En su cuenta anual, la Presidenta Bachelet anunció materias conocidas o en ejecución: que el 30 de agosto será la conmemoración del Día Nacional del Detenido Desaparecido, que su administración seguirá apoyando la identificación de las víctimas de la dictadura militar, y la creación del Instituto de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria.
Seguridad Pública parece ser uno de los conceptos más usados por los chilenos en los últimos años, por el recrudecimiento de la delincuencia. Reforma a la justicia, implementación del Ministerio Público a nivel nacional, aumento de la dotación policial han hecho de estos temas una cuestión central -aunque no preponderante- de los últimos discursos presidenciales.
En esta oportunidad, la Presidenta Bachelet tampoco lo dejó fuera y anunció que de aquí al próximo año habrá una inversión de 20 millones de dólares. El dinero se usará para adquirir nuevos materiales para combatir al crimen, tales como automóviles, helicópteros, nuevos equipos para criminalística de Investigaciones, entre otros.
En este sentido, Bachelet destacó la existencia y ampliación del Plan Cuadrante de Carabineros, el avance del proyecto que crea la Subsecretaría de Seguridad Pública, los seis mil policías uniformados que de aquí al 2010 diez deberán circular por las calles y los nuevos centros de atención a víctimas.
Actualmente existen, por ejemplo, uno a cargo del Ministerio Público Regional Sur, donde las víctimas de bandas de narcotraficantes o testigos importantes para un juicio pueden guarecerse de la acción de criminales. El problema es que hasta ahora no hay una política de cambio de identidad ni de apoyo a quien, por las condiciones de una indagatoria, busque abandonar el país por seguridad.
Siga la línea
Sin grandes anuncios en justicia y derechos humanos concluyó la cuenta anual. En su discurso, Bachelet sólo se limitó a indicar que durante su administración entrará en vigencia el próximo 8 de junio la cuestionada Reforma Penal Adolescente (RPA); también que continuará la voluntad de hallar e identificar a los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.
En esa línea, ya se designó este año a un nuevo director del Servicio Médico Legal -doctor Patricio Bustos- quien inició el proceso de modernización y reidentificación de los restos hallados en el patio 29, donde se cometieron errores.
Bachelet insistió en que reimpulsará el proyecto que busca anular la aplicación de la ley de Amnistía dictada por Augusto Pinochet en 1978, como también que se instale como ley la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Ya este año y el pasado hubo algunos anuncios sobre esta materia, pero hasta ahora no han dado resultados. Primero, porque de dictarse esa ley no tendría efectos retroactivos e, incluso, de llegar a aprobarse, es altamente posible que el Tribunal Constitucional la revoque.
Otro de los tópicos, aunque en fuentes de tribunales se sostiene que es un saludo a la bandera, será el reimpulso a la reforma que busca la aprobación por parte de Chile del Tribunal Penal Internacional (TPI), que ha sido postergada por la postura crítica de la Alianza y, por cierto, las presiones de Estados Unidos, que aplica sanciones a todo aquel que ose firmarlo.
Suerte o punch personal
De todas maneras, hasta ahora el gobierno ha tenido, gracias a las agrupaciones de derechos humanos y algunos abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el camino despejado en esta materia. Y esto porque el criterio de fallo de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema ha confirmado las sentencias de primera y segunda instancia rechazando el recurso de casación como fórmula para impugnar los dictámenes.
Ello ha permitido, por ejemplo, que la cúpula de la DINA esté condenada en varios casos a más de 10 años de presidio, hecho inédito en los procesos políticos en América Latina, incluso en los de secuestro calificado donde no hay víctima habida.
Sumado a lo anterior, Bachelet reinstaló algo que ya había sido anunciado, como es la creación del Museo de la Memoria, la ley que promueva la solución de los asuntos patrimoniales y civiles de las víctimas, como también y la instauración del 30 de agosto como el Día nacional del Detenido Desaparecido, que comenzó a regir en 2006.
