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Entrada en vigencia de nuevo reglamento de compras públicas amplía transparencia en el sector

por 3 febrero 2010

Entrada en vigencia de nuevo reglamento de compras públicas amplía transparencia en el sector
"Se tienden a mejorar las condiciones para las empresas especialmente las pequeñas y micro, ya que aumentan el acceso y participación al mercado público ampliando sus oportunidades de negocios y competitividad", sostuvo el director de ChileCompra, Felipe Goya.

El director de ChileCompra, Felipe Goya, destacó que con la entrada en vigencia de los cambios en el reglamento de ley de compras públicas, se amplían las oportunidades de negocios y la transparencia en el mercado público.

Ello, porque desde este miércoles, comienzan a regir las nuevas disposiciones del Reglamento 19.886 de Compras Públicas, donde se acogen conceptos nuevos de contratación e introducen mayores niveles de transparencia, acceso, eficiencia y calidad en los procesos de compras y contrataciones de los organismos del Estado.

Goya subrayó que con estos cambios "se tienden a mejorar las condiciones para las empresas especialmente las pequeñas y micro, ya que aumentan el acceso y participación al mercado público ampliando sus oportunidades de negocios y competitividad".

"Este reglamento tiene modificaciones respecto de una serie temas sustanciales de este mercado - agregó - y que responden a lo dinámico de su evolución. Por ejemplo se incluyen modificaciones respecto de cómo se contratan los servicios, cómo se entienden los tratos directos, cómo se realizan las Consultas a la Industria o RFI; así como compromisos de Chile con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos acerca de la inhabilidad para contratar con el Estado con empresas sancionadas por cohecho, entre otros".

En el documento existen disposiciones que apuntan a facilitar el acceso a las oportunidades de negocios y aumentar la competitividad en el mercado público, sobre todo de las empresas de menor tamaño (EMT) que ya participan en el 36% del mismo.

Además refiere a una serie de condiciones para los oferentes en cuanto al cumplimiento de la Ley 20.238, moción parlamentaria que incorpora normas de protección laboral, como por ejemplo la inhabilidad de participación como proveedor por condenas de prácticas antisindicales o infracciones a los derechos del trabajador.

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