Representantes de los procesados en esta arista procesal calificaron la diligencia decretada por la ministra Gloria Ana Chevesich como un ‘simple afán de figuración’, estimando que la declaración del primer mandatario ‘no tiene ningún fin procesal claro’ para el avance de esta investigación, y que sólo respondería a una maniobra mediática.
Desconcertados se manifestaron los abogados de los procesados en la arista del caso MOP relacionada con dos contratos suscritos entre esa cartera y la consultora M & P Délano, entre 1997 y 1998, al enterarse de la decisión de interrogar «en calidad de testigo» al actual Presidente de la República y ex ministro de esa repartición, Ricardo Lagos Escobar.
Tras conocerse públicamente que la ministra en visita que sustancia el proceso, Gloria Ana Chevesich, envió a principios de febrero un oficio dirigido al primer mandatario para tomarle declaración en esta arista -que involucra a su primo político y ex jefe de gabinete, Matías de la Fuente-, los profesionales rechazaron enérgicamente la medida, estimando que la finalidad de la misma «es bastante dudosa».
Tras recibir dicho documento, el saliente jefe de Estado respondió las cuatro preguntas contenidas en éste, tras ocho días de haberlo recibido. Según trascendió, en dicho cuestionaron se incluyeron preguntas relacionadas con el pago de sobresueldos a funcionarios de Concesiones, y del supuesto mecanismo que habría utilizado De la Fuente para pagar mayores remuneraciones a los funcionarios de la unidad de Planeamiento.
Mientras Lagos se refirió al cumplimiento de esta diligencia sin mayores problemas, a la salida del tribunal Chevesich se retiró sin formular ninguna declaración, ya que a mediodía de este viernes le encomendó tal misión al director de Comunicaciones de la Corte Suprema, Miguel González.
En este caso están procesados De la Fuente, el ex director de Finanzas de Vialidad, Sergio Cortés, el funcionario del Mop Roberto Alonso y el empresario Pablo Délano. En tanto, la ex asesora de la cartera Ximena Riff quedó absuelta por decisión de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que -en diciembre del año pasado- concluyó que el delito de estafa al Fisco que se le imputaba estaba prescrito.
Oportunidad
Consultado sobre esta diligencia, el abogado de uno de los encausados opinó que «me llama la atención la oportunidad que eligió la magistrado, ya que se pudo haberlo hecho mucho antes o, incluso, después que Lagos abandonara su mandato. Tampoco veo la relación directa entre él, en su calidad de ex ministro de Obras Públicas, y esta investigación».
Asimismo, aprovechó la oportunidad para reiterar que «además, aquí estamos seguros que no hay ningún delito, ya que las obras contempladas en los contratos se ejecutaron por parte de la consultora, por lo cual no existe ninguna irregularidad».
Respecto a cuál es el fin de requerir al jefe de Estado en una de las aristas de este caso que puede ser afectada por la prescripción, otro de los profesionales que asisten las defensas sostuvo que «más allá de la situación en que esté este cuaderno, no entiendo porqué la ministra escogió esta arista para interrogar al Presidente. Es incomprensible, ya que no tiene ningún fin procesal claro, como tampoco las preguntas formuladas».
«Aquí hay un fin claramente mediático, era el gustito que quería darse la ministra de interrogar al Presidente aún estando en ejercicio», añadió.
Además, consideró que esta eventual maniobra comunicacional que habría emprendido la jueza tendría como fin dar la oportunidad de que los medios «de derecha» de disminuir a la mínima expresión el hecho que Lagos fue citado en calidad de testigo, pero que «se destaque con letras mayúsculas que lo citaría bajo apercibimiento de arresto en caso que no respondiera el oficio».
En todo caso, los profesionales descartaron pedir una eventual recusación en contra de Chevesich, ya que se entiende que en el sistema inquisitivo (antiguo) no hay jueces imparciales, además de que ello produciría un posible escándalo político por parte de la oposición.
En esa medida, la estrategia de los defensores apunta a derribar las resoluciones de la magistrado en la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia donde sus últimos pronunciamientos han sido revocados, ya que serían pronunciamientos «parciales y sin fundamentos suficientes».
Fuero presidencial
Al igual que los parlamentarios, el Presidente de la República goza de fuero al momento de enfrentar posibles denuncias o acusaciones ante la justicia, por ello tiene la facultad de declarar por oficio ante los tribunales, en caso de ser requerido como testigo.
En caso de ser citado como «inculpado» existen dos doctrinas al interior de la magistratura, una de ellas es que no necesita ser desaforado para que comparezca y, la otra, es que sí se necesita quitarle esa garantía para enfrentar la justicia.
En todo caso, pese a no perder la calidad de testigo, si no hubiese respondido el oficio y se proveyera una orden de arresto en su contra, cualquier magistrado primero necesita la autorización de su superior jerárquico, en este caso, el tribunal de alzada.
El proceso de desafuero contra un jefe de Estado se tramita igual que los solicitados en contra de senadores y diputados, es decir, se debe pronunciar la Corte de Apelaciones correspondiente y luego, en caso de apelación, debe ser visado por la Corte Suprema.
Lo último del caso
Durante la jornada de este viernes, la ministra Chevesich encabezó el período probatorio de la arista relacionada con un estudio encargado al Ciade, de la Universidad de Chile, para la construcción de una red de aguas lluvias.
Por esta investigación, la jueza mantiene procesados al ex ministro Carlos Cruz; al ex jefe de Vialidad del MOP Eduardo Arriagada; a Sergio Cortés; y al ex director del Ciade Nassir Sapag; entre otros.
Además, Chevesich se apresta a notificar las primeras condenas del proceso relativas a la triangulación de dineros fiscales propiamente tal, en la arista relacionada con la remodelación de dependencias del MOP, lo cual llevará a cabo el próximo martes.
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