La iniciativa de un grupo de parlamentarios del PPD y el PS entrega esa atribución al Poder Judicial, considerando que en el país existen suficientes insitituciones para garantizar que una persona sea bien juzgada.
Los diputados Tucapel Jiménez (PPD) y Álvaro Escobar (ind.), junto a sus pares del PS Juan Bustos y Marcelo Díaz, presentaron un proyecto de reforma constitucional que deroga la facultad presidencial de otorgar indultos, entregándosela a la Corte Suprema.
Dicha facultad permite dejar sin efecto la sanción impuesta a un delincuente por una sentencia judicial, y también se trata de una facultad discrecional ceñida por una ley que regula las normas generales sobre indultos particulares.
Para Jiménez, existen en el país instituciones y órganos especializados en la justicia penal, como los jueces de Garantía, los tribunales orales, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, entre otras, por lo que el Estado otorga plenas garantías de que una persona en Chile será correctamente juzgada por los Tribunales de Justicia.
"Estamos presentando este proyecto, porque creemos que cuando un presidente otorga un indulto, lo que está haciendo es entrometerse en una decisión de otro Poder del Estado y eso le causa daño a la democracia, porque se pierde la credibilidad en las instituciones", señaló el diputado.
Por su parte, Álvaro Escobar afirmó que "con este proyecto lo que buscamos es que se respete el principio de la separación de poderes del Estado y que no se aboque al conocimiento de causas judiciales un órgano cuya función es gobernar y no administrar justicia, como el presidente de la República".
Asimismo, el diputado Bustos manifestó la necesidad de mantener el indulto, pero radicándolo en el mismo Poder Judicial, de manera que el pleno de la Corte Suprema pueda, cada cierto tiempo y de acuerdo a nuevos antecedentes, otorgar indultos particulares, ya que a veces se justifica la concesión del indulto en razones humanitarias.
Tucapel Jiménez recordó que cada vez que los presidentes de la Concertación han aplicado esta medida, ello ha generado controversia en los más diversos sectores de la opinión pública, como en los casos de violadores a los derechos humanos o a los lautaristas envueltos últimamente en delitos comunes, como también a sentenciados por narcotráfico. Entonces, señaló, "junto con ser una medida anacrónica, dejemos que la justicia funcione y no pongamos a los presidentes en esta difícil situación".
Finalmente, los parlamentarios informaron que presentarán esta iniciativa al ministro de Justicia, Carlos Maldonado, para obtener el patrocinio del Ejecutivo.
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