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Corte Suprema recibe oficios de Perú para imputar nuevos cargos a Fujimori

Los oficios que ingresaron al máximo tribunal del país traen la firma del Presidente peruano, Alan García, pero según el tratado de extradición suscrito por ambos países, el ex mandatario solo puede ser juzgado por los delitos que determinó la Suprema chilena. El juzgado deberá designar ahora un ministro para que instruya el requerimiento de las autoridades limeñas.


La Corte Suprema recibió dos exhortos de la Justicia peruana para imputar nuevos cargos al ex presidente Alberto Fujimori, que en 2007 fue extraditado desde Chile para ser juzgado en su país por dos delitos de lesa humanidad y cinco de corrupción, informaron fuentes judiciales.

Los oficios que llegaron a la oficina de extradiciones del alto tribunal chileno llevan la firma del presidente peruano, Alan García, y buscan juzgar a Fujimori por los delitos de malversación de fondos, agravio al Estado y fraude al fisco.

De acuerdo al tratado de extradición suscrito por Chile y Perú, el ex mandatario solo puede ser juzgado por los delitos que determinó la Corte Suprema chilena.

El tribunal deberá designar ahora un ministro para que instruya el requerimiento de las autoridades peruanas.

En el año 2000, Fujimori renunció a la Presidencia por fax desde Japón tras destaparse en Perú una inmensa red de corrupción dirigida por Vladimiro Montesinos, ya juzgado y encarcelado, y durante cinco años estuvo en el país asiático, que le dio asilo al tener también nacionalidad japonesa.

En noviembre de 2005 intentó volver a Perú e hizo una escala en Chile, donde fue detenido.

En septiembre de 2007, Fujimori fue extraditado por dos casos de violación a los derechos humanos -dos matanzas y dos secuestros- y otros cinco casos de corrupción.

En 2009 fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de 25 personas en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Además fue sentenciado a ocho años de cárcel por el pago de una indemnización de 15 millones de dólares a su exasesor Vladimiro Montesinos y a seis años por el allanamiento ilegal de la casa de la esposa de éste.

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