Antes de asumir su cargo la secretaria de Estado participó, a través de la consultora GAC, en la evaluación ambiental de la central Cruz Grande. La legisladora DC considera grave la situación, por cuanto el informe de dicha firma consideró viable la construcción de la planta en el sector de Punta de Choros, cerca de donde iba a emplazarse la abortada termoeléctrica Barrancones.
La senadora DC Soledad Alvear y dos diputados de su colectividad recurrieron este lunes a la Contraloría General de la República para que investigue el conflicto de interés que enfrentaría la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
Esto, por cuanto la secretaria de Estado, antes de asumir su cargo y a través de la empresa Gestión Ambiental Consultores (GAC), habría participado en la evaluación medio ambiental del proyecto para construir la termoeléctrica Cruz Grande, que se emplazaría en una zona cercana a la caleta Punta de Choros de la Región de Coquimbo y que estará próxima al inicio de su proceso de aprobación.
La legisladora falangista, quien concurrió esta mañana a la entidad fiscalizadora junto a los legisladores Patricio Vallespín y Matías Walker, indicó que bajo el mismo cuestionamiento están otros funcionarios de la cartera, como el jefe del Deparatamento de Recursos Naturales, Lionel Sierralta, el jefe del departamento de Evaluación y Seguimiento Ambiental, Ignacio Toro y el integrante del Consejo Consultivo de la Conama, Ricardo Katz.
Soledad Alvear manifestó que “cuatro altos funcionarios de gobierno, incluyendo la ministra de Medio Ambiente, realizaron el Estudio de Impacto Ambiental de la termoeléctrica Cruz Grande que se emplazaría en la localidad de Punta de Choros, el mismo lugar en que se pretendía instalar la termoeléctrica Barrancones y que el Presidente de la República desestimó la semana pasada por tratarse de reservas naturales».
Y enfatizó que todos ellos “concluyeron que era viable la construcción de esta termoeléctrica en Punta de Choros», por lo que “hay claramente un conflicto de interés, por lo que estas personas debieran inhabilitarse no solamente para este proceso, sino que también para todos los otros proyectos en los que actuaron mientras trabajaban en GAC”.
El escrito dirigido al contralor Ramiro Mendoza también pide que se investigue el cambio de opinión manifestado por las autoridades y que permitió la aprobación de la termoeléctrica Barrancones, cuya construcción por parte de la empresa Suez Energy quedó sin efecto por la gestión directa del Presidente de la República.
«Hay un hecho gravísimo que debe ser explicado. Cómo es posible que la gobernación marítima el 19 de agosto señale que está disconforme con el proyecto y cuatro días después, en un nuevo informe solicitado por la Corema el 23 de agosto, resuelva ese mismo día en un par de horas, que está de acuerdo sin explicar por qué», dijo la parlamentaria, apuntando a la responsabilidad que le cabe en este tema al gobernador marítimo Eric Soto y a la directora de la Conama de la Cuarta Región, Claudia Rivera.
