A través de una declaración pública rubricada por su rector, Ernesto Schiefelbein, la casa de estudios afirmó que “en ningún caso ha sido cuestionada la legitimidad de la obtención de los cinco años de acreditación de nuestra institución, la que está avalada por su historia y una calidad educativa sostenida en nuestros 23 años de trayectoria”.
La Universidad Autónoma de Chile consideró “equívoca” este jueves la información aparecida en la prensa que cuestiona a la casa de estudios por el supuesto lucro que encerraría su vínculo con la inmobiliaria Gaudí S.A., en la cual el actual ministro de Justicia y ex rector de la casa de estudios, Teodoro Ribera, tendría un 10 por ciento de participación.
A lo anterior se suman los antecedentes conocidos esta semana sobre los vínculos que tenía Ribera con el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, quien permanece en prisión preventiva tras ser formalizado por varios delitos de corrupción.
A través de una declaración pública rubricada por su rector, Ernesto Schiefelbein, la Universidad Autónoma recordó que todos los antecedentes relativas al lucro en la educación superior, tal como lo hicieron otras universidades, quedaron a mediados de año a disposición de la Cámara de Diputados y del Ministerio Público y que se trata de información que se ha dado a conocer públicamente.
“El 20 de junio de 2012, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados envió una solicitud de investigación a la Fiscalía para que indagara sobre el comportamiento financiero de las ciertas universidades. Dicho requerimiento también se realizó a otras instituciones de educación superior, entre ellas, Universidad de Las Américas, Universidad Andrés Bello, Universidad Del Mar, Universidad Santo Tomás, Universidad Uniacc, Universidad Central, Universidad Del Desarrollo y Universidad Pedro de Valdivia. Es importante precisar que el informe de la Comisión Investigadora fue desechado por la sala de la Cámara de Diputados”, indica la nota de prensa.
Asimismo, indica que “esta solicitud fue de conocimiento público y en su oportunidad se dio a conocer en los medios de prensa” y agrega que “la Universidad Autónoma de Chile entregó los antecedentes solicitados por la Fiscalía en forma oportuna, información que ya había sido entregada al Ministerio de Educación”.
El comunicado resalta que “a lo largo de nuestros 23 años de trayectoria académica permanentemente hemos actuado con probidad y responsabilidad. A ello se suma que la información financiera de la universidad siempre ha sido pública. Todos los años hemos enviado nuestros estados financieros y cualquier persona que quiera revisarlos, para conocer los alcances de nuestro patrimonio e ingresos, lo puede hacer por medio de la página web del MINEDUC www.mifuturo.cl”.
Asimismo, sostiene que “tenemos la completa certeza que hemos actuado conforme al Derecho. Parte de nuestros deberes como universidad, y de cualquier institución de educación superior, es la entrega transparente y oportuna de los antecedentes solicitados por la Fiscalía”.
Finalmente, la U. Autónoma hace hincapié en que “en ningún caso ha sido cuestionada la legitimidad de la obtención de los cinco años de acreditación de nuestra institución, la que está avalada por su historia y una calidad educativa sostenida en nuestros 23 años de trayectoria”, y al mismo tiempo lamenta que “más de 20.000 familias y 10.000 egresados hayan sido afectados por esta desinformación, la que ha perjudicado innecesariamente la imagen de la Universidad Autónoma de Chile”.
