El presidente Piñera quiere modificar el sistema de salud. Planea convocar a 12 expertos del área para crear un proyecto de ley sobre temas tan controversiales como la Ley Corta de Isapres II, las concesiones hospitalarias, el sistema de licencias médicas y la cotización obligatoria del 7%. Pero la iniciativa no está exenta de polémica, porque más de la mitad de la comisión de técnicos está ligada al mundo de la institución de salud previsional.
Nueve de los doce expertos en el área de salud que convocó el Presidente Sebastián Piñera, están ligados de alguna manera al sector privado de la salud. Su participación –directa o indirecta – en la Asociación de Isapres, Integramédica o en clínicas privadas, se presenta en varios niveles, desde la consultoría, la gerencia, los directorios y los convenios con Universidades. Al mando de la comisión, está Juan Pablo Illanes, el histórico ex director de El Mercurio, de profesión ginecólogo.
La “Comisión Nacional para Revisar el Financiamiento de la Salud”, comenzó a operar el 30 de julio y tiene tres objetivos principales. El primero es elaborar un proyecto sobre la Ley Corta de Isapres II, luego de que el Tribunal Constitucional resolviera que la tabla de factores de las Isapres se determinará por ley, al declarar inconstitucional el sistema de reajuste de precios de las Isapres, en base a criterios de sexo y edad. El Gobierno ya entregó un borrador a la comisión, planteando una rebaja de la relación máxima entre el factor más bajo y el más alto de la tabla, la que sólo podría ser de 5.03 veces en el caso de los cotizantes y de 4.53 veces en el caso de las cargas, frente al máximo de 9 veces para las mujeres y de hasta 14 veces para los hombres, que se observa en la actualidad. Para el ex presidente del Colegio Médico, Dr. Juan Luis Castro, “de algún modo es el mejor escenario para las Isapres hoy… Se mantiene la discriminación por sexo y edad, pero se ajustan ciertos ponderadores. En vez que la diferencia sea de 9 veces ahora va a ser 4”. A la vez, se habla de una tarifa plana, lo que supondría bajar el precio a quienes son clientes de mayor riesgo y subirle a aquellos que hoy están pagando menos, para nivelar los ingresos y no incidir económicamente en las Isapres.
Luego se plantea perfeccionar el sistema de licencias médicas, donde el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, propuso crear una nueva institucionalidad, para librar a las Isapres de la administración y pago de subsidios por incapacidad laboral. Por último, se quiere modernizar el financiamiento de la salud, abarcando el tema de concesiones hospitalarias, que promueve el gobierno, y la modificación al sistema de cotización del 7% obligatorio, donde existe un compromiso presidencial hacia la eliminación de éste, en la tercera edad.
[cita]El Presidente Piñera, colocó a su íntimo amigo Fabio Valdés, vicepresidente de la Clínica Santa María, presidente del directorio de la Clínica Dávila y ex vicepresidente de la Asociación de Isapres, dentro de la comisión. Valdés es un reconocido empresario y conoce a Sebastián Piñera desde que eran compañeros en el colegio Verbo Divino.[/cita]
La comisión de expertos, en su mayoría ligada al sector privado, se deberá pronunciar sobre aspectos que afectan directamente a los sectores que algunos representan, como la Ley Corta de Isapres II, la cual debe salir lo más rápido posible, como anunció el Presidente Piñera, fijando como plazo de entrega de la propuesta, el 30 de octubre. Estos son los 12 expertos que crearán un proyecto de ley, que pretende reformar el sistema de salud Chileno.
Desde el Instituto de Salud y Futuro de la Universidad Andrés Bello –ligada a Integramédica y a la Clínica Indisa, se encuentra su director ejecutivo, Héctor Sánchez, magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile y Licenciado en Ciencias Pecuarias, en la misma universidad. Es militante de la Democracia Cristiana y ex superintendente de salud. Héctor Sánchez, fue parte del grupo de socios fundadores de Integramédica S.A. (Holding de empresas privadas prestadoras de servicios de salud) y fue su primer gerente general. A la vez, fue director de Integramédica entre 1994 y mayo del 2009. Finalmente, fue creador y primer superintendente de Isapres, entre 1990 y 1993. Sánchez afirmó en Salud y Futuro, que la solución para las Isapres luego del fallo del TC, sería “ampliar y perfeccionar el actual fondo compensatorio por riesgo Inter-Isapre (…) Las personas pagan el precio del plan independientemente de su riesgo por edad y sexo, y el fondo compensa a los seguros privados en base al riesgo de sus carteras de afiliados”. Es decir, una redistribución de los costos dentro de las Isapres.
Como académico, del Instituto de Salud y Futuro, está el ex superintendente de salud, Manuel Inostroza, médico cirujano y master de salud pública de la U. John Hopkins (EE.UU.). Inostroza es militante DC y fue durante su labor de superintendente que se promulgó la Ley Larga de Isapres (2005), donde se estableció la tabla de riesgo por sexo y edad. Frente a esto, Inostroza afirmó a La Nación en febrero de este año, su conformidad con esta Ley: “Tenemos una regulación, luego de la reforma de la salud y la modificación de la Ley de Isapres, que equilibra de mejor manera la protección de derechos de las personas, el ajustar a que no haya abusos o incrementos de precios abusivos, que haya un mejor uso de los beneficios de un plan de salud, con ajustes a un sistema que siendo rentable… está en rangos razonables que permiten hacer que todo el mundo gane en este país”.
Por otro lado, la Universidad del Desarrollo –ligada a la Clínica Alemana– tiene a dos representantes. Rodrigo Castro, decano de la facultad de economía y negocios de la UDD, ex director del programa social de Libertad y Desarrollo y quien realizó una consultoría el 2008 a la Asociación de Isapres, sobre el uso de licencias médicas. Castro posee un master y un Ph. D. en Economía en la Universidad de Georgetown (Washington DC, EE.UU.) y fue nombrado por el gobierno de Sebastián Piñera, miembro del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) del Ministerio de Obras Públicas, por lo que probablemente aportará sobre el tema de concesiones hospitalarias. Por otro lado, está el Dr. Juan Hepp, profesor de la UDD, subdirector de la Clínica Alemana y uno de los fundadores de la Corporación del Transplante.
Mientras que de la Universidad de Chile, se encuentra el académico y militante PPD Marcos Vergara, médico-cirujano, magíster en administración de salud de la U. de Chile, ex jefe de planificación estratégica del MINSAL y consultor de la Corporación Nacional del Cobre. El doctor Vergara ha realizado trabajos para Expansiva, una institución dedicada a hacer investigaciones orientadas a crear propuestas para influir en el debate de las políticas públicas, siendo liberales en lo económico y concertacionistas en lo político. Es en un trabajo realizado para Expansiva el 2005, junto a César Oyarzo (parte de la comisión de expertos), “La reforma de la salud en Chile: Lo logrado y lo pendiente”, donde ambos afirman: “La apertura de hospitales públicos a concesionarios –en esquemas que vayan más allá de lo puramente inmobiliario– es una idea que encuentra sólido respaldo en la experiencia de las obras públicas de nuestro país, así como en la de otros países”, idea acorde a la propuesta de gobierno y a varios integrantes de esta comisión.
El representante máximo de las Isapres dentro de la comisión, es el economista Rafael Caviedes, director ejecutivo de la Asociación de Isapres, director de la Asociación Latinoamericana de Salud Privada y ex director de FONASA. Las propuestas de Caviedes en el área de salud son consideradas pro industria privada y en una presentación que realizó en el congreso, tras el fallo del TC, esto se vio reflejado cuando se mostró contrario a la fiscalización que se realiza a las Isapres afirmando: “Durante el 2008 se hicieron más de mil fiscalizaciones al sector privado. Así, los directorios de las empresas no pueden concentrarse en el crecimiento, nuevos productos o servicios sino en la forma de cómo salvarse de la burocracia”. Por otro lado, se mostró contrario a una tarifa plana para los afiliados, porque afirmó que “mientras más plana la tabla menos personas podrán estar en el sistema Isapre. Por cada peso que grave a los jóvenes y niños habrá un afiliado joven menos y, consecuentemente, mayor envejecimiento del sistema y consecuentemente más caro”, agregando que “no hay otra solución correcta que no sea la aplicación de subsidios estatales bien focalizados”. Esto significa que los subsidios del Estado sean portables y que no sólo vayan dirigidos a FONASA, sino que también ingresen a las Isapres.
Dentro de la comisión también se encuentra el ingeniero Gonzalo Simón, gerente de estudios de la Asociación de Isapres; ex gerente general y director de VIDAINTEGRA; ex gerente de administración y desarrollo de VIDA TRES; y ex asesor del director de FONASA. Simón, en un trabajo realizado en Expansiva –Avances de la reforma de la salud desde la perspectiva de las Isapres, 2007– se mostró favorable a las concesiones hospitalarias amplias, es decir, sobre la construcción y sobre la administración de los hospitales y por otro lado, explica que: “El sistema de salud vigente en el país implica que los mecanismos de precio de los sectores público y privado operan de forma diferente. Cualquier incremento de costos implica necesariamente mayores precios del sector privado y por lo tanto menor posibilidad de que este pueda competir con el sector público” porque como explica, “el sector público mantiene los precios fijos equivalentes a la cotización de salud (7%), asumiendo mayoritariamente el aumento de los costos por medio de un crecimiento del subsidio fiscal”.
Otro peso pesado del mundo privado es el economista César Oyarzo, gerente general de Integramédica, ex superintendente de Isapres y ex director de FONASA. Oyarzo está asociado a Expansiva y es partidario de la concesión hospitalaria amplia, afirmando en la Radio U. Chile en julio de este año: “Entregar hospitales nuevos concesionados en la infraestructura a equipos de gestión que van a seguir manejando mal los hospitales no va a generar ningún beneficio importante para la atención de la población”. Por otro lado, está el abogado Alejandro Ferreiro, ex superintendente de Isapres, AFP y Valores y Seguros, militante DC y ex Ministro de Economía del gobierno pasado. Ferreiro fue redactor de la Ley de Probidad Administrativa y de sus años de superintendente dejó su marca con el seguro para enfermedades catastróficas.
El Presidente Piñera, colocó a su íntimo amigo Fabio Valdés, vicepresidente de la Clínica Santa María, presidente del directorio de la Clínica Dávila y ex vicepresidente de la Asociación de Isapres, dentro de la comisión. Valdés es un reconocido empresario y conoce a Sebastián Piñera desde que eran compañeros en el colegio Verbo Divino.
Otro integrante de la comisión de expertos de la salud es el ingeniero comercial Andrés Tagle, ex vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Isapres –cargo que ocupó durante tres años – y actual gerente del Área Seguros del Grupo Security y director de Codelco. Tagle es miembro de la comisión política de la UDI y ahí es conocido como “hombre de las Isapres”, representando los intereses de este sector durante la tramitación de la Ley de Isapres y el Plan Auge el 2005. Tagle fue contrario en aquella época a crear un Fondo Solidario, por considerarlo injusto, porque aumentaba el precio a quienes eran de menor riesgo, como los hombres jóvenes, para cubrir a aquellos de mayor.
Finalmente está Pablo Rodríguez, presidente del Colegio Médico. Quien al asumir su cargo, expresó su intención de luchar por mejorar las condiciones laborales de sus pares, en relación al espacio y número de camas dentro de los hospitales, afirmando: “Yo no quiero que nunca más una autoridad responsabilice injustamente a los médicos de las carencias de servicios, de equipamiento o de la falta de recursos”. Probablemente Rodríguez esté interesado en el sistema de concesiones hospitalarias que podría acabar con este problema. Por otro lado, en julio de este año, al participar en una sesión especial de la comisión de salud del senado sobre licencias médicas, el presidente del Colegio Médico, pidió poner término al deducible de tres días, porque muchas veces impulsa a los médicos a entregar licencias médicas por sobre los 11 días –donde se paga desde el día uno. A su vez, propuso crear un Instituto de Licencias Médicas, autónomo e independiente, con la finalidad de fiscalizar al sistema público y privado, evitando aquellas situaciones que se dan en la actualidad, donde las Isapres rechazan las licencias médicas sin justificación alguna, como aseveró el doctor.
