Proyecto de ley busca proteger las napas subterráneas de la Tercera Región, dada la enorme demanda actual y futura sobre derechos de aguas en la zona. Actualmente, sólo las zonas de Antofagasta y Tarapacá cuentan con prohibición de explotar y explorar ciertos recursos acuíferos existentes bajo tierra.
Un proyecto de ley que incluye a Atacama como una de las tres regiones con prohibición para explotar y explorar ciertos recursos acuíferos subterráneos, propone el diputado Alberto Robles (PRSD).
Según el Código de Aguas, las regiones de Antofagasta y Tarapacá cuentan con esta protección desde 1992 y, dada la gran demanda que ha tenido y mantendrá la Tercera sobre derechos de aguas, sobre todo en temas agrícolas y mineros, se propone incluirla.
Las aguas subterráneas son una fuente primordial de agua dulce en el norte del país, debido a su costo de explotación relativamente bajo y a su alta calidad.
De hecho, las estimaciones de la Dirección General de Aguas (DGA) indican que al año 2017 la demanda de esta agua se duplicará en la zona, en base a las inversiones actualmente en ejecución y también a las programadas.
Esto, ha generado bastante debate científico y legal sobre la sustentabilidad y posibilidad de agotamiento de este recurso, sobretodo teniendo en cuenta que en Chile los derechos sobre caudales son a perpetuidad.
La ley
La perpetuidad de los derechos de caudales tuvo su génesis con el radical giro del sistema de derechos de aprovechamientos de agua que se vivió en 1981, cuando el Código de Aguas fortaleció enormemente la propiedad privada.
Se suponía que el nuevo sistema entregaría potenciales beneficios como mayor eficiencia y flexibilidad en el uso del recurso, disminuyendo la intervención y el gasto estatal. Sin embargo, con el correr de los años se evidenciaron numerosas desventajas, especialmente en el ámbito social y medioambiental.
Las aguas subterráneas sufrieron con este cambio, especialmente en el norte, y afectaron directamente los humedales de la zona, que comenzaron a secarse debido a la obtención y explotación de derechos de agua subterránea por parte de usos no agrícolas, fundamentalmente mineros.
Por ello, en 1992 se modificó el Código de Aguas, incorporando a los artículos 58 y 63 la protección y conservación de los humedales del altiplano de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, con prohibición de explotar y explorar los recursos acuíferos subterráneos que los alimenten, ya que estos constituyen su más importante fuente de vida.
Pero esta modificación no tomó en cuenta a la región de Atacama.
La situación en Atacama
Debido a esto, el diputado por la tercera región, Alberto Robles, presentó un proyecto de ley que modifica nuevamente los artículos 58 y 63 del Código de Aguas, incluyendo a la región de Atacama.
Robles, planteó el tema debido a que durante el último año diversas empresas, como Agrosuper -de alimentos- y Perales Viejos -de agroindustria- solicitaron gran cantidad de derechos de agua en la zona.
El conducto regular para esto, es solicitar los derechos a la Dirección General de Aguas (DGA), que entrega los permisos pertinentes. En el proceso, los organismos que se sientan afectados reclaman y en este sentido quienes que mantenían constantes oposiciones eran los miembros de la Junta de Vigilancia de Regantes del río Huasco.
Pero, según explica el diputado, la Junta revocó su oposición debido a desacuerdos entre regantes y directores, por lo que actualmente la DGA no tiene ningún opositor a la entrega de permisos y los está evaluando.
"El problema es que según estudios en el Valle de Copiapó están bajando las napas subterráneas, lo que está dificultando abastecer de agua a la provincia. Esto provocaría que diversos proyectos en ejecución y de desarrollo del valle en el futuro cercano no sean viables, tanto en los ámbitos agrícolas como mineros, explica el parlamentario.
Puntualiza que si este proyecto de ley se aprueba, el régimen para entregar agua sería mucho más estricto que el actual, "y se tendría una opción más sólida para entregar aquellos derechos que efectivamente no provoquen impactos negativos al desarrollo de la región, no quedando al arbitrio de la autoridad de turno".
