«Continuaremos con las movilizaciones para protestar por una educación gratuita y contra la represión por parte de la policía de la que fuimos víctimas durante esta jornada», señaló la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) Camila Vallejos.
Estudiantes, profesores y trabajadores convocaron a una nueva protesta para el 19 de octubre próximo, en demanda de una educación pública gratuita y de calidad.
«Continuaremos con las movilizaciones para protestar por una educación gratuita y contra la represión por parte de la policía de la que fuimos víctimas durante esta jornada», señaló la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) Camila Vallejos.
En una rueda de prensa junto al presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez y otros dirigentes, Vallejo fue enfática en convocar «a todas las organizaciones que están contra la represión».
En tanto, Martínez explicó que se ha resuelto para la próxima semana convocar a todas las organizaciones sociales, culturales, sindicales, ecologistas y profesionales «a una reunión para ver las características de la movilización del 19 de octubre».
Los dirigentes calificaron la jornada de movilización de este jueves «como una de las más violentas y represivas» de las que se hayan vivido hasta ahora en Chile.
«Lamentamos nuevamente como el Gobierno ha enfrentado el movimiento. La Intendencia les dio libertad absoluta para reprimir, para no (permitir) reunirse en los espacios públicos y esas cosas son inaceptables, porque violaron una libertad constitucional», enfatizó Vallejo.
Las manifestaciones y posteriores disturbios de este jueves se generaron pocas horas después de que los estudiantes rompieran la mesa de diálogo con el Gobierno con el fin de destrabar el conflicto y le acusaran de «intransigente».
Una educación pública gratuita y de calidad ha sido la demanda central de las movilizaciones estudiantiles que desde mayo se desarrollan en Chile, donde el Estado subvenciona parte de la educación privada.
