Torturas, corrupción, hacinamiento e insignificantes recursos destinados a rehabilitación, son algunas de las denuncias que contiene el último estudio sobre la situación de DDHH en Chile. Investigación concluyó con demanda contra Gendarmería, por negar información pública. Profesionales de la UDP se quejan porque nunca supieron cuántos reos han muerto en las cárceles chilenas.
Irónicamente el fallo del caso del senador DC Jorge Lavandero fue un presagio de lo que vendría en el tercer informe anual de Derechos Humanos en Chile, elaborado por la Universidad Diego Portales: no existen las condiciones para que los reos se rehabiliten en el actual sistema penitenciario.
Para realizar el estudio, investigadores del Programa de Asuntos de Interés Público y Derechos Humanos de la UDP visitaron nueve recintos penales a los largo del país. En sus visitas, los profesionales llegaron a constatar altos niveles de hacinamiento que se reflejan en que, fácilmente, puede llegar a existir una ducha para 100 reclusos.
En la actualidad, el sistema penitenciario tiene una capacidad para albergar a 22 mil reos, sin embargo, actualmente existen 38 mil, lo que se traduce en un déficit de 16 mil cupos en las cárceles del país.
"Uno de los fenómenos más evidentes es el de la sobrepoblación y el hacinamiento en los penales. En los últimos años la población carcelaria ha aumentado -continuó haciéndolo durante 2004- de manera considerable, situando a Chile como el país con la tasa per cápita de presos más alta de América Latina. El problema tiende a agudizarse, como lo demuestra el hecho de que durante el 2004 el incremento del número de presos alcanzó a casi un 10%", dice el estudio.
Pero lo más grave está relacionado con los recursos para rehabilitación. Según uno de los abogados que participó en el informe, Álvaro Castro, los programas que ejecuta Gendarmería, para la población penal, ya sea en el tema droga, alcohol u otros, son totalmente "ineficientes".
Lo anterior se debe a varios factores: son demasiados generales y no están dirigidos a la realidad de los internos, fundamentalmente, por centrarse en los condenados. Quienes tengan otra condición procesal no son objetos de ningún control o fiscalización, y los recursos que se destinan a ése objetivo son paupérrimos.
"Menos del 1% se destina a la rehabilitación, lo que es una cifra bastante fuerte, siendo que el objetivo principal por el cual una persona es llevada a la cárcel es justamente para que se rehabilite. Entonces, el objetivo central (del sistema carcelario) no está siendo potenciado con los recursos suficientes", afirmó Castro.
El profesional también se refirió a las medidas que actualmente existen para descongestionar las cárceles. Comentó que pese a que existe la ley 18.216, que tiene por objeto ofrecer medidas alternativas a la prisión, ésta ha tenido un pobre aplicación debido a sus exigencias.
"Hay un número importante de delitos que son de mediana y leve gravedad que no son objeto de este beneficios, por lo tanto, igual van a la cárcel", señaló.
No obstante, Castro valoró el aporte de la Reforma Procesal Penal, en cuanto al descongestionamiento de los recintos penitenciarios, debido a que antes una persona podía estar detenido siete días, mientras que ahora debe ser puesto a disposición de un juez de garantía en un plazo de 24 horas.
Pugna con gendarmería
La realización de este informe, que además aborda otros derechos fundamentales que van desde la libertad de expresión hasta los derechos indígenas, no contó con toda la colaboración de Gendarmería. De hecho, la universidad interpuso una demanda contra la institución por negar acceso a información pública, causa que está radicada en el 16° Juzgado Civil de Santiago.
"Gendarmería no nos dio información importante, como la cantidad de muertes que se habían producido en el sistema. En esa y en otra situaciones la explicación que ha dado la institución en el tribunal fue que no tenían los medios para cuantificar dicha información, lo cual es absurdo", dijo el director del programa Felipe González.
Al respecto, recordó que en noviembre del año pasado la Contraloría General de la República señaló que el reglamento de Gendarmería está entre aquellos que no se condicen con lo que dicta la Ley de Probidad.
Cabe mencionar que el informe será presentado ante la Comisión Interamericana de DDHH, en una audiencia especial. Esta mantiene un relator en el tema carcelario para América Latina, al cual se le solicitará incluir a Chile en sus visitas.
"Como se ha constatado durante la investigación, la situación de las cárceles presenta deficiencias muy graves, que colocan al Estado de Chile en una posición de vulneración de los estándares internacionales de derechos humanos, así como de las garantías consagradas en la Constitución Política", afirmó González.
Torturas en las cárceles
Finalmente, el estudio hace graves imputaciones a un sistema que parece perpetuarse en las cárceles del país, y que está relacionado con torturas y corrupción en Gendarmería.
"(Son) frecuentes las peleas entre reclusos sin control de Gendarmería; los motines y los allanamientos practicados con violencia. Todo lo anterior afecta la integridad física de los internos y provoca anualmente la muerte de decenas de ellos".
A lo anterior, se suman "situaciones de ingreso de drogas a las cárceles; de peticiones de dinero a reclusos y venta de elementos prohibidos en general; de hurtos de bienes de reclusos con ocasión de la práctica de allanamientos; y, por último, de ciertas irregularidades en la administración de los economatos de los penales".
"Múltiples testimonios de reclusos dan cuenta de la existencia de patrones de conducta reiterados en el tiempo al respecto en la mayoría de las cárceles que visitamos. Además, diferentes actores del sistema, principalmente Jueces de Garantía, confirmaron tal diagnóstico. Cabe observar que si bien tales irregularidades se presentan de manera frecuente, al parecer serían solamente algunos gendarmes quienes tienen participación en ellas…", sostiene el informe.
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