Fundación Defendamos la Ciudad espera la actuación del Comité de Ética de la cámara alta ante rechazo a proyecto de acuerdo que buscaba abolir beneficio para empresas constructoras.
Organizaciones ciudadanas cuestionaron la votación del Senado en que se rechazó un proyecto de acuerdo que solicitaba a la Presidenta el envío de un proyecto terminar con la exención tributaria que permite a las empresas constructoras recuperar el 65% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Fundación Defendamos la Ciudad, a través de su delegado Patricio Herman, señaló que «es indudable que el resultado de la votación es un triunfo para las empresas del sector inmobiliario y de la construcción, cuyos lobbistas supieron relacionarse con los senadores que defendieron sus intereses económicos. Está claro que algunos de estos 11 votos negativos votaron en conciencia, lo que está bien, pero la pregunta que surge ahora es si se inhabilitaron los honorables senadores que tienen intereses en ese sector productivo, porque si no operó esta sana práctica de transparencia la votación está viciada por haber existido un conflicto de intereses".
"En la declaración de intereses y patrimonio de los parlamentarios se podrá verificar quienes de estos 11 senadores están relacionados con la industria inmobiliaria y en tal sentido esperamos que a la brevedad el Comité de Ética de la cámara alta haga su trabajo para resolver esta impresentable situación», agregó.
A su vez, Moisés Scherman, de la Red Ciudadana por Ñuñoa, expresó «el valor que representa esta franquicia tributaria para la industria inmobiliaria, es mayor que el total del presupuesto asignado a todos los subsidios habitacionales que otorga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por lo que la eliminación de dicha franquicia no tiene porqué afectar negativamente el nivel de actividad y empleo de la construcción".
"Representa un mínimo guarismo al lado de las utilidades que alcanza anualmente el sector, por lo que se equivocaban quienes invocan tales efectos para rechazar el proyecto. En definitiva, los 11senadores están cuidando intereses económicos particulares por sobre el bien común», indicó.
La crítica apuntó básicamente a los legisladores Jorge Arancibia, Carlos Bianchi, Andrés Chadwick, José Antonio Coloma, Antonio Horvath, Carlos Kuschel, Hernán Larraín, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Sergio Romero y Hosaín Sabag.
El texto contemplaba que los recursos que se recauden con la eliminación del beneficio tributario que tienen las constructoras, sean destinados a un subsidio para solucionar la situación que afecta a los deudores habitacionales de los programas PET, leasing y otros, que han quedado al margen de los beneficios de repactación de deudas que se encuentra desarrollando el Gobierno.
Los senadores que impulsaban este proyecto de acuerdo señalaron que en 2005 el Estado tuvo una menor recaudación tributaria por este concepto equivalente a US$ 290 millones, cifra que asciende todos los años y por ello el SII ha señalado que dicha franquicia tiene un impacto financiero negativo para el Fisco.
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