Caso Berríos: CDE pide 20 años de cárcel para ex fiscal Torres Silva - El Mostrador

Lunes, 11 de diciembre de 2017 Actualizado a las 19:54

Y 40 años para ex directores de inteligencia del Ejército

Caso Berríos: CDE pide 20 años de cárcel para ex fiscal Torres Silva

por 24 octubre, 2008

Si el ministro Alejandro Madrid accede a esta petición por la muerte del químico de la DINA, los generales (R) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, pasarán el resto de su vida en prisión, al igual que los funcionarios castrenses de la República Oriental, Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, quienes cumplirán la pena en nuestro país. El organismo solicitó también condena de 20 años para el ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, entre otros.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) contestó la acusación del Ministro Alejandro Madrid, en el marco del proceso que se sigue por el secuestro y homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, y solicitó altas penas para los involucrados.

Según supo El Mostrador.cl en fuentes judiciales, el documento fue presentado este miércoles y en el se piden, por ejemplo, 40 años de cárcel para los ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE): los generales (R) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias. La misma pena para la cabeza del batallón de la especialidad, Manuel Provis, como también para Arturo Silva Valdés quien hasta ahora aparece como el ejecutor de Berríos en Uruguay, donde fue hallado su cadáver en 1995 con dos tiros en la cabeza. Este último, como autor de asociación ilícita y secuestro con homicidio, mientras que los anteriores por delitos similares pero sin responsabilidad en la muerte del ex DINA. 

En tanto, el capitán (R) Jaime Torres Gacitúa, quien acompañaba a Silva Valdés, a 25 años por los delitos de asociación ilícita y secuestro.

Asimismo el CDE solicita 25 años para cada uno de los militares uruguayos extraditados hace unos años a Chile, Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, como autores de asociación ilícita y participación en el secuestro del químico.  

Hay que recordar que Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en octubre de 1991 para evitar que declarara en el proceso que sustanciaba el ministro Adolfo Bañados por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier. 

El químico de la DINA fue llevado a las dependencias del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) -que por aquellos años funcionada en la calle García Reyes-, se le caracterizó, se le entregó un pasaporte falso y fue sacado por dos agentes de la DINE por el paso el Monte Aymond en Punta Arenas, con destino a Argentina, para luego enviarlo a Uruguay, donde residió casi dos años antes de ser asesinado en 1993. 

Dos décadas para fiscal Torres

Tampoco quedan fuera los históricos de la justicia militar, el ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva. y su segundo de a bordo, el abogado Enrique Ibarra Chamorro. El CDE pide penas de 20 años para cada uno.

En tanto el CDE pide 15 años más 541 días de presidio para los que participaron en la salida de Berríos de Chile y su cuidado mientras estuvo escondido en Uruguay por una orden del propio Augusto Pinochet al general Ramírez Rurange, según el mismo confesó ante el magistrado. Se trata de los oficiales Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo Gutiérrez y los suboficiales Manuel Pérez Santillán, Marcelo Sandoval Duran y Nelson Román Vargas.

A penas de 60 días, el CDE pide que se condene al ex oficial Mario Cisternas Orellana al empleado civil Nelson Hernández Franco, la secretaria de la Unidad Especial de la DINE, Erika Silva Morales, y al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, Emilio Rojas Gómez.

Todos los acusados, deberán también contestar la acusación del juez Madrid a través de sus abogados defensores. Una vez terminado ese proceso, el ministro abrirá el llamado plenario, algo muy similar a un juicio oral del nuevo sistema. Allí los futuros condenados intentarán hacer valer sus atenuantes, mientras los querellantes en este caso buscarán probar sus dichos y lograr las penas más altas que el código establezca. Luego vendrá la sentencia de primera instancia, la que puede ser apelada ante el tribunal de alzada capitalino y luego mediante otros recursos llegar hasta la Segunda Sala (penal) Corte Suprema.

Tensión política

El caso Berríos fue uno de los momentos más complejos de la transición democrática durante el gobierno de Patricio Aylwin (DC), ya que en junio de 1993, cuando Berríos ya había sido asesinado, un mensaje anónimo llegó hasta la oficina de un parlamentario uruguayo contando toda la operación que permitió tener al ex DINA escondido en ese país.

Allí se desató una crisis entre ambos gobiernos que terminó con la presentación de una querella ante el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, por el entonces ministro del Interior, Enrique Krauss.

En esa indagatoria, se establecieron los vínculos de Berríos con narcotraficantes y ex militares y prestamistas, como también su adicción a las drogas.

Los detalles de este caso son casi infinitos, los que a su vez se engarzan con la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y el homicidio del ex diplomático español Carmelo Soria, casos en manos del mismo magistrado.

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