La resolución de la Corte de Apelaciones se produce pocos días después de que el Ministerio Público admitiera que mensualmente se realizan unas 1.600 escuchas y grabaciones telefónicas.
Las escuchas y grabaciones telefónicas de Carabineros en el marco de una investigación por tráfico de drogas fueron ilegales y pueden constituir un delito, determinó este miércoles la Corte de Apelaciones de Santiago.
El tribunal de alzada capitalino estableció que las grabaciones telefónicas e interceptaciones realizadas por la Dirección de Inteligencia de Carabineros «no se adecuaron a la ley» y «podrían constituir algunos de los delitos» tipificados contra el respeto y protección a la vida privada y pública de las personas y su familia, y la Ley de Telecomunicaciones.
Fuentes judiciales confirmaron a la agencia EFE el fallo de la Octava Sala de este tribunal e indicaron que le corresponde al ministerio investigar los hechos.
A pesar del contenido de su resolución, la Corte rechazó el recurso de amparo presentado por el abogado del policía Luis Parra Castro, investigado por los servicios de inteligencia de Carabineros, por un tecnicismo jurídico, ya que lo que debía haber presentado la defensa era un recurso de protección.
Pero al entrar a dirimir el fondo del asunto, el tribunal señaló que el espionaje se hizo sin que hubiera indicios que vincularan al policía Luis Parra con el narcotráfico.
El abogado defensor, Claudio Cofré, denunció haber recibido «amenazas de secuestro» de parte de «personas no identificadas que se dicen vinculadas a la Dirección de Inteligencia de Carabineros», según figura en el recurso de amparo.
La resolución de la Corte de Apelaciones se produce pocos días después de que el Ministerio Público admitiera que mensualmente se realizan unas 1.600 escuchas y grabaciones telefónicas.
En un 90 por ciento de los casos se trata de investigaciones relacionadas con narcotráfico y el resto con secuestros, lavado de dinero y crimen organizado.
Algunos sectores políticos y judiciales han expresado su inquietud por el elevado número de intervenciones telefónicas, al considerar que esas acciones pueden violar derechos y garantías constitucionales.
«Tenemos antecedentes que nos indican que se estarían realizando intervenciones y grabaciones telefónicas ilegales a algunos jueces, diputados, autoridades de gobierno, abogados de derechos humanos, dirigentes mapuches y líderes de movimientos sociales y sindicales», dijo a Efe el abogado Rubén Jerez.
En Chile existen dos vías legales para ordenar interceptaciones y grabaciones telefónicas: cuando un fiscal la solicita a un juez de garantía en el marco de investigaciones por narcotráfico o terrorismo, y cuando son solicitadas a un juez de la Corte de Apelaciones por los organismos de inteligencia estatales aduciendo riesgo para la seguridad nacional.
