Esto, luego que el Consejo para la Transparencia solicitara al ente fiscalizador la apertura de un sumario administrativo contra la alcaldesa de Viña del Mar, por negarse a cumplir un dictamen de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que la obligaba a proporcionar los documentos solicitados por un vecino de Reñaca.
A través de un oficio, el Consejo para la Transparencia solicitó este viernes a la Contraloría General de la República el inicio de un sumario administrativo en contra de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, por infringir la ley 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública, por lo que se convertirá en la primera autoridad comunal sancionada por el incumplimiento de esa normativa.
El caso se remonta al año 2009, cuando el residente de Reñaca Mauricio Román solicitó a la Dirección de Obras de la Ciudad Jardín una serie de documentos sobre la supuesta existencia de calles irregulares en ese balneario. Sin embargo, recibió sólo respuestas negativas que lo llevaron a pedir asistencial legal y la asesoría de la Fundación Defendamos la Ciudad.
El propio municipio defendió más tarde la legalidad de su proceder ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Pero el tribunal de alzada desechó sus argumentos y ordenó el cumplimiento de la ley, sin que hasta ahora Román haya obtenido la información requerida.
“Habiendo el municipio reclamado la legalidad de esta decisión ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso ésta, con fecha 29 de diciembre de 2010, rechazó el reclamo mediante su sentencia Rol W 1721-2010. En consecuencia, la decisión del Consejo se encuentra ejecutoriada y el plazo de cumplimiento vencido, sin que el órgano edilicio haya entregado la información correspondiente”, sostiene el oficio enviado al ente fiscalizador y que lleva la firma del director del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada.
La decisión del Consejo se adoptó en su sesión ordinaria del 11 de marzo pasado, al considerar que Virginia Reginato infringió el artículo 46 de la ley, que dice relación con “la no entrega oportuna de la información en la forma decretada por este Consejo, una vez que ha sido ordenada por resolución firme”.
Finalmente, señala que la solicitud es para que la Contraloría “instruya dicho sumario administrativo, a fin de que se investiguen los hechos descritos y, en su caso, proponga a este Consejo Directivo las sanciones que en derecho correspondan”.
