La decisión de dos de los magistrados que rechazaron los recursos en contra del proyecto de Endesa y Colbún de no inhabilitarse, pese a enfrentar conflictos de interés, hizo arder Troya al interior de la judicatura. Ahí se revivió el antiguo rechazo que suscita entre los magistrados de carrera que funcionarios de fuera, que en su mayoría han estado vinculados al mundo privado, ejerzan después como ministros de la Corte Suprema. Por eso, la situación que enfrenta Pedro Pierry y María Eugenia Sandoval es fuertemente cuestionada y calificada como una “falta de criterio”, que en la práctica generó “un daño colateral” para la imagen de todo el Poder Judicial.
El miércoles 4 de abril y luego de una avalancha de críticas en las redes sociales y diversas consultas de la prensa, el ministro Pedro Pierry explicó personalmente que su cuestionada participación accionaria en Endesa “no es una causal de inhabilidad para resolver sobre los recursos de protección presentados en contra del proyecto hidroeléctrico HidroAysén”.
Antes de dar esta declaración, el juez, que fue unos de los tres que rechazó los recursos contra la iniciativa, había solicitado al presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, que lo blindara frente a la incómoda situación que enfrentaba por tener más de 100 mil acciones en la empresa, que junto a Colbún, promueve la apuesta energética. Pero la respuesta fue negativa: Pierry debía rascarse con sus propias uñas y dar él mismo las explicaciones del caso.
La soledad con que el ex abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) enfrentó el vendaval no es casual, ya que responde a una vieja tensión que se arrastra en el Poder Judicial en torno al arribo, a partir de 1997, de abogados externos al sistema judicial.
Pierry es uno de los cinco ministros externos que componen el pleno de la Corte Suprema. Los otros son Patricio Valdés, Carlos Künsemüller, Roberto Jacob, y María Eugenia Sandoval. Esta última también fue cuestionada por el caso HidroAysén, ya que al igual que Pierry rechazó los recursos en contra del proyecto energético y no se inhabilitó, pese a que su hermano, el abogado Gerardo Sandoval, tiene como clientes a los Matte.
Este vínculo, denunciado por tres senadores que el lunes se reunieron con Ballesteros para solicitarle a través de una carta que el Máximo Tribunal analice los hechos, fue desmentido por la compañía del grupo Matte. Según señala un comunicado de prensa “la empresa tiene el deber de aclarar que el Sr. Gerardo Sandoval G. no se ha desempeñado como abogado de la compañía generadora Colbún”.
[cita]Esta situación, según fuentes del máximo tribunal, “implica un daño colateral para todos, lo que ha generado molestia y decepción, porque se terminan pagando costos de imagen pública por culpa de que vengan dos personas de afuera a enlodar a la Corte Suprema. Sobre todo tomando en cuenta que ha costado un mundo levantar la imagen del Poder Judicial después de la dictadura”.[/cita]
Efectivamente, Sandoval no asesoró a la compañía generadora, pero tal como expusieron los senadores Antonio Horvath (RN), Guido Girardi (PPD), Jaime Quintana (PS), y Carlos Cantero (IND) en la misiva dirigida a Ballesteros, el abogado penquista “atiende como clientes a las empresas CMPC y Forestal Mininco que forman parte del grupo Matte, copropietaria de HidroAysén”.
Vínculo laboral que es posible ver en la página web del estudio Sandoval & Latsague, en que Gerardo Sandoval es socio.
Este capítulo, en que dos ministros externos enfrentan serios cuestionamientos éticos por no haberse inhabilitado pese a enfrentar conflictos de interés en un caso emblemático para el país, ha removido las aguas dentro de este poder del Estado, poniendo sal a heridas que se arrastran desde el arribo de este tipo de integrantes.
Según explican fuentes vinculadas al Poder Judicial estos magistrados “irrumpieron, llegando por primera vez un externo a la presidencia de la Corte Suprema en 1997”.
La incomodidad, señalan, “nace porque ministros de carrera muestran extrema sobriedad en ingresos y gastos. Y llega una avalancha de externos que la contaminan”. A diferencia de los jueces de carrera, “los externos en general cuentan con un patrimonio consolidado en su experiencia de trabajo en el mundo privado”.
Incomodidad que se tradujo en una fuerte molestia ante las declaraciones de Pierry, que se amparó en haber actuado en el marco de la legalidad, “pero obviando referirse al tema ético. Porque puede ser legal pero el sentido común indicaba la necesidad de inhabilitarse”. La misma sensación interna flota en torno a la magistrada Sandoval, “por eso se critica fuertemente el desatino de esta gente”, señalan al interior de la Suprema.
Esta situación, según fuentes del máximo tribunal, “implica un daño colateral para todos, lo que ha generado molestia y decepción, porque se terminan pagando costos de imagen pública por culpa de que vengan dos personas de afuera a enlodar a la Corte Suprema. Sobre todo tomando en cuenta que ha costado un mundo levantar la imagen del Poder Judicial después de la dictadura”.
En este escenario, según cercanos a la Corte, “esta es una oportunidad única de Ballesteros para mostrar talento y liderazgo y salir airoso de este desafío”.
No sería una buena señal si no se toman cartas en el asunto. Entre otros puntos porque “la Corte Suprema forma parte de la Comisión Iberoamericana de Ética. Si eventualmente no se quiere ir al fondo del problema los afectados pueden recurrir a ella”. Además, “esta es la peor de las imágenes para la OCDE, porque Chile no sería confiable a partir de soluciones de controversias específicas. Por lo que se puede deteriorar la imagen país a tal nivel que grupos ecológicos tengan aún mayor apoyo internacional”.
Los senadores que se reunieron con Ballesteros le solicitaron que la Corte Suprema adoptara “las medidas y recomendaciones conducentes a enmendar estas situaciones y las someta a las instancias de conocimiento y definición éticas con que cuente la propia institución”. Recalcando que “de no adoptarse medidas radicales o de fondo, hechos como este pueden comprometer no solo la legitimidad de la labor de impartir justicia, sino el funcionamiento del resto de nuestras instituciones democráticas y con ello la imagen que el país proyecta nacional o internacionalmente”.
Ese mismo día, durante el Pleno, se le consultó al portavoz de la Corte Suprema, Jaime Rodríguez Espoz, si el máximo tribunal había analizado la presentación de los honorables, a lo que éste respondió que el presidente no propuso que se discutiera ante el Pleno.
Rodríguez detalló que existen dos vías para abordar el requerimiento: que Ballesteros cite directamente a la Comisión de Ética, o que el propio Pleno acuerde enviar los antecedentes a la comisión.
No sólo los magistrados de carrera tienen puesta la lupa en los ministros externos. En su carta los senadores también los cuestionan, señalando que “los mecanismos de designación de los miembros del Poder Judicial y la integración de las Salas juega un rol preponderante, donde por distintas razones de índole económico y jurídico institucional contamos con ministros ajenos a la carrera judicial, muchos de ellos ex representantes de grupos económicos o de instituciones de interés ajenos al Poder Judicial como acontece a la propia ministra Sandoval, quien hasta hace poco se desempeñaba en Pricewaterhouse”.
Por eso están trabajando en una moción para modificar el Código Orgánico de Tribunales en lo relativo a las causas de recusación e implicancia de los jueces.
Según el senador Antonio Horvath, “hoy la legalidad plantea que los magistrados no pueden poseer más del 10% de una empresa, lo que se lograría sólo siendo una empresa multinacional. Por eso es necesaria una reforma que determine claramente una inhabilidad en el caso de que el magistrado venga de un área vinculada al tema, o existan vínculos de sus parientes en negocios o actividades con intereses que tengan que ver con la materia”.
En tanto el vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, va más allá y afirma que “ha llegado la hora de poner fin a los abogados integrantes”. “No puede haber ingreso al Poder Judicial si no se hace carrera judicial. La ministra Sandoval llegó después de toda una vida en el mundo privado y por una fugaz y express trayectoria en el Juzgado de San Miguel. Por lo tanto, está claro que los jueces del Tribunal Supremo deben esencialmente provenir de una carrera judicial. Es la única manera de garantizar de que no existan conflictos de interés, como en el caso de la ministra Sandoval y del ministro Pierry”.
