Se trata de una conversación entre Guillermo Arenas y otro sujeto que le consulta por qué no tira «el mantel» y revela lo que sabe de la millonaria licitación de la plataforma tecnológica del Registro Civil. El ex director de la institución responde con frases de sentido aparentemente inconexo: «caga la Presidenta» y «se financia la campaña de Bachelet». Pero que son para la fiscal Alejandra Godoy suficiente para abrir una nueva arista en su investigación, que se suma a la desaparición de otras escuchas al mismo Arenas, borradas por el ex jefe de la Unidad de Monitoreo Telefónico de Investigaciones, Jorge Donoso.
La investigación que lleva la fiscal Alejandra Godoy por las anomalías en la licitación del Registro Civil para modernizar la plataforma informática, que significaron la salida del director del servicio Guillermo Arenas, no deja de entregar sorpresas.
A la reciente formalización del ex jefe de la Unidad de Monitoreo Telefónico de Investigaciones, Jorge Donoso, quien misteriosamente borró una parte de las interceptaciones telefónicas que la fiscal Godoy decretó en contra de Guillermo Arenas, se suma ahora la arista de un supuesto desvío de fondos a campañas políticas.
La fiscal Godoy tiene en su poder una de las grabaciones de conversaciones telefónicas de Arenas, donde este menciona de manera críptica un posible financiamiento de la campaña presidencial de la actual Jefa de Estado Michelle Bachelet.
El tema, confidenció a El Mostrador.cl una alta fuente de la Fiscalía Centro Norte, es tratado por Arenas en una conversación sostenida con otra persona que le consulta al ex director del Registro Civil por qué no tira «el mantel».
Con esto se aludiría, según la fuente del Ministerio Público, a que Arenas revele lo que sabe respecto a las supuestas comisiones ilícitas que habrían existido detrás de la licitación de US$ 80 millones que ganó el gigante indio Tata y que finalmente derivó en la destitución de Arenas por parte del ministro de Justicia Carlos Maldonado, en marzo de este año, en medio de acusaciones de corrupción.
En la transcripción de la intercepción telefónica se detalla que Arenas responde a la pregunta con frases como que «caga la Presidenta» y «se financia la campaña de Bachelet». Las palabras, cuyo contexto apuntan a un diálogo «en confianza», ya que tienen un sentido aparentemente inconexo, son para la fiscal Godoy suficiente para abrir una hebra de investigación hasta ahora desconocida en el caso. Con lo cual sumanría una nueva sospecha contra Arenas, quien hasta ahora no ha sido formalizado.
Cara a cara
Con los datos en la mano, Godoy decidió enfrentar a Guillermo Arenas con el contenido de la intercepción. El destituido funcionario reconoció haber mantenido dicha conversación pero aseguró que se trató de una frase que no apunta a que los dineros iban a la campaña de Bachelet.
Sin embargo, como Arenas asumió la titularidad del Registro Civil una vez que la Mandataria llegó al poder y la licitación es posterior al período eleccionario, la fiscal estaría analizando el hecho de que pudieran haber existido comisiones a partidos políticos para pagar gastos de la campaña presidencial, de manera posterior a su realización.
Además, en el testimonio de Arenas, que la fiscal Godoy declaró secreto, este explica que hay «un rumor» sobre un correo enviado por un ministro, en donde se señalaría que el Registro Civil debía apoyar a la empresa Quintec para que ganara la licitación de US$ 80 millones que obtuvo Tata.
Cabe recordar que el escándalo del Registro Civil comenzó con una denuncia hecha por la empresa Quintec que participaba también en la licitación, aduciendo irregularidades en el proceso de otorgamiento del contrato con el servicio público. Uno de los voceros oficiosos de la firma que hizo llegar los antecedentes al Ministerio de Justicia, fue el actual asesor del ministerio de Hacienda y ex diputado Tomás Jocelyn-Holt.
Conocidos estos datos, lo que se sumó a una publicación del sitio Ciperchile, determinó que el comité político de La Moneda ordenara descabezar la dirección y la subdirección del organismo encargado de velar por las identidades de los chilenos.
Este medio contactó ayer el abogado Alex Carocca, patrocinante de Arenas, para que entregara una versión sobre los dichos de su cliente. Sin embargo, el profesional señaló no poder referirse a los hechos «porque la fiscal nos comunicó que la declaración era secreta» y dijo que «cuando se levante esa decisión se explicará lo pertinente».
La orden era mentir
A la luz de lo anterior, la eliminación de parte de las grabaciones de las conversaciones telefónicas de Arenas, realizada por el ex jefe de la Unidad de Monitoreo Telefónico de Investigaciones, Jorge Donoso, se vuelve aún más sospechosa para la fiscal Godoy. Lo anterior, porque Godoy no cree la versión entregada por Donoso, respecto a que quemó el contenido de los primeros días de grabaciones telefónicas hechas a Arenas.
La formalización de Donoso se realizó por los delitos de «infidelidad en la custodia de evidencia y falsificación de instrumento público», por los que arriesga penas que van desde los tres años y un día a los diez años de cárcel.
En la audiencia donde le imputaron cargos al policía, se dio cuenta de dos informes reservados donde se daba cuenta que hubo una supuesta falla técnica que finalmente no existía, cuestión que comenzó a configurar las sospechas.
Adicionalmente, Donoso le indicó a sus subalternos que mintieran sobre el destino de la grabación, cuestión que fue descubierta por el Departamento Quinto de Asuntos Internos que llevó la indagatoria.
Por ahora sólo existen dudas sobre las verdaderas motivaciones del policía y si eventualmente pudo haber recibido pagos en dinero por desaparecer conversaciones comprometedoras, cuestión que está pendiente ya que se están auditando sus bienes y cuentas bancarias.
Los otros «pinchazos» telefónicos
No es la primera vez que la fiscal Godoy enfrenta problemas con las intercepciones telefónicas. A mediados de octubre solicitó a la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía, donde está incoada la causa, una orden para intervenir los teléfonos de los ejecutivos de Tata, Arturo Nahum y Danilo Rivas, quien aparece solicitando una reunión con Arenas, en momentos en que todos los participantes de la licitación hacían lo propio.
Sin embargo, por un error inexplicable, la magistrada notificó a la defensa de los imputados, echando por tierra la diligencia que debía permanecer en secreto, tal como publicó El Mostrador.cl en su oportunidad. La Corte de Apelaciones, entonces, designó un ministro para investigar los hechos, aplicándole días más tarde una sanción menor.
Actualmente, existe sólo un formalizado en esta causa. Se trata del asesor informático del Registro Civil, Andrés Contardo, quien al mismo tiempo trabajaba para Tata, por el delito de revelación de secreto.
Asimismo, existe una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de los ejecutivos de la multinacional Domingo Frez, Andrés Tupper y Pablo Cisternas.
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