El Ministerio del Trabajo junto al de Hacienda son los encargados de realizar el seguimiento a los Programas de Empleo y su ejecución. Para ello, existe un Comité que se encarga de "impartir orientaciones de gestión para asegurar la efectividad" de dichos programas. La instancia, dirigida por el Subsecretario Mauricio Jélvez, está compuesta, entre otros, por Enrique París, actual asesor de la Dirección de Presupuestos y Secretario Ejecutivo de la Comisión para la Modernización del Estado, priori
Pablo Basadre
El vínculo hasta ahora desconocido del Ministerio de Hacienda en la ejecución de los programas de empleo cuestionados por la Contraloría General de la República, es Enrique París, quien se desempeña actualmente como asesor de esa repartición a través de la Dirección de Presupuestos. París fue jefe de gabinete del ex Presidente Ricardo Lagos Escobar en sus últimos tres años de mandato y es hermano de María Eugenia París, jefa de la Avanzada Presidencial de la Presidenta Michelle Bachelet.
París -que hace poco fue designado como Secretario Ejecutivo de la Comisión para la Modernización de la Agenda del Estado que depende del Ministro Pérez Yoma-, es miembro del Comité de Seguimiento de los Programas de Empleo, conformado también por funcionarios del Ministerio del Trabajo, entre otras instituciones.
Este comité se creó a través del decreto 1.606, conjunto entre Hacienda y Trabajo, del 29 de diciembre de 2006, y emana de la Ley 20128 de responsabilidad fiscal, que alberga a su vez la creación del programa de contingencia contra el desempleo. Sin embargo, sólo comenzó a funcionar en 2007. Según el decreto, el comité tiene la función de "impartir orientaciones de gestión para asegurar la efectividad de los programas de empleo y solicitar al Ministerio de Hacienda la transferencia de los recursos del programa".
El comité, presidido por el Subsecretario del Trabajo, Mauricio Jélvez, tiene como función analizar, de acuerdo a las cifras de desempleo a nivel nacional, las distintas solicitudes de cupos de trabajo que llegan de las Intendencias y de otras reparticiones del Estado. En este comité Paris es la contraparte del Ministerio que encabeza Andrade. Según fuentes de dicha instancia, "es Hacienda quien toma la decisión final de los cupos que se destinarán, así como a las regiones donde irán". Consultado por El Mostrador, Paris desecha esta afirmación y asegura que es una decisión que se toma en conjunto en el comité.
El sumario que se viene
El poder de la Dipres en las distintas reparticiones del Estado es notorio. En el caso de los Programas de Empleo, por ejemplo, habría sido esa entidad la que nombró a su actual Secretario Ejecutivo, Juan Jiles, un ex comunista, actualmente independiente. Fuentes de La Moneda explican que "Jiles habría sido nombrado por el Director de Presupuesto, Alberto Arenas y su asesor Enrique París". Al respecto, París asegura que no fue nombrado por la Dipres, aunque sí admite que conoce a Jiles de tiempos universitarios pero que no han tenido vínculos laborales anteriores.
Jiles ocupa el cargo desde enero de 2007, cuando el Subsecretario del Trabajo era el DC, Zarko Luksic, quien actualmente es el Jefe del Área de Defensa Laboral del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia. Según informó ayer Jélvez, la unidad que dirige Jiles será intervenida en los próximos días para agilizar la investigación sumaria instruída por su subsecretaría. Según fuentes de la propia subsecretaría, todo indica que, a pesar de que el sumario recién comienza, Jiles sería suspendido de su cargo.
De este modo, la Subsecretaría del Trabajo intentará concluir lo más pronto posible la investigación sumaria para identificar errores o posibles ilícitos a partir del informe de Contraloría. Jiles es un funcionario a honorarios, pero con rango de "agente público", es decir cuenta con las mismas prerrogativas de un funcionario de planta o a contrata.
Intervención de La Moneda
Las alarmas por el caso de las posibles irregularidades en la subsecretaría del Trabajo se encendieron en La Moneda una vez que la presidenta se refirió al tema, un día después de la información publicada en exclusiva por El Mostrador. Fue el director de la Secretaría de Comunicaciones Juan Carvajal quien citó a Jélvez a su despacho para conversar sobre las declaraciones que éste daría a la prensa con el objetivo de evitar que este nuevo flanco abierto por la repartición que dirige Ramiro Mendoza escalara hasta la Presidenta Bachelet. El tema fue monitoreado también por los ministros políticos de La Moneda y conversado con el Ministro Andrade ese mismo viernes en la tarde.
La mayor preocupación era la vinculación que haría la derecha de los planes de empleo con dineros desviados a campañas políticas, como ocurrió en la Región de Valparaíso. Además, en el gobierno sabían que este nuevo informe de Contraloría podría complicar la gestión de Andrade, quien tiene dentro de sus prioridades enviar al Congreso el proyecto de negociación colectiva, un tema resistido con fuerza por el empresariado y visto con recelo en Hacienda.
Se desmorona acusación constitucional
El polémico informe de la Contraloría fue discutido largamente en la UDI y RN. Ambos partidos habían puesto a sus abogados a estudiarlo para evaluar los posibles caminos a seguir, con vista en la exitosa travesía que significó destituir a Yasna Provoste. Sin embargo, diversas fuentes de la Alianza consultas por El Mostrador, explican que "no existen antecedentes ni siquiera para establecer una eventual comisión investigadora".
A pesar de que no se descarta que las acciones podrían llegar hasta ese escenario político, en el mejor de los casos. De lo contrario, todos los antecedentes quedarían en manos de la Comisión de Trabajo para continuar escuchando a los involucrados que serán citados, según afirmó el presidente de la comisión, el diputado Nicolás Monckeberg.
En RN, en tanto, también se habría evaluado evitar que este tema enrede a su candidato presidencial, Sebastián Piñera, quien se anotó un punto luego de que recibiera en su domicilio particular al Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma y al Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, para destrabar la votación de la iniciativa que inyectará US$ 1.000 millones al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
La idea en RN es impedir un nubarrón político en el "nuevo trato" con el gobierno, que ha planteado el inversionista candidato a la presidencia de la República.
Las cifras según Jélvez
Vea el Power Point del Subsecretario
