Tribunal acoge presentación del Ministerio Público
Un fallo que representa un duro revés para el titular de la Superintendencia de Valores y Seguris, Fernando Coloma, quien se negó a entregar las formulaciones de cargos de Julio Ponce y otros tres ejecutivos argumentando que la decisión «busca mantener la reserva de la investigación».
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió a favor del Ministerio Público la controversia surgida con la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) tras su negativa de entrega de información en el denominado caso ‘Cascadas».
En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala del tribunal de alzada Patricio Villarroel, Jessica González y el abogado integrante Ángel Cruchaga, acogieron la presentación del organismo persecutor por la negativa a entregar datos de una investigación de la entidad fiscalizadora.
La resolución determina que la naturaleza reservada de las investigaciones que lleva a cargo la Superintendencia de Valores no impide la entrega de datos al Ministerio Público.
«Que la naturaleza de la información no es óbice para dar cumplimiento a lo solicitado desde que, el Ministerio Público, como se señala en el oficio de 30 de septiembre de 2013, dispone de los mecanismos para mantener en reserva antecedentes reunidos en la investigación, esto es, aquellos señalados en el artículo 182 del Código Procesal Penal y con tales medidas, se resguardan los fines del procedimiento y se garantizan los derechos de los intervinientes», dice el fallo.
Agrega que: «Atendido lo anterior, lo dispuesto en el artículo 19 inciso 3°del Código Procesal Penal , artículo 23 del DL 3538, de 1980 y Ley N°18.045, no obstante el deber de reserva, se accede a la petición del Ministerio Público formulada a fojas 13, precisada el oficio de requerimiento de fs. 6, en atención a ser el Ministerio Público el órgano persecutor penal exclusivo y ser la información requerida necesaria para el cumplimiento de sus fines, debiendo adoptar las medidas pertinentes para evitar la divulgación de los antecedentes en conformidad a las normas previstas en el Código Procesal Penal».
