Romano fue destituido el 15 de diciembre de 2011 por un Jurado de Enjuiciamiento que lo encontró partícipe de 103 delitos de lesa humanidad, por no haber denunciado o investigado violaciones a los derechos humanos de las que tomó conocimiento como funcionario judicial durante la última dictadura militar.
El ministro de la Corte Suprema, Adalís Oyarzún, ordenó la detención preventiva del ex juez argentino Otilio Romano, imputado de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura trasandina.
Oyarzún había solicitado en enero pasado al ministerio del Interior un informe sobre la petición de refugiado que hizo a Chile el destituido camarista, prófugo de la justicia argentina desde agosto.
Tras la llegada de la documentación por parte de la Cancillería argentina sobre el resumen de los cargos que se le imputan, el juez Oyarzún determinó pedir la detención de Romano para concretar el análisis de su eventual extradición.
El integrante del máximo tribunal chileno cumplirá los pasos inmediatos a la captura y deportación del otrora magistrado, aunque tiene la posibilidad de apelar ante la Sala Penal.
Romano fue destituido el 15 de diciembre de 2011 por un Jurado de Enjuiciamiento que lo encontró partícipe de 103 delitos de lesa humanidad, por no haber denunciado o investigado violaciones a los derechos humanos de las que tomó conocimiento como funcionario judicial durante la última dictadura militar.
Un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, Romano escapó a Chile, donde solicitó refugio político y consiguió un visado de permanencia por ocho meses.
En septiembre fue declarado prófugo por la justicia argentina al no presentarse a la citación judicial que terminó en su destitución y, finalmente, el juez federal Walter Bentos pidió su captura internacional.
Mientras tanto, Romano figura en la lista de 315 personas más buscadas por la Interpol junto a otras como el hijo del asesinado líder libio Muammar Gaddafi.
