Organismo solicitó la máxima pena para el general retirado por su responsabilidad en la exportación ilegal de armamentos registrada en 1991. Además, pidió altas condenas contra los otros procesados en la causa que tramita el ministro Alejandro Solís. Ministerio Público Militar también adhirió a los cargos, pero sin requerir alguna sanción especial.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió al ministro en visita Alejandro Solís condenar a diez años y un día de reclusión al general en retiro Guillermo Letelier Skinner como máximo responsable de la exportación ilegal de armas a Croacia realizada por las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) en 1991.
La entidad fiscal adhirió a la acusación del magistrado, dictada el 24 de abril pasado, solicitando penas específicas para cada uno de los 12 procesados en la causa por el envío de 11 toneladas de pertrechos militares a Croacia, pese al embargo decretado por la ONU producto de la guerra de los Balcanes.
El cargamento, cuyo destino final era Zagreb, fue descubierto en el aeropuerto de Budapest, Hungría, rotulado como ayuda humanitaria.
El escrito del Fisco pide que se sancione con la mencionada pena de cárcel a Letelier Skinner por su responsabilidad en los delitos de falsificación de instrumento público militar y exportación ilegal de armas, ambos ilícitos cometidos en concurso real.
La misma pena se solicitó para el empleado civil de Famae Ramón Pérez Orellana, quien realizó todas las gestiones para la operación ilegal y que es sindicado como responsable del delito de falsificación de instrumento público. Pérez Orellana fue el despachador de la Dirección de Logística del Ejército que actuó comisionado en Famae para cumplir con la exportación ilegal.
En tanto, para los generales en retiro Carlos Krumm Rojas, ex director de Logística del Ejército, y Vicente Rodríguez Bustos, de la Fuerza Aérea y quien hizo los contactos con los compradores de armas, el CDE solicitó una pena de 5 años y un día de presidio por el delito de exportación ilegal.
La misma sanción se solicitó para el entonces jefe del Centro de Negocios de Famae, coronel (R) David Fuenzalida González; el subjefe de la misma entidad mayor (R) David Fuenzalidad González, el empleado civil José Sobarzo Poblete y el capitán (R) de la Fach Patricio Pérez Villagrán, quien fue el contacto entre Rodríguez y Famae.
Para la secretaria del Centro de Negocios de Famae Carmen Gloria Valdés, acusada como cómplice de exportación ilegal, y los civiles Antonio Sahd Salomón, gerente de la empresa Main Cargo que gestionó el embarque aéreo de los 36 bultos, y Sergio Pollman Müller, quien realizó labores de agente de aduanas, pidió una condena no inferior a los tres años y un día de presidio.
En tanto, el Ministerio Público Militar también adhirió a la acusación del juez Solís, pero no solicitó ninguna pena especial para todos los involucrados en el proceso de exportación ilegal y que significó un escándalo militar-político y diplomático a fines de 1991, durante el gobierno de Patricio Aylwin Azócar.
Conclusiones de Solís
Después de casi un año y medio de investigación, el ministro Solís logró determinar que el Centro de Negocios de Famae operó, en algunas ocasiones, de manera ilegal para enviar cargamentos de armas que pertenecían al Ejército y que eran dadas de baja por la empresa especializada.
Las irregularidades se habrían extendido por todo el año 1991 y el dinero que se entregó por la venta del armamento, poco más de US$ 203.000, fue incorporado al patrimonio de Famae, ya que el Ejército rechazó los traspasos que le hizo la empresa.
De acuerdo a Solís, la exportación ilegal de armas fue una operación ideada por los más altos mandos del Ejército, que incluso habría contado con la venia de Augusto Pinochet, para realizar un negocio que traería grandes ganancias a Famae, empresa absolutamente autónoma y que sólo dependía del jefe castrense.
Para remitir el envío, se ordenó el acopio de material de guerra que varias unidades del Santiago del Ejército habían dado de baja, por lo que contó con la participación de varios generales que debieron dar autorizaciones para el retiro del armamento.
En la primera investigación llevada por la justicia castrense, sólo fueron condenados como responsables los capitanes Pérez Villagrán, Pedro Araya Hermosilla y Pérez Orellana, todos ellos mandos medios de la institución.
Cuando fue descubierto el cargamento, el entonces titular de Defensa, Patricio Rojas, solicitó a la Corte Suprema designar un ministro en visita para que investigara el caso, cargo que recayó en el ministro Enrique Correa de la Cerda
En enero de 1992, este magistrado tenía claro que la operación involucraba a altos mandos castrenses, por lo que interrogó al jefe del Departamento de Logística del Ejército, coronel Gerardo Huber, quien tras prestar testimonio ante el juez murió en extrañas circunstancias.
Su caso, caratulado como homicidio, es instruido por ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Claudio Pavez, quien mantiene procesado a varios militares como autores de una asociación ilícita destinada a encubrir el asesinato.
Correa de la Cerda murió de cáncer gástrico a los pocos meses después y tras su deceso sufrió la investigación sufrió paralización pues su reemplazante, el actual ministro de la Corte Suprema Ricardo Gálvez, envió el proceso a la justicia militar donde durmió por casi quince años sin que se aclararan los hechos en su totalidad.
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