Según el diagnóstico, efectuado entre febrero y la primera quincena de abril, sólo seis de los 22 ministerios y apenas siete de las 31 subsecretarías cumplieron con entregar información dentro del plazo legal de 20 días hábiles, que comenzó a regir este lunes. Otros siete ministerios y seis subsecretarías respondieron fuera de plazo. Y dos de cada cinco ministerios y tres de cada cinco subsecretarías, nunca respondieron.(Actualizada. Vea el estudio completo)
Si la denominada Ley de Acceso a Información Pública y Transparencia hubiese entrado en vigencia el viernes pasado, 16 ministros y 24 subsecretarios habrían debido ser sancionados con una rebaja del 20% al 50% de sus salarios.
Al menos así se desprende de un estudio realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, entre febrero y abril de 2009, en el marco del cual se enviaron 53 solicitudes de información -preguntando sobre normativas y mecanismos de participación ciudadana- a 22 ministerios y 31 subsecretarías del gobierno.
El estudio, cuyos primeros resultados se presentan aquí, se enmarca en el proyecto “Es tiempo de acción”, del ICEI, Acción A.G. y La Morada, financiado por la Unión Europea, y que tiene por objetivo fortalecer la capacidad de la sociedad civil para incidir en el debate público y contribuir a la profundización de la democracia. Por eso, la primera etapa de la investigación fue sondear la capacidad de respuesta de los ministerios y subsecretarías, ad portas de la aplicación de la Ley de Acceso a Información que comenzó a regir este lunes.
Cifras reveladoras
Al concluir el período legal de 20 días hábiles para responder las solicitudes, sólo seis ministerios y siete subsecretarías habían cumplido. Otros siete ministerios y seis subsecretarías respondieron fuera de plazo. Y dos de cada cinco ministerios y tres de cada cinco subsecretarías nunca respondieron (ver gráficos).
Esto significa que el 41% de los ministerios no respondieron solicitudes de información, el 32% lo hizo pero fuera de plazo y sólo el 27% respondió en el plazo legal. En tanto el 58% de las subsecretarias no respondió, el 19% lo hizo fuera de plazo y apenas el 23% respondió conforme a los plazos.
Sin respuesta de ministerios clave
Existieron cuatro casos en los que ni el Ministerio ni la Subsecretaría respondieron a las solicitudes de información. Se trata de las carteras de Agricultura (Marigen Hornkhol), Hacienda (Andrés Velasco), Sernam (Laura Albornoz) y Secretaría General de la Presidencia (Segpres, José Antonio Viera-Gallo).
Entre las reparticiones que guardaron silencio, el caso de la Segpres es paradigmático ya que de ella depende la Agenda Pro Transparencia y es la cartera encargada de la capacitación de los funcionarios públicos de cara a la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información, que permitirá que cualquier ciudadano pueda solicitar información por escrito a través de las oficinas gubernamentales o sus sitios web respectivos.
Por otra parte, la Subsecretaría de Minería es la que respondió más rápido y la de Desarrollo Regional, más tarde. El ministerio del Interior fue el primero en responder, mientras que la cartera de Trabajo y Previsión Social demoró más de dos meses en enviar su respuesta. De Defensa, respondieron dos de cinco subsecretarías (Marina e Investigaciones), mientras que el ministerio guardó silencio.
El debate sobre la fecha
Entre los temas pendientes, según el estudio realizado por los investigadores Laureano Checa, Claudia Lagos, Cristian Cabalin, Natalia Ramírez y el metodólogo Jorge Madrid, se encuentra clarificar las fechas de entrega de información.
La ley establece que los jefes de servicio deben responder las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles. Sin embargo, no indica nada respecto a si esos 20 días se cumplen considerando la fecha del documento que contiene la respuesta, o el día en que ésta fue remitida por correo postal, electrónico o por mano.
El estudio develó que cuatro ministerios responden las solicitudes dentro del plazo, pero luego demoran excesivamente el envío de la información. Así, las carteras de Justicia (el sello de Correos de Chile informa que el sobre se mandó 19 días hábiles después de fechada la carta de respuesta), Secretaría General de Gobierno (18 días hábiles), Educación (25 días hábiles) y Relaciones Exteriores (27 días hábiles) incumplen, según el análisis, con responder dentro de los plazos legales.
En otras palabras, si la respuesta ya estaba emitida, no existía justificación alguna para demorar en su entrega. En muchos de los casos, la diferencia entre la fecha de respuesta y envío implicó que la información fuera considerada fuera de plazo.
Ficha:
Número de solicitudes de información: 53.
Organismos públicos: 22 ministerios 31 subsecretarías, considerando dentro de los primeros a todos aquellos cuyos titulares tienen condición de ministros (Sernam, por ejemplo).
Fechas de envío: Las solicitudes se entregaron el 2 y el 3 de febrero del 2009 en las oficinas de partes de cada servicio público, a excepción de aquella dirigida al Consejo Nacional de la Cultura, con sede en Valparaíso, que se envió por correo el mismo 2 de febrero. La Subsecretaria de Pesca, con sede en la Quinta Región, la envió internamente desde sus oficinas en Santiago.
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