Manifestantes reclamaron la necesidad de que se haga justicia y que se sancione a los responsables de los crímenes, especialmente, de la muerte del sacerdote Miguel Woodward.
El buque escuela Esmeralda, que culminó su crucero de instrucción número 52, arribó este domingo al puerto de Valparaíso, en medio de una manifestación de protesta de agrupaciones defensoras de los derechos humanos.
Al menos cincuenta personas con lienzos y pancartas se apostaron en el muelle Prat, protestando por los apremios ilegítimos registrados a bordo de la nave tras el 11 de septiembre de 1973 y, particularmente, por la tortura y posterior asesinato del sacerdote Miguel Woodward, a bordo de la cubierta de la embarcación.
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los manifestantes reclamaron la necesidad de que se haga justicia y que se sancione a los responsables de la muerte del prelado, todo esto bajo una estricta vigilancia de parte de personal de carabineros y funcionarios de la Armada.
Por momentos, el clima se puso muy tenso, cuando los que protestaban recordaron las amenazas de muerte que recibió la jueza Eliana Quezada, a principios de semana, quién lleva el caso del cura asesinado.
Respecto a este tema, Patricia Woodward, hermana del sacerdote, señaló «que exigimos justicia y pese a los problemas que existen y al tiempo que ha pasado no estamos ni un ápice más cansados que el año pasado, vamos a seguir y nadie nos va a replegar».
«Las amenazas son propias de una persona que está nerviosa o de un sector que está temblando por lo que puede suceder cuando se resuelva el caso, por eso toman sus medidas y una de ellas es amedrentar a las personas», precisó.
En tanto, el contralmirante Cristián Millar señaló a la agencia EFE que la institución no comparte las amenazas, las que a su juicio no vendrían de parte del personal naval.
«Si bien ese es un tema que debe cumplir los carriles de la justicia, no me parecería que pudiese estar detrás gente de la Armada; estamos viviendo momentos distintos, estamos comprometidos con la reconciliación de manera que en virtud de eso podría descartar que estuviera involucrada gente de nuestra institución», precisó.
En la misma línea, recordó que la marina está por seguir adelante con gestos que vayan en dirección del reencuentro, los que agregó, deben venir, a su juicio, de ambas partes.
«En la medida que cada uno vaya identificando que hay escenarios propicios para ello, los gestos van a existir, pero en esto tiene que haber respeto por las personas que fueron afectadas por este tema», subrayó.
La investigación del caso ha establecido que Woodward pudo haber muerto en un hospital de Valparaíso.
El caso permaneció sin ser investigado hasta 2002, cuando Patricia Woodward presentó una querella contra los responsables, incluidos oficiales de la Marina que estaban al mando de las tropas que controlaban Valparaíso después del golpe militar.
EFE
