Actores destacan la falta de acuerdo sobre el proyecto ingresado al Congreso
La iniciativa anunciada en cadena nacional por la Presidenta Michelle Bachelet, pretendía revivir la postal tras el ingreso de la reforma post-Revolución Pingüina, esa en la que todos los parlamentarios de oficialismo y oposición celebraban con brazos en alto. Pero no lo ha logrado. A pesar de los intentos, ha sido calificada como una “reforma chanta” y un “proyecto paupérrimo”, tanto por los rectores como el mundo estudiantil. Por su parte, desde la oposición han señalado que “a todas luces parece ser el principal error del Gobierno”.
La tramitación de la Reforma a la Educación Superior parece tener un futuro bastante largo y pedregoso, esto debido al fuerte rechazo que ha despertado el principal proyecto del Gobierno de la Nueva Mayoría, que buscaba coronar un cambio profundo al criticado sistema de educación superior impuesto en dictadura.
La iniciativa –anunciada en cadena nacional por la Presidenta Michelle Bachelet– pretendía revivir la postal tras el ingreso de la reforma post-Revolución Pingüina, esa en la que todos los parlamentarios de oficialismo y oposición celebraban con brazos en alto, pero no ha logrado un apoyo transversal.
A pesar de los intentos, ha sido calificada como una “reforma chanta” y un “proyecto paupérrimo”, tanto por los rectores como por el mundo estudiantil. Por su parte, desde la oposición han señalado que “a todas luces parece ser el principal error del Gobierno”.
También el fuego amigo se ha desatado al interior de la Nueva Mayoría. El senador Ignacio Walker señaló a CNN que esta reforma consolida la premisa de que «la gratuidad universal 2020 no se cumplió y fue un error», mientras que, a dos días de ser ingresada a trámite, parlamentarios del PPD y de la DC pidieron que se aplazara por décima vez su entrada al Congreso.
Es ante este panorama que el proyecto –que consta de más de 170 páginas y establece las bases para una “nueva institucionalidad del sistema de educación superior”– parece contener “más nudos conflictivos que puntos de encuentro”, indican cercanos a la Nueva Mayoría. Mientras que desde el mundo estudiantil y la oposición aseguran que “este proyecto nació muerto”.
Las principales bases de desencuentro están en los ejes de financiamiento a las instituciones y a la gratuidad, la ausencia de penalización del lucro, las modificaciones a las formas de acceso, el trato a las instituciones estatales y la permanencia del Crédito con Aval del Estado, “en fin, parece ser que todo el proyecto genera conflicto”, bromean desde el Parlamento.
«La gratuidad universal va a llegar cuando crezcamos como China o Japón», esa fue la frase con que el vocero de la Confech, Carlos Vergara, caracterizó el formato que define la reforma para financiar la gratuidad. Esto, debido a que el texto señala que la recaudación fiscal debe alcanzar al menos a un 29,5% del PIB tendencial del país para que se logre financiar a la totalidad de los deciles.
El también vocero Confech, Gabriel Iturra, indica que la reforma “no asegura una gratuidad universal para todos, sino más bien una escalonada y ‘en la medida de lo posible’, por lo tanto, mantiene y deja fuera del sistema de educación superior a muchos estudiantes que van a tener que seguir en instituciones que son de dudosa calidad”.
Sumado a esto, otros actores criticaron que la actual reforma tributaria no alcanzara para financiar la reforma, pero el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, descartó que se hiciera una nueva a nivel tributario. Por su parte, la ministra Adriana Delpiano señaló que el financiamiento para los otros deciles dependerá de “los siguientes gobiernos”. Situación, que según el Iturra, “responde a la poca planificación y elaboración del Gobierno, que no tiene un cálculo de cuánto va a costar la gratuidad universal”.
Otro nudo conflictivo en materia de financiamiento parece ser la disputa por mantener tanto aportes fiscales tanto directos como indirectos. La reforma establece que se derogará el “aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior”, fijado en 1981, pero que “sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, las instituciones de educación superior que el año 2016 tengan estudiantes matriculados en el primer año de estudios, que se encuentren entre los primeros 27.500 puntajes PSU, recibirán el 2017 el aporte establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público”.
De esta forma se daría salida a una demanda levantada hace más de 25 años, según indica el ex asesor del Mineduc y actuar director de “Cátedra Unesco de inclusión a la educación superior universitaria”, Francisco Javier Gil. “El AFI es el primer elemento que puso a la educación en medio de la discusión presupuestaria, que introduce al mercado en el sistema”. Por otra parte, Iturra señala que si el Movimiento Estudiantil se remite a las demandas históricas de una educación “pública, gratuita y de calidad”, esta reforma “no es pública porque no hay un financiamiento directo -basal- a las instituciones públicas del Estado”, lo que significaría que la gratuidad mantiene la lógica del voucher, por lo tanto, “sobre la base del financiamiento de la demanda”.
Una última crítica en el aspecto del financiamiento y que parece haber pasado inadvertida entre tanta información circulante, fue la ausencia del “informe financiero” a la hora de ingresar la reforma, un hecho calificado como muestra de “la improvisación y la desprolijidad del Gobierno”, indicó la diputada UDI, María José Hoffmann.
Durante los casi tres años de preparación de la reforma, los miembros del Consejo de Rectores (Cruch), en específico los de instituciones estatales, agrupados en el Cuech, parecieron ser uno de los principales aliados, entre los actores estratégicos para el Mineduc.
Es en función de este proceso que a principios del Gobierno de Michelle Bachelet se podía observar a los rectores con un ánimo de expectación y espera a lo que el Mineduc podía elaborar en el proyecto, pero la manzana de la discordia fue el proceso de gratuidad del año 2015, cuando se planteó la posibilidad de que algunas IES estatales quedaran fuera del proceso. Ahora, tras el ingreso del proyecto, los rectores demandan los compromisos adquiridos: un trato especial para las instituciones del Estado.
“Las universidades estatales deben recibir lo que les corresponde”, aseveró el rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, trato que implicaría “asegurar una ampliación de la matrícula del actual 15% a un 40% en los próximos 20 años y recursos para infraestructura y equipamiento”, agregó.
Pero el nudo más conflictivo para la tramitación respecto a este tema, señalan cercanos a la Nueva Mayoría, no es la solicitud de los rectores –a la que el Mineduc se abrió a incluir por medio de indicaciones posteriores a la reforma, lo que habría sido rechazado por los rectores–, la principal preocupación para el Gobierno sería el hecho de que una gran cantidad de parlamentarios de la Nueva Mayoría, entre ellos los senadores Carlos Montes, Carolina Goic, Andrés Zaldívar, Isabel Allende, junto a 21 diputados, entre los cuales se cuentan Camila Vallejo, Karol Cariola y Giorgio Jackson, decidieron firmar una declaración pública en apoyo a los rectores del Cuech, al día siguiente de que ingresado el proyecto, documento que tiene como objetivo que haya un “reconocimiento al rol de las universidades del Estado, en la reforma”.
Dicha posición abre fuego amigo, pues la diputada del PC, Camila Vallejo, señaló en una conferencia –tras reunirse con los rectores– que se ha levantado una falsa dicotomía entre el avance “en gratuidad rápidamente” o en el “crecimiento de las estatales, pero las dos juntas no se puede, y eso es un problema”. Por su parte, la diputada Cristina Girardi (PPD) agregó que “las instituciones estatales se tienen que fortalecer y eso es en lo que tiene primera responsabilidad el Estado. Acá tenemos que tomar una decisión y no ser ambiguos: las universidades estatales primero”.
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El Crédito con Aval del Estado (CAE), parece ser otro dolor de cabeza que acompañará a la tramitación de esta reforma, ya que la oposición a que este sistema de crédito se mantenga toma un tinte transversal, al punto que hasta la ministra Delpiano señaló que “no se descarta cambiar los instrumentos” de ayudas estudiantiles, pero lo que no aclaró –señalan desde la Confech– es que en el proyecto se establece que las becas y créditos existentes se mantendrán hasta que se alcance la gratuidad universal, lo que dependería de los gobiernos venideros.
Es más, en el texto no se hace referencia explícita al “Crédito con Aval del Estado”, lo que ha desatado la molestia, tanto entre los rectores –que han señalado que el sistema del CAE ha transformado al Estado en una simple “caja pagadora a los privados” y los bancos– como también en los estudiantes endeudados que demandan la derogación de este crédito y la absolución de las deudas estudiantiles.
Según Gabriel Iturra, existen “intereses creados con el CAE. Es un sinsentido tener un sistema de financiamiento de la educación superior en base al préstamo, además no entendemos cómo vamos a tener un régimen de transición que durará entre 20 y 25 años y se va a seguir financiando directamente a la banca privada”.
Un estudio de Fundación Sol señala que entre el 2006 y el 2015 la banca ha aprobado CAEs por un monto equivalente a 134,2 millones de UF, lo que significa que los más de 600 mil estudiantes endeudados con dicho crédito deben al menos $3,44 billones sin interés. Por su parte, el fisco ha pagado 79,78 millones de UF a los bancos, correspondientes a la compra de carteras de créditos y al sobreprecio cobrado por estas instituciones. A juicio de los dirigentes estudiantiles son estas cifras las que preocupan.
Para el ex asesor del Mineduc, Francisco Javier Gil, el problema con el CAE reside en su asignación y el rol que juega la banca privada. Según el experto, en las universidades privadas “la lógica ha sido traer estudiantes que tengan AFI y que tengan CAE, pero el 50% de dichos estudiantes jamás se titulan”. Por lo tanto, el problema estriba en que “se colocan las becas y el CAE al servicio del mercado y no al servicio de lo académico”.
“Al sacar a los bancos del sistema del CAE y al entregárselo a las universidades o al Ministerio el panorama va a cambiar. Nosotros (Unesco) creemos en una gratuidad responsable, debiéramos revisar cómo se están asignando los fondos del CAE y de las becas, hoy el Estado podría reasignar cerca de US$780 millones que son malgastados”, agrega Gil, quien asegura que “como universidad quizás somos malos cobradores, pero somos muy buenos en entregar créditos a las personas que se lo merecen”.
Finalmente, para el sector privado de las universidades, el CAE parece no ser un sistema que necesite ser erradicado, es más, aseguran que este ha sido demonizado y que no es “una mochila impagable”. “Resulta incomprensible que se continúe afirmando que el CAE, en su formulación actual, genera una ‘mochila impagable’ de deudas. En realidad, es un mecanismo progresivo, en el sentido que pagan más quienes ganan más”, escribió el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, ex ministro del primer Gobierno de Michelle Bachelet y militante de la DC.
“Si bien se mantiene una discriminación sin justificación con quienes se matriculan en universidades privadas, el CAE ya no es un crédito “impagable”, sino una buena alternativa de financiamiento de la gran mayoría de los estudiantes chilenos. Es posible mejorarlo, pero sería un grave error eliminarlo”, agregó.
Los lienzos pintados con “No al Lucro” se impusieron durante las manifestaciones del 2011. De esta forma pasó de ser un concepto abstracto, escrito en la ley de educación redactada en la dictadura de Augusto Pinochet, a tomar una gran relevancia social y redundó en darle cuerpo a la idea del “negocio de las universidades”.
Por eso la búsqueda de su penalización era uno de los objetivos trazados por el Movimiento Estudiantil, también por eso dos proyectos que buscaban perseguir con cárcel a quien lucrara en la educación superior duermen en el Congreso y una indicación parlamentaria, impulsada por la diputada Camila Vallejo este año 2016, buscó poner presión para que esto fuera incluido en el proyecto final.
Según la ministra Delpiano, el proyecto actual cuenta con los mecanismos necesarios para perseguir el lucro en la educación superior. La creación de una Superintendencia de Educación, que reglamente y fiscalice a las instituciones de derecho privado, que tiene la potestad de actuar por “oficio o ante una denuncia” de lucro es suficiente como marco normativo.
El título V de la Reforma a la Educación Superior establece las regulaciones y prohibiciones para las instituciones de derecho privado. De acuerdo al artículo 126, dichas instituciones “tienen la obligación de destinar sus recursos y de reinvertir los excedentes o ganancias que generen” y determina como una acción gravísima los “actos, convenciones u operaciones” fuera de este marco.
Agrega que el que administre “a cualquier título los recursos o excedentes de la institución de educación superior, los sustraiga o destine a una finalidad diferente a lo señalado estará obligado a reintegrarlos a la institución”, además será sancionado “con una multa del 50% de la suma sustraída o desviada”. En el caso en que esto no sea pagado o que los recursos sean sacados desde la misma institución, la Superintendencia “deberá denunciar al Ministerio Público los hechos de los que tome conocimiento para los fines correspondientes”.
Esta acción, según declaraciones de la ministra de Educación, será bajo el precepto de “apropiación indebida”, en este caso, de recursos que debiesen ser invertidos en la misma institución educacional.
Desde las instituciones privadas han sido enfáticos en señalar que hay una persecución a sus instituciones bajo la consigna del lucro. Hace unos meses el rector de la Universidad Andrés Bello, José Rodríguez, dijo en una entrevista a El Mostrador, que “creo que lo hemos repetido en más de una oportunidad y creo también que ha hecho mucho daño a esta universidad y al sistema privado en general. Ni la UNAB lucra ni Laureate lucra con la UNAB. Hemos respetado la Ley y lo seguiremos haciendo”. Fuentes cercanas al mundo privado señalan que “la discusión sobre el lucro está resuelta con el proyecto, más medidas sería un ensañamiento por demonizar instituciones que brindan un importante servicio al país”.
Son varias las críticas que se quedan en el tintero, entre ellas la “continuación de una mirada discriminadora hacia la educación técnico profesional”, el peligro de poner en “riesgo la autonomía y diversidad de proyectos educativos” sobre la base de un “control y captura por la vía del financiamiento de las instituciones”, sumado a una “extrema regulación”, de la mano de la nueva institucionalidad “que debe determinarlo todo desde el Mineduc: precios, cantidad de estudiantes, forma de acceso, estándares para acreditar instituciones y carreras, marco de cualificaciones que indica qué contenido debe tener cada carrera”, lo que de una u otra forma terminaría eliminando la premisa inicial del proyecto, que es la “provisión de un sistema mixto”, aseguran desde la oposición.
Pero una de las principales críticas es la falta de conducción del proceso de Reforma a la Educación Superior. «Llama la atención que después de dos años de trabajo finalmente lo que se haya presentado ha generado más bien divisiones y rechazo y no un entusiasmo», señaló el ex ministro concertacionista José Joaquín Brunner a Canal 24 Horas.
Línea que apoya el diputado UDI Jaime Bellolio, miembro de la Comisión de Educación: “El Gobierno solamente busca la confrontación, porque aquí lo que quiere es más bien una reforma electoral y no una reforma educacional”, afirmó. Por su parte, el dirigente Confech, Gabriel Iturra, señaló que “no puede ser que cause tal nivel de rechazo. Este proyecto es la materialización de la mentira de la Nueva Mayoría”.
“El Gobierno se está jugando el capital político de la Nueva Mayoría, si esta reforma fracasa también lo hace el proyecto de la Nueva Mayoría”, sentenció el dirigente estudiantil.
