a la entera satisfacción de los interesados.



Otras de las peticiones, en tanto, tienen que ver con las condiciones de operación de Endesa, por lo que el gobierno tampoco tiene allí mucha influencia. En los aspectos en que sí puede haber avances "positivos" -dice Andrade- es en los relativos a los litigios de tierras.



El tema que se debería abordar en las próximas reuniones, antes del 26 de febrero en que el gobierno y las familias pehuenche deben comparecer ante la CIDH, es el de las reparaciones, que dice directa relación con el dinero que solicitarán las familias afectadas por la irrupción de la central hidroeléctrica en sus tierras ancestrales. Tema en el que la autoridad sólo tiene un rol de mediador.



Si no hay acuerdo ¿qué?



A pesar que el subsecretario ha logrado obtener la confianza de las familias con las que negocia, dicho por el abogado que las representa, nada asegura todavía que vaya a haber acuerdo. Todos lo quieren, pero aún así podría caerse, por eso la confidencialidad de las conversaciones.



De ocurrir que llegara la fecha de presentarse ante la CIDH sin un acuerdo -posibilidad o no se podrá ver con mayor claridad tras la reunión de esta mañana en Los Ángeles-, no obstante se esta explorando la negociación amistosa, y el organismo internacional declarara inadmisible la presentación de las familias se le daría curso a las resoluciones judiciales que están en status quo mientras se busca un acuerdo.



Pero si, por el contrario, la CIDH considerara admisible la presentación, las familias podrían llevar al Estado de Chile ante la Corte Interamericana, que podría ser muy largo. Ante este escenario, la necesidad de ambas partes de encontrar puntos de solución a las demandas de las cuatro familias es cada vez más apremiante, considerando que de lo contrario nadie gana y la imagen del gobierno corre serio peligro de perder credibilidad para resolver un conflicto que se arrastra ya por largo tiempo.



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