Director de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela se habría implicado para tratar de evitar que se conociese el origen y destino del dinero.
La descripción detallada de la Fiscalía de EEUU en el denominado «caso del maletín» confirma la vinculación de Venezuela en la financiación de la campaña electoral de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Según los documentos de la Fiscalía a los que ha tenido acceso Efe, el director de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela (DISIP), mencionado con el seudónimo de «Arvelo», se implicó también para tratar de evitar que se conociese el origen y destino del dinero.
Estos datos son parte de la documentación que ha presentado la Fiscalía y que ha permitido que un gran jurado federal de EEUU presentase cargos formales contra cuatro venezolanos y un uruguayo, acusados de actuar y conspirar en este país como agentes al servicio de Venezuela.
Los cuatro detenidos comparecerán el próximo 28 de diciembre en un tribunal de Miami para declararse culpables o inocentes de los cargos que se les imputan.
En la acusación formal contra los cinco implicados se incluye una pormenorizada descripción de las conversaciones telefónicas, citas y reuniones «secretas» que los acusados tuvieron con el empresario venezolano Guido Antonini Wilson.
El propósito de esas reuniones, que se produjeron desde agosto pasado hasta el 11 de diciembre, según la acusación, era lograr que Antonini Wilson guardara silencio sobre el origen del maletín con los 800.000 dólares y su destino final: la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
El pasado 4 de agosto Antonini Wilson viajó a Buenos Aires (Argentina) en un avión privado procedente de Caracas y en el que también volaban otros siete pasajeros, varios de ellos funcionarios de la petrolera Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
A su llegada al aeroparque Jorge Newbery, Antonini Wilson, que posee también la nacionalidad estadounidense, intentó ingresar sin declarar el maletín con los 800.000 dólares, que le fue decomisado por el servicio de aduanas del aeropuerto.
Liberado horas después de que la policía le confiscase el maletín, el empresario regresó a EEUU, país en el que reside y donde decidió colaborar con el FBI en la investigación y permitió que se le colocara un dispositivo para grabar todas las conversaciones que tuvo con los ahora acusados.
Tanto la mandataria argentina como su homólogo venezolano, Hugo Chávez, han reaccionado de forma airada ante las acusaciones e investigaciones del FBI y la Fiscalía, y ambos han denunciado que se trata de un intento de minar sus respectivos Gobiernos.
Los imputados en la acusación formal son los venezolanos Carlos Kauffmann, de 35 años; Franklin Durán, de 40 años; Moisés Maionica, de 36, y el uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, de 40.
El otro acusado, el también venezolano Antonio José Canchica Gómez, de 37 años, está fugitivo.
La acusación describe de forma pormenorizada, por ejemplo, las reuniones que los acusados tuvieron con Antonini Wilson a partir del 23 de agosto en restaurantes como Jackson’s Steakhouse de Fort Lauderdale, al norte de Miami, o en el café Starbucks.
En varias ocasiones, el empresario fue advertido de que debía decir en todo momento que el dinero le pertenecía a él, si no quería verse envuelto en «problemas» en Venezuela.
En la cita del 7 de septiembre en el restaurante Quarterdeck, en Fort Lauderdale, Durán le advirtió que las autoridades venezolanas no confiaban en él y que sospechaban que estaba colaborando con Estados Unidos.
Quizá llegue un momento en que «nadie pueda salvarte el pellejo», le espetó Durán a Antonini Wilson.
Durante estos encuentros, los acusados le dijeron que varios funcionarios de alto rango del Gobierno venezolano, pertenecientes a la oficina del vicepresidente, la DISIP (policía política), y del Ministerio de Justicia estaban al tanto del asunto del maletín.
En otra reunión el 28 de octubre, Antonini Wilson se encontró en un café Starbucks de Plantation (Florida) con el supuesto «emisario» del Gobierno venezolano, Canchica Gómez, que usó el nombre código de «Christian».
El «emisario» le pidió al empresario que le «garantizara» que se iba a poner en manos de un grupo de abogados determinado y firmar un poder a nombre de éstos.
En una conversación telefónica del 6 de noviembre, Maionica avisó a Antonini Wilson de que el director de la DISIP, con el seudónimo de «Arvelo», se comunicaría con él esa tarde para tomar nota de sus preocupaciones, como así fue.
Veinticuatro días después, en una cita en el restaurante Bravo de Fort Lauderdale, Maionica le confirmó a Antonini que él mismo estaba «implicado en la conspiración en nombre de la DISIP y de funcionarios de alto rango del Gobierno venezolano».
En la última cita, concertada de nuevo en el restaurante Bravo, Durán le entregó al empresario tres documentos elaborados con el fin de ocultar el origen del dinero y su destino.
En la audiencia del lunes pasado, el fiscal adjunto Thomas Mulvhill indicó que dos de los acusados, cuyos nombres no reveló, le ofrecieron presuntamente a Antonini Wilson dos millones de dólares por guardar silencio sobre la procedencia del dinero decomisado en Buenos Aires.
