El extraño episodio ocurrió el viernes 5 de junio.
El Palacio de La Moneda, sede del Poder Ejecutivo de la República, nuevamente fue impactado desde el cielo.
Por suerte, esta vez no se trató de misiles disparados por dos Hawker Hunter, sino de un inusual accidente.
En la tarde del viernes 5 de junio, relata hoy El Mercurio, la Presidenta Bachelet promulga la Ley Ricarte Soto. Es una jornada tranquila para la guardia de Palacio. «Nada hacía presagiar» que la amenaza se cernía desde el cielo.
Esa misma mañana el ingeniero Matías Altamirano Allegro está en la azotea del edificio corporativo del Banco Santander, en calle Bandera, manejando un dron, el modelo Flare del fabricante South Africa Steady Drone.
Su objetivo: grabar imágenes de una grúa que opera en el sector.
De acuerdo a la versión del matutino, el primer vuelo concluye sin novedad. Sin embargo, el segundo pasa a la historia aeronáutica como «el primer accidente de un dron en Chile».
En el momento en que eleva su nave hasta los 40 metros una racha de viento le hace perder el control del aparato.
Jéssica Moya Alvear, sargento segundo de Carabineros, estaba ese día a cargo de la guardia de Palacio.
En su reporte, la uniformada consigna que escuchó un sonido que pasó por sobre su cabeza y enseguida un impacto en el arco detector de metales por el que pasan todos los visitantes.
Al acercarse descubrió que el objeto desconocido era un dron de color rojo y que el detector de metales sufrió daños en su pilar izquierdo, que se abolló y se descalibró.
Posteriormente, Altamirano llega a Palacio señalando que es el dueño del aparato y explica que perdió el control por culpa del viento.
La Dirección General de Aeronáutica Civil abre una investigación, cuyo informe final (el 1744AB) confirma la causa del accidente.
Un mes antes, la DGAC había emitido la primera norma chilena para drones. Altamirano no estaba acreditado como operador, el dron no tenía matrícula y el Código Aeronáutico prohíbe volar sobre La Moneda.
Por lo anterior, Altamirano se expone a sanciones que pueden llegar a una multa de hasta $120,5 millones.
