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Tras 22 días sin control de la agenda La Moneda ve la luz para destrabar conflicto en Aysén

por 7 marzo, 2012

Tras 22 días sin control de la agenda La Moneda ve la luz para destrabar conflicto en Aysén
La crisis en la Undécima Región le arrebató al Ejecutivo la posibilidad de ser el que definiera los temas en el debate público durante un largo período. Y mientras un sector de la derecha está convencido —en la línea del discurso de Palacio—, de que es imposible negociar mientras el orden público esté sobrepasado, otro cree que la autoridad está respondiendo a un diseño que ya ha utilizado antes y del que no ha salido bien parado.

En el conflicto de Aysén parece haberse implementado un modelo de reacción al cual el gobierno ya ha echado mano antes. La situación de la Undécima Región se ha manejado de forma similar a lo ocurrido en Magallanes, lo que ha provocado que La Moneda lleve 22 días —contados desde el bloqueo del emblemático puente de la zona— sin el control de la agenda política y comunicacional. Algo que preocupa en ciertos sectores del oficialismo. De allí la importancia de que pudiera abrirse una mesa de negociación lo antes posible. Y, si bien se consiguió el objetivo de hacer valer el principio de autoridad y mostrar mano firme —evitando perder puntos en el sector de la opinión pública que se identifica con la derecha—, el desgaste se pudo observar en los números de la última encuesta Adimark. En esta medición bajó la aprobación al gobierno en general en 4 puntos respecto a la medición anterior, cayendo al 31 por ciento.

Aunque desde el oficialismo han tratado de apuntalar al gobierno, con el ya conocido discurso que le atribuye a la Concertación toda la responsabilidad por situaciones que habrían quedado como resabio de sus administraciones, de poco ha servido. Ello, porque existe conciencia de que La Moneda ha perdido días valiosos sumergida en una agenda que no logra controlar, y lo transforma en un gobierno eminentemente reactivo. En la propia Alianza admiten que lo que ocurre en Aysén responde al “modelo de reacción del gobierno” frente a este tipo de conflictos e insisten en que el principal problema es justamente que la autoridad “no se anticipa a los conflictos, sino que reacciona cuando ya han estallado”. Los hechos demuestran que en este caso no fue diferente.

La principal preocupación, dado el escenario conflictivo que se vislumbra para este año, “es que este diseño se pueda repetir en cualquier momento”. Porque es evidente, sostiene un observador de gobierno, que en el caso de Aysén, al igual que en el de Magallanes, “se perdió tiempo y, por lo tanto, el gobierno quedó sumido en una agenda que no le era propia. Y va a tener que hacerse cargo de eso para salir del problema. Lo preocupante es que esa forma de actuar pueda ser legitimada por el propio gobierno que, al final, siempre termina haciéndose cargo de asuntos que no estaban en la negociación original”.

En la derecha algunos lamentan que debido al conflicto en la Undécima Región, el gobierno no haya podido sacarle el suficiente partido al aniversario del 27/F, por ejemplo. Aunque el esfuerzo se hizo, lo cierto es que la contingencia de Aysén ha impedido que el tema tome vuelo. Algo que es particularmente relevante para el oficialismo en el marco de un año de elecciones municipales.

Por otra parte, en algunos sectores de la Alianza están convencidos de que el gobierno afronta este tipo de conflictos privilegiando el orden público, ya que tiene la necesidad de recuperar el voto duro de la derecha. Lo que en algunas ocasiones es visto como un error, pues este diseño lo puede condenar a “atrincherarse en el 33 por ciento”. En el caso de Aysén, una fuente oficialista plantea que el hecho de reforzar la seguridad con Carabineros de Fuerzas Especiales, el uso de lacrimógenas o de balines por parte de la fuerza pública es percibido por la ciudadanía como “una agresión de parte del gobierno”, lo que genera solidaridad y refuerza el respaldo a quienes encabezan las movilizaciones, aún en los momentos más difíciles. Esto claramente juega en contra de las aspiraciones del Ejecutivo y hace más difícil controlar o apaciguar el conflicto.

Esto también hace más difícil que La Moneda pueda imponer una agenda que le sea propicia políticamente, en medio de un ambiente de crispación social que al parecer no va a amainar. Es así como en la derecha algunos lamentan que debido al conflicto en la Undécima Región, el gobierno no haya podido sacarle el suficiente partido al aniversario del 27/F, por ejemplo. Aunque el esfuerzo se hizo, lo cierto es que la contingencia de Aysén impidió que el tema tomara el peso que le convenía al gobierno, luego de la formalización del Subsecretario del Interior de Bachelet, Patricio Rosende. Algo que es particularmente relevante para el oficialismo en el marco de un año de elecciones municipales.

También están los que desde el gobierno formulan la tesis de que cuando surge este tipo de conflictos, para los cuales se debería estar preparado pero nunca se está, se genera la disyuntiva de si dar en el gusto a la derecha más conservadora y dura —para algunos personificada por la UDI— y endurecer la mano, amenazando con medidas como invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado, o posicionarse como “una derecha diferente, que dentro de sus temas considera la seguridad, pero también otras materias tanto o más importantes que el orden público”.

Algo que, en medio de este conflicto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, parece haber dejado atrás. Mientras al inicio de este gobierno, el jefe de gabinete de Sebastián Piñera intentaba posicionarse como el rostro de “la nueva derecha”, desmarcándose de sus socios de pacto, su nuevo discurso es o se percibe totalmente diferente. Así lo plantea el analista político Marco Moreno. A su juicio, “con su discurso, Hinzpeter, retoma su alianza con el partido del orden”. Lo que se debería a que existe conciencia en el gobierno de que el 2012 será un año conflictivo en el ámbito social y eso le permite partir desde un piso (33 por ciento) y no volver a desfondarse como ya pasó cuando bajó del 30 por ciento de aprobación, marcando récords históricos de rechazo.

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