La defensa de Marco Antonio y Lucía Hiriart de Pinochet buscandejar sin efecto una de las últimas decisiones del ministro Sergio Muñoz antes de jurar como integrante de la Corte Suprema, la cual establece un plazo de cinco días como máximo para que ambos procesados cumplan con la exigencia de ser fichados en calidad de procesados en el caso Riggs.
Con un recurso de reposición y en subsidio la apelación correspondiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la esposa y el hijo menor del general (r) Augusto Pinochet Ugarte buscan dejar sin efecto una de las últimas decisiones adoptadas por el ministro de fuero Sergio Muñoz, que ordena un plazo máximo de cinco días para que cumplan con el tramite legal de prontuariarse en calidad de procesados en el caso Riggs.
Pocas horas antes de jurar como nuevo integrante de la Corte Suprema, el juez evacuó cuatro resoluciones en el marco de este proceso que, por lo menos temporalmente, quedó a cargo del ministro Jorge Zepeda, quien es el subrrogante natural de Muñoz en el tribunal de alzada capitalino.
La primera de ellas se refirió a la nueva solicitud de desafuero que evacuó en contra del ex uniformado por el delito de malversación de caudales públicos concerniente al desvío de fondos reservados de la llamada Casa Militar a las cuentas que el ex gobernante de facto mantuvo en el extranjero.
En tanto, la segunda y tercera decisión consistió a un «no ha lugar» ante la petición de las defensas de Marco Antonio y Lucía Hiriart referidas a la suspensión de dicho trámite, el cual fue ordenado por un oficio evacuado por el magistrado el pasado 13 de octubre, pero que no establecía un plazo máximo para cumplir con dicho trámite.
Sobre la cuarta de estas resoluciones, fuentes allegadas a la causa informaron que se refirió a desechar la petición interpuesta por la defensa del ex albacea de Pinochet, Óscar Aitken, la cual pretendía que el magistrado cerrara la investigación de la arista por evasión de impuestos, en razón del plazo máximo de 120 días que fija el Código Tributario para las indagaciones de este tipo de ilícitos.
Al igual que en todas las oportunidades anteriores, el juez Sergio Muñoz -quien desde el pasado martes integra la Primera Sala del máximo tribunal- desechó la presentación en virtud de que aún existen diligencias pendientes al respecto. Fuentes de la defensa de Aitken desestimaron presentar una apelación para revertir el dictamen, ya que optarían por presentar una causal de nulidad una vez que se revise el caso en instancias superiores.
Negativa a prontuariarse
En cuanto a la exigencia que les hizo el juez a la cónyuge y el hijo del general (r) que está más involucrado con los manejos de los fondos de su padre en el extranjero, las defensas de ambos sostuvieron que no quieren cumplir con el trámite debido a que aún hay diligencias que solicitaron al tribunal que no han sido cumplidas.
En esa medida, estiman que de cumplirse esas indagaciones se desvirtuaría el eventual delito de complicidad en la presentación de declaraciones de renta maliciosamente incompletas, por los cuales se encuentran procesados al igual que Aitken y Mónica Ananías, ex secretaria privada del otrora jefe de la junta militar.
Por ello interpusieron un recurso de reposición y, en subsidio, una apelación ante el tribunal de alzada de Santiago, petición que deberá ser resuelta por el ministro Zepeda que, si bien está a cargo del caso en forma transitoria hasta que la Suprema designe al sucesor de Muñoz, deberá pronunciarse al respecto, ya que existe un plazo perentorio para que dicho trámite se cumpla.
Cabe recordar que dicha diligencia se refiere a la toma de fotografías de frente y perfil de los procesados, así como la impresión de las huellas digitales de todos los dedos de ambas manos (conocida vulgarmente como tocar el piano), el cual devbe cumplirse en una oficina del Registro Civil.
En esa medida, fuentes judiciales aclararon que Marco Antonio Pinochet no fue fichado al ingresar detenido al anexo cárcel Capuchinos, ya que este es un trámite que puede efectuarse de forma posterior.
De esta forma, la cónyuge y el hijo menor del ex uniformado siguen la misma línea del jefe de familia que, luego de ser procesado por el juez Juan Guzmán en el caso Caravana de la Muerte se negó en reiteradas oportunidades a prontuariarse y logró incluso ser sobreseído por razones de salud, por el máximo tribunal chileno, sin cumplir con dicha exigencia.
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