El ministro Alejandro Foxley ha estado en el ojo del huracán dentro de la secretaría de Estado por la indicación que la Concertación y la Alianza le hicieron al proyecto de modernización, exigiendo el cartón para los funcionarios de carrera. Sin embargo, guarda una carta bajo la manga, ya que espera que al llegar a la sala de la Cámara, el requisito sea declarado inconstitucional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) comenzó a ponerse el parche antes de la herida. Por esta razón el Departamento de Recursos Humanos inició un catastro de todo el servicio exterior para establecer cuáles son los embajadores, ministros consejeros y consejeros que carecen de título profesional.
La revisión de antecedentes es la reacción lógica a la indicación presentada por la Concertación y la Alianza al proyecto de modernización de la Cancillería -que se tramita en la Comisión de RR.EE. de la Cámara de Diputados- donde se establece que los funcionarios que deben asumir jefaturas de misiones en el extranjero y quienes los secundan, requieren estudios superiores.
El tema tiene complicado al ministro Alejandro Foxley, ya que en los pasillos del Minrel corre todo tipo de teorías entre los empleados de carrera respecto a las gestiones que ha hecho en favor de los que se hicieron «a pulso» y que, por diversas razones, no han pasado por la universidad.
Desde la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica) se señala, por ejemplo, que la reacción de Foxley ha sido tardía para salvaguardar los derechos adquiridos, ya que cuando ingresaron existían otras reglas.
Fuentes cercanas al gabinete del Canciller aseguran que, en todo caso, el tratamiento a Foxley «es injusto», ya que siempre se ha manifestado en contra de la indicación que pone como requerimiento «el cartón».
De todas formas Foxley tiene una carta guardada bajo la manga, ya que la intención de la Concertación y la Alianza por profesionalizar esos cargos podría irse «a pique» si es que el gobierno no presenta una indicación transitoria, señalando desde cuándo y a quiénes se les aplicará de ser aprobada.
Si el gobierno no lo hace, ese artículo podría ser declarado inconstitucional cuando llegue a la discusión en la sala de la Corporación, hecho que de seguro provocará más de una discusión y que incluso podría terminar en el Tribunal Constitucional (TC) para ser dirimido.
El tema está candente al interior de la Cancillería y es comentario obligado cuando se habla del proyecto de modernización, sobre todo cuando existen algunos «beneplácitos» o «agreements» pendientes para que funcionarios viajen a asumir otras embajadas.
Uno de estos casos es el de Patricio Pradel (DC), quien espera la confirmación para dirigirse a Trinidad y Tobago. Pradel, quien funge con rango de ministro consejero, no cuenta con título profesional y es el segundo de abordo en la Dirección de Planificación (Dipla), a cargo de Angel Flisfisch (PPD), quien es abogado y magíster en ciencia política.
En cualquier caso, la percepción interna de los funcionarios del servicio exterior sobre Foxley es que para el aniversario del Minrel, que se celebra a principios de diciembre, llegará con las manos vacías.
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