A 24 años del misterioso secuestro y asesinato del menor
Paola Papi difundió una sentida carta en donde apela al mea culpa que el pasado 6 de septiembre hizo el máximo tribunal reconociendo «la dejación y las omisiones» cometidas por este durante la dictadura frente a las violaciones a los derechos humanos. «La verdad oficial que se mantiene hasta hoy, septiembre de 2013, no sólo agrede a mi persona y familia, sino que a la comunidad nacional y a la propia judicatura», señala la misiva.
Una sentida carta abierta, destinada a presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, y a los demás ministros, difundió este martes Paola Papi Beyer, madre de Rodrigo Anfruns, menor de seis años que fue secuestrado el 3 de junio de 1979 y cuyo cadáver fue encontrado once días después en un sitio que ya había sido registrado por la policía, con quemaduras de cigarrillos, y cuyo caso fue vuelto a abrir por la Corte de Apelaciones en 2011.
En el texto, la mujer emplaza al Poder Judicial a cumplir con su deber, luego de que el pasado 6 de septiembre, el pleno del máximo tribunal de nuestro país emitiera un comunicado reconociendo la “dejación y las omisiones” que cometió durante la dictadura frente a los atropellos a los derechos humanos cometidos por las autoridades del Golpe Militar.
Frente a estas declaraciones de la Corte Suprema, Papi asegura «que en el caso de mi hijo, aún el Poder Judicial sigue en deuda». Posteriormente pasa a detallar la información en 2004 compartió con ella el teniente de Carabineros, don Jorge Rodríguez Márquez, quien le habría confesado «por razones de conciencia, que tiene un antecedente que no se había atrevido a dar antes por temor a represalias en su contra y de su propia familia. Me relata que en la madrugada del día 14 de junio de 1979 presenció que desde un vehículo, de los que usualmente usaban los agentes de la CNI, sacaron el cuerpo de Rodriguito desde el porta maletas, dejándolo en el lugar en el cual fue encontrado un par de horas después, en el curso de la mañana», asegura.
Posteriormente, la madre del menor asesinado relata que esta información fue desestimada por la magistrada Dobra Lusic Nadal, quien además habría ordenado la detención del teniente Rodríguez durante una noche y para que «no estuviese en libre plática mientras ella lo volvía a interrogar la mañana siguiente», señala. Asimismo, Papi hace hincapié en los informes periciales de los legistas forenses, doctor Luis Ravanal Zepeda y del doctor y profesor Aurelio Luna Maldonado, de la Universidad de Murcia, España, que entonces ya señalaban que la data de muerte de Rodrigo era muy reciente en relación al hallazgo de su cuerpo del niño «y que en ningún caso su muerte se habría producido el día de su desaparición, el domingo 3 de junio de 1979».
«Sin embargo, en octubre de 2006, el caso lo cierra la Magistrada Lusic, reafirmando la verdad oficial, policial y judicial, no provocando las pruebas presentadas convicción alguna a la magistrada», relata la mujer en el documento.
«En el pasado existió una Corte Suprema con su independencia agredida, situación que no ocurre en la actualidad; sin embargo, la secuencia que ha llevado la investigación del rapto y asesinato de mi hijo, no ha tenido más respuestas que validar la tesis de la antigua judicatura, esa que mutiló sus facultades jurisdiccionales en favor de la dictadura militar. Huelga decir que la verdad oficial que se mantiene hasta hoy, septiembre de 2013, no sólo agrede a mi persona y familia, sino que a la comunidad nacional y a la propia judicatura», critica la carta abierta.
Asimismo, Papi relata que, a 34 años de la muerte de su hijo «en circunstancias tan turbias y dolorosas, y sin poder acceder a un poder judicial que se hiciera cargo de buscar la verdad y hacer Justicia, quisiera hoy acceder, como bien usted dice ‘a esa Corte Suprema que le pertenece a todas y todos’ (según el comunicado difundido por el máximo tribunal)».
Por último, la mujer solicita a Ballesteros «su especial preocupación para llegar a la verdad y hacer justicia, y así poder cerrar este doloroso capítulo para las víctimas directas, las abuelas, hermanos, padres, la comunidad nacional y la humanidad toda».
A continuación lea el documento completo:
