Llegó la hora de reponer el Estado de Derecho al interior de los partidos políticos, dando pie a una de las reformas fundamentales para evitar seguir perdiendo legitimidad y, por tanto, avanzando inexorablemente hacia el ocaso definitivo.
Hablar de la creciente tendencia a la baja de la política o, más bien, de los políticos en Chile, ya pierde sentido si no avanzamos en propuestas concretas que permitan democratizar a los partidos y recuperar la imagen de instituciones como el Senado, la Cámara de Diputados y, en general, de la gestión pública en su conjunto. Estamos ante una crisis más permanente, más de fondo y más estructural del sistema político de lo que muchos quieren asumir.
Cada cierto tiempo asistimos al anuncio, con pompa, de medidas que buscan revertir este crudo panorama. Anunciar, por ejemplo, el adelanto de una elección para no afectar las vacaciones de la gente no es la forma en que resolveremos este problema ni tiene la entidad para ser llamada reforma de la política. Tampoco lo es el intercambio de frases para el bronce ni culpar al adversario.
El gran problema de la política chilena se origina y termina en los partidos, que se han convertido en grupos cerrados, oligarquizados, donde brillan por su ausencia mecanismos que permitan una amplia participación de sus propias bases en la toma de decisiones. Por el contrario, los partidos –y la política– aparecen a ojos de los ciudadanos como pequeños clubes de privilegiados que reparten beneficios para unos pocos.
El foco central, y casi único de los partidos, parecieran ser las cuestiones del poder. Pero no en torno a los grandes desafíos nacionales, sino sobre la repartija, el cuoteo, es decir, el lado oscuro de la política. Es en torno a eso que se organizan los debates y disputas partidarias que aparecen en los medios. Permanentes reyertas que no hacen sino conducir a los partidos a profundos y agudos cismas internos y al enfrentamiento público entre actores que supuestamente debieran cooperar. La pregunta que se abre es por qué ocurre aquello.
[cita]El fenómeno de los descolgados ya nos demostró que la fácil no es la vía para solucionar el problema. Se requiere una reforma política estructural y no cosmética para reencantar a la ciudadanía y recuperar algo de su respeto.[/cita]
Me atrevo a decir que la falta de democracia interna de los partidos es una de las causas principales de la crisis de la política y pongo como ejemplo a mi propio partido: el Partido Socialista, cuya última elección interna estuvo marcada, precisamente, por el acuerdo transversal de todos aquellos que competimos por la presidencia , acerca de la necesidad de recuperar nuestra institucionalidad partidaria y el derecho al debate y la práctica democrática interna, cercenada por lógicas autoritarias que se habían instalado en nuestra convivencia.
Sin embargo, últimamente estamos ante la presencia de síntomas preocupantes de que las cosas no van por la ruta trazada de común acuerdo. Por el contrario, estamos ante el riesgo de involucionar lo avanzado en los pocos meses que lleva la actual dirección socialista. En efecto, en el marco del debate abierto en el PS ante la actuación del Presidente de nuestro partido en la votación del reajuste al sector público, se ha evidenciado un retorno a prácticas que creíamos desterradas.
Entre otras, el forzar votaciones sin asidero estatutario; la arbitrariedad y manipulación en el otorgamiento de la palabra en las reuniones de los órganos directivos y el intento de impedir que dirigentes sindicales socialistas asistan a las discusiones más trascendentes del reciente pleno del Comité Central del PS, entre otras. Es decir, una acción deliberada de cercenamiento del debate interno conforme a las directrices e intereses de unos cuantos y la puesta en escena de operaciones de utilería para impedir la expresión libre de todas las visiones y opiniones internas y controlar los debates. Se trata de prácticas que destruyen la democracia y atentan contra la convivencia interna, socavando, de paso, el respeto a la institucionalidad.
Cuando suceden episodios como el descrito, quienes son censurados por estas prácticas terminan sin más opción que expresar sus opiniones fuera de los espacios formales, lo que finalmente genera permanentes conflictos y peleas internas y redunda, a su vez, en la pésima imagen que la clase política muestra habitualmente ante la opinión pública, exhibiéndonos más ocupados de salvar las cuestiones del poder interno que de resolver las demandas de quienes nos han confiado su representación.
Llegó la hora de reponer el Estado de Derecho al interior de los partidos políticos, dando pie a una de las reformas fundamentales para evitar seguir perdiendo legitimidad y, por tanto, avanzando inexorablemente hacia el ocaso definitivo. Necesitamos una reforma que promueva la modernización de las estructuras partidarias; garantice mecanismos reales de participación; asegure una efectiva democracia interna y establezca órganos que administren justicia partidaria.
El fenómeno de los descolgados ya nos demostró que la fácil no es la vía para solucionar el problema. Se requiere una reforma política estructural y no cosmética para reencantar a la ciudadanía y recuperar algo de su respeto. Entre otros, perfeccionar los procesos de afiliación de nuevos militantes y de padrones, mejorar la entrega de información a la ciudadanía y asegurar mecanismos transparentes de elección de los tribunales electorales y disciplinarios, entre otras.
Si a esto le añadimos avances en materias tales como: iniciativa popular de ley; primarias; ampliación de los asuntos plebiscitables; reforma al sistema electoral y voto voluntario, podremos decir que estamos verdaderamente frente a un intento genuino de hacernos cargo de la crisis de legitimidad que afecta a la política.
La prueba de la blancura pasa por conjugar al menos tres verbos: incluir, transparentar, democratizar.
