Organizaciones se pronunciaron sobre muerte del comunero mapuche Matías Catrileo, así como por la prolongada huelga de hambre de la activista Patricia Troncoso.
Un conjunto de organizaciones ciudadanas, medioambientales y comunidades étnicas enviaron una carta la Presidenta Michelle Bachelet para solicitarle que tome las medidas que correspondan para «restablecer la paz social» en la Región de la Araucanía, principalmente tras la muerte el jueves pasado del estudiante Matías Catrileo en un incidente con Carabineros.
Además de expresar su repudio por ese hecho, las entidades que suscriben la misiva manifestaron que «han estado permanentemente denunciando el abuso y uso excesivo de la fuerza que soportan las comunidades indígenas por parte de las instituciones policiales. Se trataba de una muerte predecible, y por lo tanto evitable», indicaron.
«Consideramos que el crimen de Matías Catrileo, la situación de los dirigentes mapuches encarcelados, el acoso territorial a que están sometidas las comunidades por parte de empresas forestales, hidroeléctricas y latifundistas, y la dilación en ratificar el Convenio 169, es expresión de una política estatal de represión sistemática en contra de las comunidades mapuche», señalaron.
Respecto a la situación de la dirigente mapuche Patricia Troncoso, quien lleva casi 90 días en huelga de hambre, señalaron que «para nosotros, hombres y mujeres de la sociedad civil, ella representa a todos los presos políticos de origen mapuche en Chile. Demandamos que se la escuche, así como al resto de los dirigentes mapuches detenidos, y solicitamos se respete el acuerdo de conformar una mesa de trabajo para dialogar sobre sus demandas», expresaron.
Asimismo, indicaron que «queremos reiterarle la necesidad de que se mejoren sus condiciones de reclusión, se resguarde su salud y se revisen sus procesos, a fin de cautelar que los mismos se hayan ajustado a condiciones de legalidad, justicia, imparcialidad y proporcionalidad. Nos asiste la certeza que sus juicios, al aplicárseles la Ley Antiterrorista y utilizarse tribunales militares, no han cumplido con las reglas del debido proceso».
La misiva está suscrita por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, la Asociación Chilena de ONG, el Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y la Fauna, el Consejo de Todas las Tierras, la Central Unitaria de Trabajadores, la Codepu. la Corporación Humanas, la Corporación Genera, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el Instituto de Ecología Política, el movimiento Acción Ecológica, entre otras.
