Sobre el cuestionamiento que terminó con la salida de Claudia Peirano
A su juicio, en este caso no hubo dogmatismo al pedir a los funcionarios obediencia a un programa, ni prejuicio en examinar su trayectoria pública ni “nada ilegítimo en tener intereses cuando ellos están, como ha ocurrido en este caso, amparados en razones –buenas o malas, ya se verá– que se ofrecen al debate”.
El académico y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, estima que luego del episodio que provocó la salida de la nominada a la subsecretaría de Educación, Claudia Peirano, lo que debe primar ahora es “tomar en serio a los estudiantes y sus razones”, agregando que la única forma de hacerlo es discutirlas con ellos y demostrando que están equivocados.
En su habitual columna en El Mercurio, Peña sostiene que el reproche hacia el movimiento estudiantil en el sentido que habría actuado con una actitud dogmática, prejuiciosa o como una actuación de un grupo de interés, es errado.
Respecto a las críticas esgrimidas por Mariana Aylwin en torno a que se actuó con dogmatismo, el académico precisa que se confunden dos posiciones que son distintas en la esfera pública como es la del funcionario y la del ciudadano.
“Desde antiguo se distingue entre el empleo de la razón en calidad de funcionario y su uso en calidad de simple ciudadano. Los funcionarios tienen deberes que los ciudadanos no. Los funcionarios están cercados por los deberes del cargo y las promesas que se formularon cuando se aspiró al poder. Nada de eso ocurre con los ciudadanos que, incluso adhiriendo al gobierno, retienen plena libertad crítica. Ahora bien, en política se es funcionario, en cuyo caso se adhiere irrestrictamente al programa, o se es simple partidario, en cuyo caso se retiene la distancia crítica”, sostiene.
Por tal motivo, explica que en política no se puede aspirar “a pan y pedazo: abrigarse con las ventajas del funcionario y retener las libertades del simple ciudadano”.
También rechaza la posición asumida por el diputado y presidente del PS, Osvaldo Andrade, quien sugirió que hubo prejuicio al cuestionar a Peirano.
Peña menciona que “un prejuicio es una amalgama de convicciones poco fundadas, carentes de evidencia que las apoye. Es un error llamar prejuicio a un juicio formulado a la luz de la trayectoria pública de una persona. Algo así no es prejuicio. Andrade comete el obvio error de llamar prejuicio al resultado del simple escrutinio. De seguir su criterio, la única forma de evitar el prejuicio sería la mudez”.
En ese mismo sentido, también cuestiona que se haya catalogado a los estudiantes como un grupo de presión, ya que “describir una decisión como el resultado de las presiones de un grupo de interés, es propio de la economía neoclásica”.
“Lo que está detrás de ese diagnóstico es la idea que así como el mercado tiene fallas, el proceso político también. Una de esas fallas sería la vulnerabilidad frente a los grupos de interés que oscurecerían el discernimiento puramente técnico a la hora de tomar las decisiones”, afirma.
Y agrega que todos los grupos sociales, incluidos aquellos que detentan el saber técnico, tienen intereses como los propios estudiantes, los rectores de universidades, los sostenedores del sistema escolar, los profesores, los académicos universitarios, entre otros.
“Por eso no tiene demasiada importancia desde el punto de vista público decir que un grupo es de interés. No son los intereses que animan a las personas lo que permite discriminar qué es correcto y qué no, qué es atendible y qué debe ser desoído. Lo que importa son las razones que se dan y se esgrimen para legitimarlos. Para eso sirve el debate en medio de la democracia. Para distinguir, en base a razones, qué intereses merecen en cada caso el amparo y cuáles no. Y por eso él reposa sobre el hecho que los seres humanos (como recuerda Parfit en el que quizá sea el más importante libro de filosofía moral de los últimos cincuenta años) son animales capaces de dar y entender razones”, sostiene.
A su juicio, en el caso que afectó a Peirano no hubo dogmatismo al pedir a los funcionarios obediencia a un programa, ni prejuicio en examinar su trayectoria pública ni “nada ilegítimo en tener intereses cuando ellos están, como ha ocurrido en este caso, amparados en razones –buenas o malas, ya se verá– que se ofrecen al debate”.
Por tal motivo, Peña concluye con que “lo que cabe ahora entonces es, de una vez por todas, tomar en serio a los estudiantes y sus razones. Y la única manera de hacerlo es discutirlas con ellos y, llegado el caso, esforzarse en demostrar que no son buenas”.
